Alberto Osorio
Guadalajara, Jalisco.-La negra historia como gran represor persigue al maestro en derecho y abogado por la Universidad de Guadalajara, Gerardo Octavio Solís Gómez, hoy titular de Fiscalía General del Estado de Jalisco y político rescatado por la administración que encabeza el gobierno emecista de Enrique Alfaro Ramírez.
Hace más de 16 años bajo sus órdenes, el gobierno de Jalisco implementó uno de los operativos más violentos para detener, torturar y encarcelar a manifestantes en instalaciones policías de la entidad.
El 28 de mayo de 2004, varios caminos se cruzaron en Guadalajara justo cuando se celebraba la Tercera Cumbre Latinoamericana y la Unión Europea y decenas de jóvenes y militantes altermundistas se daban cita en esta capital para mostrar su repudio contra el neoliberalismo; a su vez, el gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña se preparaba para destapar, desde territorio jalisciense, a Felipe Calderón Hinojosa como aspirante a la presidencia de México, sin importar si esa acción le gustaba o no al presidente en funciones, Vicente Fox Quesada, y para ello necesitaba demostrar un gobierno de fuerza y garra.
En 2004 al menos 45 jóvenes y 4 menores de edad fueron procesados por atacar a la policía y causar destrozos al mobiliario urbano y obstruir las vías de comunicación; muchos de esos juicios fueron armados por el Ministerio Público para satisfacer la necesidad de mantener encerrados a los manifestantes y así lo sabían los jueces que atendieron cada uno de esos juicios. Además, cerca de una decena de extranjeros fueron expulsados del país, no sin antes conocer “los finos” tratos de policías mexicanos de Jalisco.
Los cargos contra cada uno de los manifestantes detenidos fueron asociación delictuosa, pandillerismo, motín, daños en propiedad ajena e incitación a la violencia. Entonces el procurador Gerardo Octavio Solís Gómez apareció ante los medios de comunicación para justificar a los agentes estatales y municipales, argumentó que las fuerzas de seguridad aguantaron todo tipo de provocaciones y hechos violentos.
El entonces procurador desmintió torturas o vejaciones contra los detenidos. En contraparte, los testimonios presentados en medios de comunicación daban fe de la serie abusos a que fueron sometidos los altermunidistas: mujeres desnudadas y obligadas a realizar sentadillas frente a los policías y exhibir sus partes nobles en los sótanos de la Dirección de Seguridad Pública; hombres sometidos a golpes y expuestos a toques eléctricos en los genitales, muchachos arrastrados por policías y molidos a golpes y con el uso de trapos mojados en las manos de los gendarmes para evitar dejar huellas.
Tras el encarcelamiento de los detenidos muchos padres de familia tuvieron que empeñar su patrimonio o vender sus casas para poder pagar los servicios de sus abogados y costo de los juicios contra sus hijos. Caso emblemático fue el de un joven que acababa de salir de Radio Universidad de Guadalajara, a donde acudió a recoger unos boletos que se había ganado y se tuvo que ir caminando hacia el centro ante la falta de transporte público. Al muchacho le tocó estar en el lugar equivocado en la hora equivocada. Justo a su paso por el centro se desarrollaba la manifestación altermundista. El joven fue detenido y acusado de agredir a la autoridad.
Entonces Gerardo Octavio Solís Gómez tenía todo el apoyo de la administración de Ramírez Acuña. A Paco, como le dicen sus amigos, le gustaba ser visto como un político de mano fuerte y de ideas claras, capaz de adoptar medidas radicales sin importar que para ello se tuviera que detener, golpear y encarcelar a los disidentes y después someterlos a meses de cárcel con juicios plagados de irregularidades.
A raíz de la comprobación del abuso de autoridad contra decenas de jóvenes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe especial en donde señala a las autoridades de todos los niveles de gobierno, en Jalisco, de haberse apartado de los principios de “legalidad, eficiencia y profesionalismo de acuerdo con la legislación vigente”. Según datos contenidos en el expediente 2004/1673 y que después la CNDH integró a la investigación 2004/1640. Previamente la misma Comisión había hecho llegar a la CNDH varias quejas de los detenidos durante la manifestación de 28 de mayo.
Para abril de 2010 la lista de sentenciados por la manifestación de 28 de mayo estaba conformada por decenas de jóvenes que jamás olvidarán esa fecha, ni el nombre de Gerardo Octavio Solís y menos el de Francisco Javier Ramírez Acuña. Según el portal digital https://abajolosmuros.wordpress.com/ entre los sentenciados figuraban Miguel Ramos Partida, quien estuvo en la cárcel 1 año y 20 días; Salvador Lara Piña, encarcelado por 10 meses; Sergio Pérez Neufeld (preso por un año y dos meses); Raúl Morales Caballero (1 año); Salvador Aranda Ramírez (1 año). Miguel Ángel León Flores quien trabajaba como bolero y era reconocido como indigente. Hasta 2010 se mantenía detenido, sin sentencia.
