Por: Josefina Real
Martes 8 de septiembre de 2026.- Hortensia Noroña, presidenta de la Fundación Colosio del PRI Jalisco, advirtió que en la entidad no existen políticas públicas encaminadas a evitar las desapariciones y el reclutamiento de personas.
Durante una rueda de prensa, la priista subrayó que esta deficiencia se agrava al no visibilizarse el delito de reclutamiento forzado, ya que, en el marco legal actual, toda la carga y sanción recae sobre el menor de edad que termina siendo cooptado o retenido, en lugar de castigar directamente a quienes los integran al crimen organizado.
Explicó que existe un reclutamiento silencioso en el que niñas, niños y adolescentes son sumados de forma progresiva a las filas delictivas, sin que las autoridades brinden acciones de prevención. La única acción visible son los operativos en las centrales de autobuses.
“No hay o, hasta el día de hoy, que yo lo sepa, una política clara para evitarlo […] No podemos seguir permitiendo que el niño sea juzgado como adulto cada vez a una edad más corta; tenemos que decirle al adulto: con los niños en Jalisco no te puedes meter”, aseveró Hortensia Noroña.
La representante partidista insistió en la necesidad de tipificar el delito de reclutamiento de manera específica en el ordenamiento penal del estado, para dar con los responsables y garantizar esquemas reales de reinserción social que eviten que los jóvenes vuelvan a ser víctimas de este fenómeno.
El Congreso del Estado de Jalisco aprobó la semana pasada la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, además de realizar reformas al Código Penal local para tipificar el reclutamiento criminal.
La iniciativa fue presentada en la legislatura pasada por Hortensia Noroña y fue la diputada por MC, Mónica Magaña, de la actual legislatura, quien la retomó.
Con esta legislación, se establecen penas de cinco a 15 años de prisión para quienes coopten e integren a personas a grupos delictivos, las cuales se incrementarán hasta en una tercera parte cuando las víctimas sean menores de edad.
Asimismo, el marco legal aprobado contempla el reconocimiento explícito de los menores de edad como víctimas y no como criminales, y mandata a la Fiscalía del Estado a implementar protocolos especializados de atención con personal capacitado.
