Reforma educativo-laboral

Juan M. Negrete

Para muchos que dan seguimiento a las disputas legislativas, resultó incomprensible que el senado haya devuelto al congreso la modificación a la reforma educativa. No se debió al triunfo de una oposición tenaz y aferrada, sino a un hecho más pedestre. Algunos senadores, alineados al grupo mayoritario, se ausentaron. No ajustó la bancada presente para emitir los votos que la aprobaran. Faltó uno nada más para alcanzar tal mayoría. Y va pa’tras.

Salomón Jara, senador por Oaxaca, excusó su ausencia con afirmar que una de sus hijas había sufrido un accidente de tránsito. Su familia reclamó su presencia. Podía ausentarse porque había al menos otros dos más del PES, con los que alcanzaba y hasta se rebasaba la votación a favor. Pero tampoco estuvieron estos otros dos. La minuta se regresa al congreso. Para subsanar el hecho, aprobaron un período extraordinario de sesiones. Que sacarán los pendientes rezagados, dentro de los que se incluye de manera preponderante el de lo concerniente a lo educativo. Lo veremos.

Esta discusión se ha tornado extensa y visceral. Mucho insisten, del lado de los morenos, que con esta propuesta se echará abajo la ‘mal llamada reforma educativa’, una de las reformas estructurales insignia del período de Peña Nieto. Hubo trece reformas en dicha comalada. El famoso Pacto por México se echó a cuestas la tarea de modificar la Constitución para ponernos, según decían, en el perfil de los países desarrollados o del primer mundo. No sólo pusieron todos los votos al servicio de este interés, sino que lo festinaron con bombo y platillos. Lo malo vino a ser – se dice – que, en cuanto se aprobó la educativa, se levantó el magisterio agrupado en la CNTE para impedir su ejecución.

El sexenio anterior se la pasó signado por estas movilizaciones y protestas. Los profesores disidentes sacaron los pendones de resistencia y se apostaron en el camino para no dejar pasar a los agentes del anunciado cambio. Fue sencilla su bandera, comprensible hasta para el más lerdo: ‘No se trata de ninguna reforma educativa. Es una tapadera para su verdadera intención, lo laboral’. Con tal aclaración, para todo mundo resulta claro el sentido hasta peyorativo de designarla como ‘la mal llamada reforma educativa’.

La presencia de la coordinadora magisterial (CNTE) es muy fuerte en cuatro estados del país, de Chiapas a Michoacán. Allá es donde efervesció de inmediato la movilización en su contra. Eran números cortos, apenas cuatro de treinta y dos entidades de la federación. Con el paso de los días, la respuesta burda del gobierno para su aplicación y el cúmulo de mentiras apiñadas en su torno, esa breve resistencia se convirtió en dínamo de expansión sorprendente. Al final del sexenio de Peña, las movilizaciones y proclamas de resistencia englobaban ya a 22 estados. El problema, en lugar de disminuir, se le agigantó al monito de sololoy, Peña, quien por cierto ayer anunció (como si nos importara) que se acaba de divorciar de su señora la gaviota.

Es pertinente entonces destazar bien el contenido de estas medidas legislativas en torno al tema educativo, porque la CNTE está de nuevo en pie de lucha. Con la llegada de Obrador al poder ejecutivo y bajo declaración expresa suya supimos que de esa malhadada reforma estructural no quedaría en pie ni una coma. De manera que no sólo por los maestros, en la CNTE y en el SNTE, sino en todo el espectro de interesados del funcionamiento del país, se estuvo esperando el paso de la abrogación prometida en contra de dicha reforma. Pero en los pasos legislativos que han dado el equipo de Morena y sus aliados, a denuncia de los opositores magisteriales, no hay ningún cambio de los contenidos de la anterior, sino una mera simulación.

Se pide por tanto una abrogación veraz y no mendaz de la ley combatida. Hacer simulacros y dejar las cosas como estaban se califica de gatopardismo. Los votantes de Morena en el país no esperan que la 4T vaya a resultar otro teatro gatopardero más, a lo que nos acostumbró por décadas el prianismo. No se trata tan sólo de eliminar el INEE, su evaluación y sus declarativas de ‘calidad’. Se trata de poner nuestra normativa constitucional en el rubro educativo al servicio de nuestra población, al desarrollo del país como objetivo colectivo, a la derrota de las prácticas mercantilistas de este sector.

Uno de sus puntos clave en debate es la banderola del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Si ya contemplaba nuestra carta magna la normativa laboral para el magisterio, incluida dentro del bloque de todos los trabajadores del estado, ¿con qué fin se abre un cuadernillo aparte, en el que se reglamenten algunos aspectos laborales del magisterio? ¿Existe el interés solapado de generar y mantener vivo un régimen laboral de excepción para el personal docente del país? Comparando el apartado B con el A, vemos que el B resulta bastante limitativo en derechos y prestaciones para su universo de trabajadores. Los sindicatos y sus contratos obtienen mejores prestaciones y les fungen derechos de mayor amplitud que los consagrados en el B. Aún así, dejar al magisterio en el B es más positivo que promulgar un transitorio (el 16°), que duplique la reglamentación laboral del magisterio. Llamar a las cosas por su nombre, es el reclamo del magisterio alzado. Bien harían nuestros legisladores en ponerse las pilas y no seguirle buscando más chichis a las culebras. Ya veremos cómo sigue evolucionando este conflicto. Lo triste es que lo vengan atizando desde el poder. Es lo incomprensible.

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