Felipe Cobián Rosales
Cuando alguien en el gobierno del estado dio la orden de movilizar los cientos de cadáveres en descomposición que se encontraban a bordo de uno de los dos tráileres para que los comisionados de derechos humanos nacionales no se dieran cuenta del desastre, no imaginó que el tamaño del escándalo sería inconmensurable con tan desafortunada determinación.
Entonces, a ese alguien se le ocurrió cortar por lo verdaderamente sano para que ahí terminara todo: el cese fulminante del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal.
Pero se equivocaron rotundamente el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval y el titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto López Lara, al defenestrar al legal y moralmente menos vulnerable porque él, Cotero Bernal, con al menos dos años de anticipación le solicitó a su jefe, López Lara, un aumento de presupuesto para mejorar las condiciones del IJCF. Nunca le hizo caso.
Con Cotero Bernal, acostumbrado a decir la verdad -ya lo apunté en la columna anterior-, se lavaron ambos las manos tanto el gobernador como el secretario. En descargo, el primero dijo que a él nunca le llegó tal petición. Y eso que el mismo Jorge Aristóteles sabía de la situación precaria de esa institución y, además, había previsto, desde marzo pasado, una creciente ola de asesinatos ante la incidencia de un nuevo cártel.
Se supone, además, que el jefe del Ejecutivo debió tomar previsiones y, primero evitar que crecieran los enfrentamientos entre cárteles para que no hubiera más muertos; segundo, resolver lo del presupuesto al instituto para que tuviera instalaciones y peritos forenses suficientes.
Tanto el gobernador como su segundo, saben que en los últimos tres años creció aquí el número de homicidios intencionales en cerca del 55% y que en los nueve meses de 2018, suman al menos mil 533 asesinatos, casi tantos ya como los registrados en 2017 que fueron mil 552, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Aunque hay que tomar en cuenta que el SNSP) tiene un registro de 12.65 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en Jalisco, en tanto el INEGI posee el dato de 20 homicidios intencionales por el mismo número de habitantes. En 2008, la proporción era de 6 asesinatos por cada 100 mil personas.
La verdad del despido Cotero pudiera radicar en que nunca le perdonó el gobierno que pusiera en duda que los tres estudiantes de cine desaparecidos el 19 de marzo pasado (Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz), hayan sido disueltos en ácido. El IJCF no encontró pruebas.
Si destituyeron al fiscal Raúl Sánchez Jiménez, ¿No debe ser López Lara el siguiente?
Por otra parte, si Jorge Aristóteles quiere de verdad llegar al fondo de esta crisis suscitada por esos 444 cuerpos insepultos de desaparecidos que no han sido reclamados porque los familiares no tienen facilidades para reconocerlos (sólo 60 están parcialmente identificados), tendrá que investigar, además, a otras cabezas:
Dante Haro, fiscal de derechos humanos dentro de la Fiscalía General, quien habría dado la orden del traslado de cadáveres; al agente ministerial Lino Morales por supuestamente haber elegido la bodega en Tlaquepaque, donde primero se depositó el tráiler, presumiblemente a petición de Eduardo Mota Fonseca, del IJCF y, sobre todo, al fiscal de desaparecidos, José Raúl Rivera.
De acuerdo con Familias Unidos por Nuestros Desaparecidos (Faund), José Raúl, nunca les ha querido dar la cara y no lo conocen.
La investigación a fondo deberá hacerla éste o el próximo gobierno, pese al descargo que hizo en favor de los funcionarios Andrés Manuel López Obrador, quien trae la espina clavada desde 2006:
“La culpa –expresó ayer en la Ciudad de México- es de Felipe Calderón “porque él le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero (del narco) y desde entonces hay mucha violencia en México”.