Jorge Meléndez Preciado

Finalmente fueron en 30 capitales de los estados y en 65 localidades de la República Mexicana donde se manifestaron periodistas y ciudadanos en contra del asesinato de informadores. En la Ciudad de México, incluso asistieron algunos directivos de medios, los cuales han ido recortando salarios y despidiendo y recontratado a sus empleados para que no puedan demandar lo que por ley les corresponde.
En algunas ciudades del extranjero, como Barcelona y París, también salieron a solidarizarse grupos pequeños, aunque muy significativos para exigir detener la matanza.
Según Artículo 19, en la administración de Andrés López Obrador han acallado a 28 periodistas, y los últimos tres son José Luis Gamboa, Margarito Márquez y María de Lourdes Mendoza.
Para el encargado del Mecanismo de Protección a Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos, del 40 al 50 por ciento de homicidios de compañeros son por parte de las autoridades municipales y el 30 por ciento es de narcotraficantes. Pero no hay que olvidar: muchos de los policías estatales y comunitarios están en las nóminas de los malosos, quienes son los que en realidad dan las órdenes en casi todos los sitios ya que los salarios de los gendarmes son muy reducidos.
Además, hasta policías judiciales son informantes y/o participan en los delitos mayores, por lo que si no hay un saneamiento en estos grupos que supuestamente protegen a la sociedad, nada cambiará.
Andrés Manuel le indicó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, que realizara reuniones con las diversas autoridades de los estados para una colaboración más estrecha y evitar tantos homicidios.
Dicha gira ya la tenía planeada Encinas. La inició en la Ciudad de México, donde la asistencia de periodistas fue muy escaza, ya que únicamente llegaron unos cuantos, aunque hubo mayor presencia de medios y organismos internacionales, según Rogelio Hernández en: Eje Central (24 de enero).
La segunda parte fue en Chihuahua, donde estuvo la gobernadora Maru Campos, quien está peleada a muerte con su antecesor, Javier Corral.
Recordemos que en dicha entidad asesinaron a Miroslava Brech Salvidea. Si bien detuvieron a unos individuos que llevaron a cabo el crimen, Hugo Sánchez, ex alcalde de Chinipas, aceptó la responsabilidad de estar involucrado en el homicidio.
Pero, además, hay otros panistas a los cuales no se les ha investigado y han sido señalados por los habitantes del estado norteño. Otra muestra que únicamente se detiene a los más vulnerables y quedan impunes los autores intelectuales, como han sido los casos desde siempre. El asunto más notorio es el de Manuel Buendía.
Por cierto, con justa razón la compañera: Sonia de Anda, que forma parte del Mecanismo Estatal de Protección Periodistas en Baja California, reclamó al subsecretario Encinas por no incluir a dicha entidad en una de los ocho encuentros programados. Más después de lo ocurrido con Márquez y Lourdes Maldonado.
Para Alejandro Encinas, hay 90 por ciento de casos de impunidad- aunque organizaciones nacionales e internacionales hablan que es de 97 por ciento-, y el funcionario hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y la detención de los responsables de los 138 homicidios habidos desde el año 2000, al decir de Artículo 19.
Esta organización, por cierto, hizo un pronunciamiento que se distribuyó nacional e internacionalmente, acerca de los tres asesinatos de compañeros este primer mes de 2022.
Se trata que ahora, en serio, se haga efectiva la parte preventiva y la impartición de justicia, que es lo necesario.
Pero no dará eficacia plena si se deja de lado la colaboración, apoyo y reclamos de los periodistas, ya que en las diferentes instituciones que supuestamente los deben defender, están en franca minoría y su voz es ocasionalmente escuchada en asuntos complicados.
Mientras los funcionarios sean los que manejen el dinero y la ejecución, poco cambiará. Más si incluso hay recortes de presupuesto muy severos.

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