Guadalajara, Jalisco.- Desde que comenzó la administración de Enrique Alfaro Ramírez, en diciembre de 2018, a la fecha, más de 100 funcionarios públicos ─la mayoría de ellos relacionados con corporaciones policiacas─ han sido judicializados por el delito de desaparición forzada, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Preguntado sobre la Unidad Especial de Desaparición Forzada, dentro de la estructura de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Solís Gómez descartó que su creación haya demorado ─aunque su creación en papel se gestó en 2019 y su operación oficial data de hace cinco días─, y aseguró que funciona desde hace dos años.
“La creación de la unidad no tardó tanto, está funcionando desde 2019, en el primer año de la administración. Fue necesario hacer algunos reajustes y algunos esfuerzos administrativos porque consideramos que las condiciones en las que estaban sucediendo algunas desapariciones así lo requerían, también requería de los perfiles idóneos con la capacitación adecuada esto con la finalidad de llevar asuntos que por su propia naturaleza tienen de una gran implicación en temas de crimen organizado”, manifestó.
Solís Gómez apuntó que los resultados son tangibles y que hay diversos asuntos judicializados, “lo único que nos faltaba era establecer mediante un acuerdo la creación formal, esto con la finalidad de darle permanencia y que eventualmente esta nueva área no desaparezca por asuntos administrativos”.
Apenas el pasado 22 de mayo fue publicado el acuerdo del Fiscal del Estado de Jalisco, mediante el cual crea la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas, en el cual se establece que contará con recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento “debiéndose integrar por el personal ministerial, policial, así como personal administrativo suficiente para el eficaz cumplimiento del objetivo”.
Para este año, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas cuenta con un presupuesto de alrededor de 94 millones de pesos.
