Un tema soslayado aunque no de menor importancia en la vida de una sociedad y de la democracia, que debiera estar de manera permanente en observación y discusión de la ciudadanía, es el gasto en campañas.

Es asunto que merece ser revisado desde todos los ángulos, puesto que se ha convertido en un elemento corruptor de la democracia y de la administración pública, rompiendo todas las barreras morales, no solamente de quienes participan como actores de las campañas, sino de distintos sectores de la sociedad, que pervierten políticas públicas, aplicación presupuestal, procesos de adquisiciones y la obra pública.

El elemento disruptivo que corona la degradación, es la participación de la delincuencia organizada en el financiamiento de las campañas, lo que entre otros efectos, convierte la seguridad pública en objeto de manipulación para sus intereses, contrarios desde luego a los de la sociedad.

El asunto tiene dos ángulos, los ingresos en las campañas y su aplicación. Si por naturaleza la función pública tiene una tendencia hacia la descomposición, la competencia electoral le agrega un factor de mayor presión a la débil condición moral de los grupos de interés y de quienes pretenden lograr posiciones de representación a cualquier costo, aun de procesos amañados.

El asunto se distorsiona desde los compromisos que adquieren los candidatos, que al administrar deben entregar cuotas de poder y de administración, violentando por necesidad la función primaria del estado de brindar servicios con eficiencia. Y aquí hablamos solamente del financiamiento y sus efectos directos e  inmediatos, puesto que en paralelo corren otros fenómenos corruptivos de la administración y de los procesos electorales.

Es natural que ante una economía estancada que no genera oportunidades de desarrollo personal, la necesidad lleve a muchas personas a buscar ingresos en la administración pública, lo que obliga a los candidatos a establecer compromisos a costa de la operación administrativa. Plantillas de personal heredadas a siguientes administraciones que fomentan severa distorsión por la cantidad de servidores públicos, ubicados además en áreas ajenas a su perfil y que presentan severa dificultad para realizar ajustes de personal por el alto costo para las finanzas públicas.

En el tema del gasto en campañas observamos que generalmente se aplica en dádivas y en el cultivo de los potenciales electores y sus liderazgos, lo que lo convierte en un disfraz de compra del voto. Condición de gasto viciada a costa de  procesos democráticos sanos.

La perversión en Jalisco viene de décadas, destacadamente de las elecciones de 1982 y 1985. En esas elecciones se presentó tanto en el gasto de campañas como en su operación, elementos que violentaron los resultados. Como consecuencia el titular de la institución electoral, obligó al futuro gobernador entre otros chantajes, a proteger manipulaciones legales que le permitieran con sus socios, apoderarse de terrenos ajenos en el entorno de la entonces Nueva Central Camionera. En ese caso como en muchos otros, la contaminación abarcó no solamente las candidaturas, sino a la propia administración que surgió de ellos.

En 1995 el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dio a conocer a los medios la deuda de la campaña para el gobierno del estado, habló del equivalente a 12 millones de dólares, lo que a precios actuales serían doscientos cuarenta millones de pesos. La población del estado era de poco menos de seis millones de habitantes, en tanto que ahora es de más de ocho millones.

La Ley Electoral establece mediante una fórmula el tope de gasto de campañas, mismo que es una simulación  al ser violentado por partidos y candidatos con marrullerías, asunto que por lo demás pareciera no preocupar a nadie. Menos probable aún será que  podamos conocer el origen del dinero, con el manejo discrecional y complaciente de las fiscalías encargadas de investigar los procesos electorales.

Es difícil aventurar cantidades puesto que los criterios de inversión y gasto varían de un partido a otro y entre los propios candidatos, en razón de las condiciones y estrategias de campaña, sin embargo quienes participan hablan de un promedio de diez millones de pesos por cada 500 mil habitantes. Así en Tlajomulco aplicaría el partido en el poder en la elección de 2018 un gasto de más de 10 millones, con un techo aprobado de apenas 1.5 millones de pesos,  en Zapopan por su parte  habría gastado 25 millones, con un techo de 4.8 millones y en Guadalajara 30 millones, con techo de 6 millones de pesos. Una campaña para gobernador con tope de 28.5 millones, no sería menor a los doscientos millones de pesos.

Es difícil y complejo establecer de dónde obtienen los recursos quienes logran un triunfo electoral. Por las decisiones de la consecuente administración, suponemos que los desarrolladores inmobiliarios son importantes patrocinadores de campañas, puesto que no tienen restricción en la creación de nuevos desarrollos. También es sospechosa la intención de hacer obra pública, de la que son beneficiadas constructoras afines a la administración. O bien la constante queja de quienes proveen de insumos y servicios de ser obligados a pagar gravosos porcentajes por venta.

Aún más grave y denigrante es el comportamiento en el tema de seguridad pública, en el que se nombran directores y mandos que responden a los intereses de los líderes de la delincuencia organizada. En tanto la población se mantiene secuestrada y agredida por la impunidad de los perpetradores.

Los gobiernos sin escrúpulos son producto sin duda de procesos democráticos viciados. Es evidente que para lograr una democracia plena, y desde luego administraciones eficientes, se debe iniciar por la vigilancia y supervisión estricta del dinero en las campañas. Tema común en todas las sociedades, pero que en la nuestra se manifiesta con mayor descaro, en tanto unos cuantos personajes sin escrúpulos se benefician.

 

 

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