Las urgencias y compromisos de corto plazo –intereses políticos y económicos coyunturales– son las que impiden que la mayoría de los presuntos servidores públicos puedan ver más lejos, a mayor distancia, para la construcción de futuros trascendentes que cambien para bien la realidad en beneficio de la gente. Por eso, cada seis años se tienen que reconstruir los estados y la República.

Atados a la rentabilidad electoral, los políticos se esmeran sólo por la próxima siembra y no por los ciclos de cultivos que consoliden el porvenir.

Además, suelen centrar su interés en acciones aisladas, que no resuelven de fondo los problemas, porque la temporalidad define sus afanes y cumplen su responsabilidad sólo en una parte del proceso.

Así sucede en Jalisco y en el país con algunos asuntos esenciales que tendrían que analizarse juntos, de manera global, y establecer estrategias que corrijan severas distorsiones que se arrastran desde hace muchas décadas.

Estos serían los casos de la labor preventiva de las policías, federal, estatales y municipales; la investigación de los delitos y la persecución y captura de delincuentes; la sólida capacitación a policías investigadores y agentes del Ministerio Público, para una mejor procuración de justicia, así como el fortalecimiento de instituciones de carácter científico en los ámbitos forense y pericial.

Y, por supuesto, la depuración de los espacios donde se administra justicia: personal de juzgados, jueces, magistrados y ministros, para que el otorgamiento de ese bien social superior sea ágil, profesional, honrado y generoso, suministrado con las mismas bondades a todas las personas, sin distingo de posición social, económica o política.

El pasado jueves 9 de mayo del 2019 el gobernador de Jalisco se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien, dijo, entregó los detalles de una amplia red de corrupción en la que participarían jueces y magistrados de nuestra entidad, así como funcionarios de todos los niveles del Ejecutivo, del Legislativo, despachos de abogados y hasta organizaciones de la sociedad civil que se ostentan como representantes de causas nobles.

“Es la descomposición total. No estamos hablando de un problema, de un caso de corrupción, estamos hablando de una historia de complicidades que hoy lo que hicieron fue defenestrar el Poder Judicial. Es titánica la tarea”, afirmó.

Preguntas obligadas al gobernador Alfaro Ramírez: ¿Y cuándo pondrá a disposición de todos los jaliscienses, en la plataforma oficial de internet su gobierno, la información sobre esas redes y los nombres de todos y cada uno de los personajes presumiblemente involucrados? ¿Cuándo informará a la sociedad jalisciense sobre las denuncias penales concretas, específicas –con presuntos delitos muy determinados– que ya ha formulado o formulará ante la Fiscalía General del Estado, para que investigue y ponga a disposición de la justicia a todos los corruptos? ¿Cuándo los desnudará, uno por uno, para que, en principio, sea la censura y el repudio público el primero de, esperemos, muchos otros castigos?

El combate a la corrupción, a las complicidades e ineficiencias, debe darse, de manera simultánea, en muchos frentes. Debe ir más allá de los discursos supuestamente indignados y definir toda una ruta institucional que trascienda incluso al actual gobierno, para construir, en forma ordenada pero firme, los caminos jurídicos que conduzcan a una nueva y mejor realidad, que vincule en una relación honrada, de confianza y colaboración, a servidores públicos y ciudadanos.

 

CIENCIA

Hasta la mañana de este sábado 11 de mayo del 2019, la Fiscalía General de Jalisco había localizado los restos de al menos 35 personas en tres fincas que son cateadas actualmente por las autoridades. La más relevante es la ubicada en la colonia El Campanario, informó el titular de la dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez. “En el último de los cateos (…) en el que hemos estado trabajando intensamente (…) han sido localizados 27 cuerpos de personas que en su momento fueron privadas de su libertad” (El Informador, sábado 11 de mayo del 2019).

