Guadalajara, Jalisco.- De acuerdo con la Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, el Pacto Federal, que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y otros miembros de la Alianza Federalista buscan abandonar, se entiende como un acuerdo “para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación (estados)”.
Según esta descripción, el Pacto Federal está constituido para el común avance y “nunca para perpetuar contrastes y rezagos”, por lo que, más allá del aporte económico que cada estado del país brinda al gobierno federal o al país en sí, la distribución de bienes no siempre es equitativa.
“Ello exige avanzar a un federalismo que sea un eficaz instrumento de redistribución de los recursos y las oportunidades. Este Plan reconoce que todos los órdenes de gobierno, las entidades federativas y los órganos del Gobierno Federal deben asumir corresponsablemente los programas y acciones para equilibrar recursos y oportunidades, a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y entre los municipios”, se lee en la documentación brindada por la citad dirección.
La adhesión de Jalisco al Pacto Federal debe ser voluntaria, y en el caso de Jalisco se remonta a 1979. De acuerdo con especialistas consultados por este medio de comunicación, quienes pidieron guardar el anonimato, para ingresar o salir de éste, es necesaria la aprobación del Congreso estatal, que para este trienio cuenta con mayoría de Movimiento Ciudadano, partido con el cual Alfaro Ramírez logró la gubernatura.
En este sentido, el mandatario estatal informó que ─a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador─ se preguntará a la ciudadanía si el estado debe permanecer o no dentro del Pacto Federal, que él considera “una relación abusiva… en que Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe a cambio son malos tratos, groserías y desdenes”.
De abandonar el acuerdo federal, coinciden los expertos, Jalisco tendría que reajustar su presupuesto, además de crear más impuestos estatales, lo cual se traduce en una doble tributación. Es decir, una carga fiscal excesiva para los habitantes.
Esto porque, en términos presupuestales, bajo el Pacto Federal, el gobierno mexicano otorga más de lo que recibe por la vía estatal. Por ejemplo, según cifras de la cuenta pública obtenidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 la Federación dio a Jalisco alrededor del 90% de su presupuesto, mediante participaciones y aportaciones.
En contraparte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) ha hecho también un llamado a la Federación para actualizar el régimen fiscal, ya que el actual “genera un escenario complicado para las entidades federativas, ya que tienen poca autonomía fiscal, alta dependencia de las transferencias federales y baja recaudación”.
“Ante este escenario es necesario otorgar una participación más relevante a los gobiernos estatales y concebir criterios de competencia y reglas de operación que mejoren la rendición de cuentas y gobernanza de los recursos públicos. Es necesario que las entidades federativas comiencen a recaudar más y de mejor forma”, expuso el Imco en su reporte Hablemos de ingresos en los estados, en febrero.
También apuntó que una de las formas de negociar un Pacto Federal más viable es la reducción del impuesto a la nómina, que actualmente representa el gravamen de mayor importancia para las entidades federativa, pues podría aumentar la formalidad y, a menor informalidad laboral, mayor recaudación.
Finalmente, consideró óptimo fomentar impuestos que demuestren ser progresivos (a mayores ingresos, mayor tasa).
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