En ese listado también aparecía Eddy Marcelino García Gómez y enfrentó dos años de cárcel y, al menos, dos sentencias: Miguel Ángel Ramírez López, a dos años; Jorge Octavio Casillas, un año de cárcel; Arturo Rozaud Fischer, un año y un mes; Juan Manuel Flores Herrera,11 meses y 10 días.
Julio Cesar González Martínez , no sentenciado; Liliana Galaviz López, 2 meses de cárcel; Miguel Ángel Medina Honradez, seis meses; Jesús Becerra Vázquez, 2 años; José Luis Alejo Vázquez, 2 años; Miguel González López, 2 años y cuatro meses; Alberto Corona Jiménez, 6 meses y once días; Elsa Hernández Arguello, 3 meses; Fredy Carrillo Márquez, 11 meses; César Naranjo, 11 meses, y Miguel de Jesús Pereira Anguiano, un año y tres meses.
El sello de la casa solís gómez
A 16 años de ese episodio, la tarde del viernes 5 de julio de 2020, jóvenes inconformes con los abusos policíacos en Ixtlahuacán de los Membrillos y con la muerte del joven Giovanni López, fueron levantados cuando se preparaban para protestar frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, bajo la misma titularidad de Gerardo Octavio Solís. Ese día comandos de agentes encapuchados -algunos armados con bates de béisbol– se dieron a la tarea de montar un operativo en torno a las instalaciones de la Calle 14 y sus alrededores. Esos policías se dedicaron a detener a los posibles manifestantes y llevárselos a lugares alejados de la colonia Industrial. Varios de los retenidos fueron bajados de camiones urbanos y subidos por la fuerza y a golpes a camionetas de la fiscalía, otros fueron interceptados cuando se dirigían a la entrada principal de la institución.
Los agentes policíacos lo mismo levantaron hombres que mujeres; les quitaban el celular, intervinieron sus números telefónicos y los amenazaron. A varios los dejaron incomunicados a más de 5 kilómetros de distancia de donde habían sido detenidos. Hasta la madrugada del sábado 6 la lista de personas desaparecidas era más de una veintena. Entre ellos había varios alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG). En la lista figuraba Jorge Poza, Alberto Alejandro Paz, Luis Maldonado, Noé Olmos, Eduardo Antonio Contreras López, Regina Cerda Belmonte, Andoni Rosainz, Jorge Armando Preciado Roque, Carlos Frías, Edwin Alejandro Martínez, Mariana Guillen, y Camila Ramos, Salma Vázquez.
En forma extraña la UdeG optó por guardar silencio ante el levantón de algunos de sus estudiantes, una posición que contrastó con el reclamo presentado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITESO). Esta universidad reclamó la difamación corrida contra uno de sus estudiantes a quien se le señalaba como presunto responsable de prender fuego a un policía de Guadalajara en la protesta del jueves 4 de junio. El ITESO se pronunció en contra del abuso de la violencia por parte de la policía.
Entre la noche del viernes 5 y la madrugada del sábado 6, poco a poco fueron reapareciendo la mayoría de los muchachos levantados por agentes encubiertos. Algunos fueron dejados en el Cerro del Cuatro o en la zona de colonia Miravalle.
Durante varias horas ninguna autoridad respondía sobre el secuestro o retención de jóvenes, hasta que por fin el gobernador Enrique Alfaro apareció en un video a través de redes sociales y tronó contra los organizadores de ese operativo de limpieza de manifestantes.
Hace 16 años Octavio Solís y otros jefes policíacos fueron premiados por sus buenos oficios para castigar, torturar y encarcelar a disidentes, hoy por paradójico, ese método para acabar con la protesta y con abusos de autoridad empieza a estorbarle al gobierno alfarista. solís gómez
Hoy, mucho tendrá que aclarar el fiscal sobre el manejo de su personal y el secuestro momentáneo de jóvenes manifestantes. Mucho tendrá que argumentar Octavio Solís frente el gobernador para justificar la acción de sus subalternos ante las indicaciones previas que el propio Enrique Alfaro había girado para tratar de bajar la presión social ante las denuncias de abusos de parte de policíacos municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos y la muerte Giovanni, según las propias palabras del mandatario:
“La instrucción que yo di fue actuar con sensatez, con prudencia y hoy un grupo de personas de la Fiscalía del Estado desacató mis instrucciones y actuó de una manera irresponsable y brutal que no va a ser perdonada”, dijo el gobernador. solís gómez
“Ya desapareciste, ya valiste verga”, decían agentes de Fiscalía a detenidos
