Las estadísticas no mienten, los números son crudos, crueles y salvajemente fríos cuando se trata de reflejar y medir la realidad.

Por incapacidad, negligencia o complicidad (o por esos tres factores juntos), fueron dos recientes administraciones panistas, en los ámbitos estatal y federal, las que nos llevaron a la espiral de violencia que actualmente agobia al país, y para frenarla se requieren medidas urgentes, que podrían ser extremas y dolorosas.

Fueron los gobiernos panistas de Emilio González Márquez (2007-2013) en Jalisco y de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), en el ámbito nacional, los que abrieron las puertas de los infiernos y dejaron escapar a los demonios.

Enrique Alfaro Ramírez y Andrés Manuel López Obrador no deben hacerse falsas ilusiones, pues ni con discursos bonitos, sofismas reiterativos o excusas rebuscadas, podrían convencer, y muchos menos engañar, a la gente: Si en un tiempo razonable no empiezan a resolver los gravísimos problemas de inseguridad que afectan a Jalisco y al país, el primero jamás podrá realizar su pretendida “refundación” del estado, ni el segundo conseguirá la “cuarta transformación de la República”.

Para tener éxito deberán trabajar juntos, dejar de lado sus antipatías, sus desconfianzas y sus exacerbados egos, para concentrarse en lo esencial: el combate a la violencia desenfrenada, que se traduce en un incremento permanente de los homicidios dolosos a todo lo largo y ancho del país.

Sin dejar de lado la creciente calamidad de las desapariciones, las fosas clandestinas, el narcotráfico, los cobros de piso y de protección forzada, los secuestros y el robo de combustible, todo junto en el mismo paquete.

Los desafíos son enormes y únicamente conjuntando recursos humanos y materiales, de sus policías preventivas e investigadoras -federal y estatal-, podrán hacer frente a un temible enemigo. Por separado, ambos gobiernos estarían destinados a perder la batalla en Jalisco y en el país.

El martes 25 de septiembre de 2018 se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Inseguridad, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 73.6 por ciento de los jaliscienses dijo que se sentía inseguro en su colonia o localidad, y al evaluar los principales problemas de la entidad, 63 de cada 100 personas de 18 años y mayores señalaron que lo que más les agobiaba era la inseguridad.

Apenas el pasado miércoles 5 de diciembre de 2018 terminó el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Dos meses y medio antes, la percepción del 52 por ciento de los jaliscienses reflejaba que ninguna zona del área metropolitana de Guadalajara era segura, y otro 24.7 por ciento estimaba que muy pocas colonias de la ciudad eran confiables. Eso concluía la encuesta que sobre el problema dio a conocer el miércoles 12 de septiembre del 2018 el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

El 80 por ciento de los encuestados consideró que en el transcurso de 2018 la inseguridad aumentó en Jalisco. Sobre las causas de la violencia y la inseguridad, 33.6 por ciento -el segmento más amplio- la atribuyó a la corrupción de las autoridades.

El pasado jueves 6 de diciembre del 2018 el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que el país enfrenta una emergencia en materia de seguridad e indicó que al inicio del sexenio seis estados son catalogados como focos rojos: Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Tamaulipas.

“Hay focos de violencia que se han sostenido en el tiempo, tienen ya un largo tramo, los vamos a enfrentar por supuesto. Para nadie es un secreto las condiciones en las que hemos recibido el país en materia de inseguridad”, declaró en entrevista con medios, citada por la revista Proceso.

Calamidades

Durante la administración del presidente panista Vicente Fox Quesada (2000-2006), se cometieron en México 74 mil 389 homicidios dolosos, según datos oficiales de los registros de incidencia delictiva elaborados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación. El peor año de la administración foxista fue 2001, con un total de 13 mil 855 homicidios dolosos.

Durante el sexenio del también panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), fueron cometidos en el país 102 mil 327 homicidios dolosos. Un aumento de 27 mil 938 crímenes, el 37.55 por ciento más que en la administración que le antecedió. Sus peores años fueron 2010, con 20 mil 680 homicidios y 2011 con 22 mil 855 asesinatos.

En el gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), concluido el pasado viernes 30 de noviembre del 2018, se cometieron en México 124 mil 478 homicidios dolosos. Un total de 22 mil 151 más que la administración que le antecedió, para un incremento del 21.64 por ciento. Sus peores años fueron 2017 con 25 mil 497 homicidios y 2018, con 26 mil 376 asesinatos.

En Jalisco, durante el gobierno del panista Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2007) se cometieron 2 mil 522 homicidios dolosos. Su peor año fue 2001 con 488 asesinatos.

