A pesar de la liberación de seis jóvenes que fueron detenidos el sábado y trasladados a Centro Federal de Readaptación Social 2 ─en medio de las manifestaciones por el asesinato de Giovanni López─, un grupo de 200 estudiantes del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) partió del campus La Normal como rumbo a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Ahí exigieron la renuncia del mandatario y la destitución de su fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez.
Guadalajara, Jalisco. Las reacciones ante la cuarta jornada de movilizaciones originadas por el asesinato de Giovanni López, golpeada hasta la muerte por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, han sido encontradas. Por un lado, parte de la sociedad se volcó en apoyo moral hacia los manifestantes, que partieron del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) La Normal hacia Casa Jalisco, donde demandaron la destitución de Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal estatal, y la renuncia de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado. Otro sector prefirió la crítica: si Alfaro ya liberó a los seis que faltaban, ¿de qué se quejan?
En este sentido, cabe aclarar que las exigencias sociales al gobierno no se limitan únicamente a la petición de liberar presos, más allá de que algunos hayan sido ‘levantados’, agredidos y amenazados por policías investigadores. Esto lo explica Guadalupe Ramos Ponce, especialista en derechos humanos, quien a través de su columna Mirada Violeta apunta a que en Jalisco hay una pérdida del Estado de Derecho, que impacta negativamente en la confianza ciudadana hacia las autoridades.
Para el más reciente grupo de manifestantes ─según testimonios recabados por quien esto escribe─, resulta inverosímil la desobediencia de la Policía Ministerial ante las órdenes de Solís Gómez y Alfaro Ramírez. Al contrario, los estudiantes del CUCSH responsabilizan al jefe del Ejecutivo estatal y a quien de facto no es su subordinado por los hechos ocurridos. De hecho, durante la protesta, que comenzó alrededor de las 17:00 horas de ayer, se recordó que Solíz Gómez en su etapa como procurador estatal (2004), reprimió a los llamados “globalifóbicos”, que se opusieron a la III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, celebrada en Guadalajara.
Lo anterior llevó al funcionario a ser acusado de tortura ante varias instancias.
Otro punto de reproche ha sido la discursiva de Alfaro Ramírez, quien tras la primera manifestación ─que el jueves pasado dejó daños al Palacio de Gobierno y un policía con quemaduras leves─ acusó al Movimiento de Regeneración Nacional de haber orquestado la inconformidad y haber incitado a la violencia. Y a pesar de los registros audiovisuales, apuntó el gobernador: “ (la Policía estuvo) a la altura de las circunstancias, supieron resistir y no cayeron en ninguna provocación, no se cometió ningún acto de violencia contra los manifestantes”.
Siguiendo la retórica, Alfaro Ramírez ─ aún cuando decenas de jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada─reiteró un día después: “la instrucción que yo dí fue actuar con sensatez… ¿Quién dio la orden y quién dio esta instrucción? Evidentemente no fue el fiscal del estado, tenemos certeza de eso. Lo que tenemos, también, es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia.”
Y aunque Alfaro Ramírez sostuvo tras levantar los cargos contra los seis jóvenes que permanecían detenidos (siendo el remanente, ya que un día antes fueron puestos en libertad al menos 28 personas detenidas el jueves), que éstos atacaron Palacio de Gobierno el sábado, Darwin Franco, fundador del portal Zona Docs, denunció en una entrevista con Aristegui Noticias que no eran quienes habían vandalizado el inmueble, sino que eran chivos expiatorios.
A decir de Franco, los seis no estuvieron en la zona Centro de Guadalajara ese día, sino que policías los capturaros lejos de ahí, mientras realizaban actividades diversas.
Sin vuelta a la página
Otro punto de inconformidad de los manifestantes, también recabado durante la última protesta, es que elementos de la Fiscalía estatal han desmentido la versión oficial, asegurando que mientras se llevaba a cabo la manifestación del jueves, todo el personal operativo de la dependencia fue traslado a Casa Jalisco, sin armas de fuego, donde se les pidió por medio de superiores que consiguieran palos y tubos ante una posible embestida al sitio.
También el abogado Óscar Arturo Díaz, defensor de Salvador Perea, comandante de ministeriales involucrados en los actos de desaparición forzada, también desmintió a las autoridades estatales, asegurando que su cliente no actúo en sublevación, sino que acató órdenes para reprimir a manifestantes.
Por eso continúan las manifestaciones.
A pesar de la puesta en libertad de múltiples jóvenes durante los últimos días, el problema de fondo es la pérdida de confianza. El último acto de liberación que anunció el gobernador “para dar vuelta de página”, no será tal, ya que un grupo de organismos y activistas piden una investigación de fondo, ya que sólo se ha tomado en cuenta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jaslico y a la Federación de Estudiantes Universitarios, pero no a los organismos que se encargaron de la defensa de los jóvenes, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
Los daños producidos no fueron únicamente los arrestos ilegales, sino la pérdida del Estado de Derecho. Ante eso ¿cómo se puede dar vuelta de página?