Ayer domingo 12 de mayo del 2019, Mural actualizó el dato: “Hasta la tarde de este domingo, de la finca asegurada en la Colonia El Campanario, en Zapopan, la Fiscalía del Estado había extraído otros 3 cadáveres. Estos se suman a los 27 que habían localizado ya ahí, según informó el Fiscal del Estado Gerardo Octavio Solís Gómez el pasado sábado, por lo que ya son 30 víctimas exhumadas de ese domicilio”.

Sumaban 38 cuerpos inhumados clandestinamente en tres fincas cateadas la semana pasada por personal de la Fiscalía de Jalisco.

Para llegar al fondo en la investigación de estos delicados asuntos, que en Jalisco son recurrentes, se requiere apoyo científico.

De acuerdo con los Anuarios Estadísticos de Educación Superior, citados este domingo 12 de mayo del 2019 en nota publicada por Mural, en Jalisco el incremento de estudiantes de criminalística y criminología ha sido de 30 por ciento en los últimos tres ciclos escolares.

Matriculados en licenciatura Matriculados en posgrados
2014-2015 1,795 176
2015-2016 2,076 203
2016-2017 2,274 217
2017-2018 2,400 165

 

Sin embargo, aunque se requieren con urgencia sus conocimientos, será difícil que encuentren trabajo: hasta mayo del 2019, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tienen 525 plazas, pero éstas se han abierto a cuentagotas, pues en 9 años la plantilla sólo ha crecido 11%.

En septiembre del 2018 el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) le envió a la organización no gubernamental SOS México Capítulo Jalisco, un diagnóstico en el que lamentaba sus precariedades.

Entre otras, el IJCF debería tener 170 peritos adicionales a los 323 con los que contaba y al área que más le urgía era a Criminalística de Campo, donde había 12, pero deberían ser 42. Ellos levantan cadáveres, recolectan indicios y reconstruyen hechos criminales en una escena, y luego deben comparecer a defender los casos ante un juez, lo que a veces hacen en su día de descanso.

 

JUSTICIA PENAL

Las reformas a la Constitución Política del país que dieron origen al nuevo sistema penal acusatorio y oral, que privilegia la presunción de inocencia, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 18 de junio del 2008. Entraron en vigor, en todo el país, el 19 de junio del 2016.

En Jalisco transcurrieron cinco años (2008-2013) de la administración del panista Emilio González Márquez y tres de la del mandatario priista (2013-2016) Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en los que no se capacitó adecuadamente a personal de policías preventivas, procuraduría y Poder Judicial.

Igual sucedió con los gobiernos federales del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en el periodo 2008-2012 y de Enrique Peña Nieto, entre 2012-2016.

En esos ocho largos años desperdiciados, nunca estuvo claro hacia donde caminaría el nuevo sistema de justicia penal. Pero sí sobraron excusas y justificaciones.

A un año de que empezara a operar en Jalisco el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el doctor en derecho Marco Antonio González Mora, secretario de la División de Estudios Jurídicos  del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, recordó que el sistema (que incluye tanto juicios orales como métodos alternos de resolución de conflictos) se encontraba en proceso de transición, y que en países sudamericanos había tardado una década para dar resultados.

En nota publicada por el reportero Julio Ríos, el miércoles 14 de junio del 2017, en la página oficial de Internet de la Red Universitaria de Jalisco, González Mora expresó:  “Socialmente ha sido inoperante este sistema, pues son evidentes los altos índices de violencia e inseguridad y que no existe una paz social, cuando todos pensábamos que tras este nuevo sistema la situación iba a cambiar. Y vemos que no ha sido en ese sentido”.

A su vez, el magistrado y académico de la UdeG, doctor Antonio Fierros Ramírez, habló de las fragilidades del nuevo sistema: “En efecto, falta la capacitación para operadores, para el primer respondiente. Por los sueldos, las capacidades y habilidades que deben de tener. Para que una persona llene catorce formatos, necesita educación preparatoria al menos, pero hay municipios en los que hay policías donde mal saben leer y escribir”.