En la administración del también gobernador panista de Jalisco Emilio González Márquez (2007-2013) se soltaron los demonios: se cometieron 4 mil 679 homicidios dolosos, un alza de 2 mil 157 asesinatos más que en el sexenio anterior, para un aumento del 85.52 por ciento. Su peor año fue 2011 con 1 mil 222 asesinatos.

Con el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) las cosas empeoraron en Jalisco: se cometieron en su sexenio 7 mil 329 homicidios dolosos, 2 mil 650 más que en la administración que le antecedió, un alza del 56.63 por ciento. Sus peores años fueron 2017, con 1 mil 369 homicidios dolosos y 2018 (de enero a noviembre) cuando se perpetraron 1 mil 784 asesinatos.

Otros dolores

El pasado 29 de septiembre del 2018 el periódico El Informador de Guadalajara precisó: “De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de las 36 mil 265 desapariciones documentadas en el país, 17 mil 522 (48%) son de personas que tienen menos de 30 años. En la Entidad, tres de cada 10 son de menores de 25 años”. Este registro es elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con base en las denuncias presentadas ante los Ministerio Público tanto federal como estatal.

Hasta el 31 de octubre de 2017 el RNPED ubicaba en el primer lugar nacional en personas desaparecidas a Tamaulipas, con 5 mil 991 casos; en el segundo lugar aparecía el Estado de México, con 4 mil 217 personas a las cuales se les ha perdido todo rastro y en tercer estaba Jalisco, con 2 mil 971 desaparecidos.

El problema de los desaparecidos está estrechamente vinculado con las acciones del crimen organizado y las inhumaciones clandestinas.

El pasado 12 de noviembre del 2018 las periodistas Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati presentaron su investigación denominada “El país de las 2 mil fosas”. En el trabajo se advierte que entre 2006 y 2016 fueron descubiertos casi 2 mil entierros ilegales donde criminales desaparecieron a sus víctimas. La barbarie abarca 24 estados del país y uno de cada 7 municipios de la República. En esta investigación documentaron más fosas clandestinas que las que el gobierno reconoce: en promedio, una fosa nueva cada dos días.

Fueron, al menos, mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Esta cifra supera por mucho la información dada por el gobierno mexicano hasta hoy. Las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos.

La investigación señala que Los estados que encabezan el número de fosas exhumadas en el lapso estudiado son: Veracruz (con 332); Tamaulipas (280); Guerrero (216); Chihuahua (194); Sinaloa (139); Zacatecas (138); Jalisco (137); Nuevo León (114); Sonora (86); Michoacán (76); San Luis Potosí (65).

Los estados donde fueron descubiertos más cadáveres en fosas son: Durango (con 497 cuerpos); Chihuahua (391); Tamaulipas (336); Guerrero (325); Veracruz (222); Jalisco (214); Sinaloa (176); Michoacán (132); Nuevo León (119); Sonora (96); Zacatecas (81).

En 18 de los 24 estados hay registro de fosas en los municipios de las ciudades capitales. Estos son: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo y Zacatecas.

Este jueves 27 de diciembre del 2018, el reportero de Notisistema, José Luis Escamilla, reseñó que al menos el 10 por ciento de las delictivas ordeñas clandestinas en ductos de Pemex de todo el país -cometidas por bandas vinculadas al crimen organizado- han ocurrido en Jalisco, de acuerdo con el informe más reciente de Petróleos Mexicanos, actualizado hasta octubre.

Los estados con mayor número de tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos aseguradas son Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México y Jalisco, donde los municipios más contaminados por ese delito son Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlanejo, Tala, Arenal y Atotonilco.

En esta batalla, los enemigos están dentro y fuera del gobierno, pues la mayoría de las corporaciones, tanto la federal como la estatal, al igual que un amplio segmento de las policías municipales están contaminadas, corrompidas, compradas, sometidas o amenazas por el crimen organizado.

La tarea tendría que empezar desde las entrañas mismas del gobierno. El proceso de depuración sería largo, difícil y muy costoso, tanto en vidas como en recursos materiales.

Habría que investigar, depurar y sancionar a malos elementos; reclutar personal con mejor preparación, aptitudes y mística; capacitar más y mejor; invertir en mejores salarios, prestaciones, equipamiento y herramientas científicas.

Pero, antes que nada, habría que poner por delante una voluntad de hierro, decisión política, valor verdadero, fortaleza ética y determinación para ir a fondo y reconstruir casi sobre cenizas.