Guadalajara, Jalisco.- Por la situación legal del caso, el gobernador Enrique Alfaro debería abstenerse de negociar la compraventa de la Villa Panamericana, considera Carlos Aldana Ortíz, abogado de los vecinos de Rancho Contento, que impugnaron la construcción de la Villa Panamericana.

Por dicho motivo, Aldana Ortíz promovió ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) un incidente de violación a la suspensión concedida por la autoridad judicial para que el complejo que albergó a los atletas en la justa deportiva de 2011 no pueda ser comercializado ni obtenga el certificado de habitabilidad por parte de la autoridad municipal de Zapopan.

Poco antes de las 17:00 horas de ayer lunes, el también presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Parlamento de Colonias entregó en la Oficialía de Partes del tribunal el recurso legal para denunciar como hecho “público y conocido” que el gobierno del estado pactó con una empresa la venta del inmueble, con lo que estaría violando la medida cautelar (para que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran hasta que haya sentencia en firme). Se trata del expediente 67/2011 y su acumulado 82/2011.

“Una vez concedida la suspensión, las autoridades deben cumplir con ella, hasta en tanto no cauce estado la sentencia definitiva”, remarcó el abogado.

Los colonos de Rancho Contento esperan que se dicte la nulidad de las licencias otorgadas indebidamente en la administración del panista Juan Sánchez Aldana al frente de Zapopan (2007-2009) y se proceda a la demolición de la villa.

Aldana Ortíz explicó a Partidero que técnicamente son tres incidentes los presentados por los juicios que se ventilan en el TJA (anteriormente Tribunal de lo Administrativo del Estado) donde se han evidenciado las violaciones a las normas en materia de desarrollo urbano y ecológicas, así como el proceder ilegal del gobierno estatal, al financiar el proyecto con recursos de los trabajadores (del fondo de Pensiones del Estado, ahora Ipejal, y del Instituto promotor de la vivienda, actualmente Ijalvi).

Para los servicios de mantenimiento y seguridad del complejo, que solo se usó por los atletas panamericanos, se creó un fideicomiso con fondos públicos por 67 millones de pesos, pero bajo la administración de un particular, lo que es motivo de otro juicio promovido por la agrupación Conciencia Cívica.

El Diario NTR dio a conocer que el ejecutivo estatal pactó con la empresa Green Life Capital SAPI SA de CV la adquisición del inmueble panamericano por mil 500 millones de pesos para uso habitacional. El monto se pagaría en cuatro años con la transferencia de mil 5 millones para el Ijalvi y 495 para el Ipejal.

El Instituto de Pensiones hizo público su beneplácito por encontrar salida al problema con la venta del complejo ya que podría recuperar el dinero de los trabajadores.

“Para el Ipejal, la prioridad es asegurar el patrimonio de los trabajadores del Estado”, externó en un comunicado.

Para saber

En 2015, en conjunto con otros organismos ciudadanos, los vecinos inconformes con la construcción de la Villa Panamericana en El Bajío presentaron denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de fraude, desvío de recursos, cohecho y abuso de autoridad, entre otros.

Por el estancamiento de la averiguación previa apelaron a la justicia federal a fin de que la Fiscalía desahogue las diligencias del caso. Se presentaron cinco amparos.

Los amparos promovidos se ventilan en el Juzgado Primero de Distrito (1514/2017, 1539/2017, 1578/2017 1418/2017 y 1602/2017) y todos son con respecto a la Averiguación Previa 3791/2015, de la agencia 13.

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