Las fallas de agentes ministeriales, jueces y policías, el alza en los delitos y la percepción de injusticia que vive Jalisco con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), forman parte del camino por el que ya pasó Chihuahua, que se tardó diez años en consolidar los nuevos esquemas, explicó Juan Rodríguez Zubiate, magistrado encargado del área para la Consolidación del Sistema Penal Acusatorio en aquella entidad fronteriza.

“Lo que estuvimos haciendo es estar al pendiente de estadísticas, estar al pendiente de audiencias que llamaran la atención, el monitoreo trae como consecuencia detectar aquí hay una error, aquí hay qué capacitar al MP porque no argumentó bien, aquí hay un error, el juez está pidiéndole mucho al defensor público y al MP también”, dijo Rodríguez Zubiate, en entrevista publicada por Mural el jueves 4 de enero del 2018.

Algunas de las fallas que se han observado en Jalisco, por incapacidad, negligencia o corrupción, son:

  • Detenciones decretadas como ilegales.
  • Errores en llenado de formatos por uniformados municipales.
  • Retardos no justificados en puestas a disposición ante un MP.
  • Reincidencia de ladrones porque no se les da prisión preventiva.
  • Errores en la argumentación de los agentes en audiencias.
  • Insuficiencia de abogados defensores y saturación de casos.

 

POLICIAS

El 27 de abril de 2004, la Academia de Policía y Vialidad del Estado abrió la carrera de Seguridad Pública, dirigida únicamente a servidores públicos, donde, 13 años después, tenían una población estudiantil de 315 alumnos, reseñó Mural el martes 11 de julio del 2017.

Héctor Alejandro Guerrero Ordaz, entonces coordinador de Educación Superior de la Academia, explicó que el objetivo de la Licenciatura en Seguridad Pública era sensibilizar a los servidores públicos en los problemas que aquejan a las personas: “Los primeros cuatro meses de la licenciatura, los servidores públicos estudian materias como introducción al derecho, sociología jurídica, ética, prevención del del delito, criminología entre otras. Y partir del quinto semestre escogen una especialidad”.

Luego fue específico: “Son tres terminales o especialidades, la primera es seguridad preventiva, procuración de justicia y sistemas penitenciarios”.

Hasta el pasado mes de abril había 690 plazas de policías vacantes en la zona metropolitana de Guadalajara, según datos del Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Empleo, referenciados por Mural el pasado domingo 14 de abril del 2019.

El salario promedio de un profesionista en Jalisco en 2018 fue de 9 mil 250 pesos mensuales. Los policías de Guadalajara y Zapopan tienen ingresos de 18 mil 30 pesos mensuales. Aun así, las corporaciones de esos dos municipios tenían 300 vacantes cada una.

El Coordinador general de Seguridad Estratégica de Jalisco, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, advirtió que tanto la Secretaría de Seguridad como la Fiscalía General del Estado contratarán personal conforme se fuera requiriendo, aunque reconoció que, a nivel estatal, como a nivel municipal, hacen falta policías.

Hasta el pasado 28 de abril del 2019, de acuerdo con información obtenida por Mural, habría casi 200 vacantes en áreas de la Secretaría de Seguridad, Fiscalía estatal y el sistema C5 de vigilancia y monitoreo.

Sería saludable que el gobernador de Jalisco combatiera en serio la corrupción, las complicidades y la ineficiencia en todos los campos de la vida pública, aunque eso implicara que en algún momento tuviera que desenmascarar a algún amigo, aliado, socio, pariente, compadre, que hubiese cometido irregularidades o delitos, o que pretendiera obtener ventajas y privilegios al amparo de su presunta relación con el principal funcionario de la entidad.

Alfaro Ramírez tendría que convencer a la sociedad que él no es partidario de hacer esos pactos de complicidad e impunidad que tan comunes son entre la clase política, que establecen que el gobernador que llega no debe tocar, ni con el pétalo de una rosa, al que se va, ni tampoco a algunos de sus más cercanos colaboradores, socios, cómplices o parientes. Alfaro tendría que demostrar que en ese terreno no está dispuesto a ser igual, uno de tantos.

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