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Tercer País Seguro

Eduardo González Velázquez

La realidad migratoria de México obliga a que las autoridades de nuestro país establezcan políticas adecuadas que tomen en cuenta los diversos conglomerados de personas migrantes que circulan por la República. La política migratoria es un asunto que compete única y exclusivamente al gobierno mexicano, y la debe realizar con estricto apego al respeto de los derechos humanos de los migrantes.

​En ese sentido, el gobierno entrante encabezado por Andrés Manuel López Obrador deberá suspender la política migratoria de sumisión llevada a cabo por las administraciones priistas y panistas en favor de las disposiciones e intereses estadunidenses. Todo ello materializado en la externalización de la frontera estadunidense hasta el sur de México.

​No solamente debe terminarse con el Plan Frontera Sur que lo único que ha conseguido es profundizar la criminalización, discriminación y victimización de las personas migrantes provenientes de Centroamérica, sino también rechazar (en caso de llevarse a cabo por el “gobierno” de Peña Nieto) el acuerdo del Tercer País Seguro (TPS) con Estados Unidos.

​El TPS profundizaría el papel de México como barrera y embudo migratorio hacia la Unión Americana. Nuestro país adquiriría la obligación de evitar que los extranjeros no mexicanos solicitantes de asilo en Estados Unidos llegasen a la frontera sur de nuestro vecino del norte, anteponiendo como requisito para hacerlo la solicitud de asilo en México, y en caso de obtenerlo quedarse en nuestro territorio o de lo contrario ser deportados a sus países de origen.

A cambio del servicio de cadenero, disfrazado de acuerdo, el “gobierno” de Peña Nieto obtendría 800 millones de dólares de la administración Trump para cubrir los costos de la detención migratoria en nuestro país, construir nuevos centros de detención migratoria y actualizar el equipo tecnológico y cibernético del Instituto Nacional de Migración (INM). En la práctica los agentes del INM estarían supeditados a la Patrulla Fronteriza.

No debemos olvidar que esa política de redadas y deportaciones masivas de migrantes centroamericanos ya está en marcha con el Plan Frontera Sur: durante el año 2013, el INM detuvo a 86 mil 298 migrantes; en 2014, la cifra aumentó a 127 mil 149 migrantes de tránsito; para 2015, se detuvieron a 198 mil 141 migrantes; en 2017 cayó a 95 mil 497; y en los primeros tres meses de 2018, se detuvo a 32 mil 714.

A no dudar, una cosa es otorgar asilo a quienes lo soliciten, y muy otra convertirnos en la barrera migratoria de Estados Unidos. Es evidente que los miles de migrantes centroamericanos tienen como primer propósito alcanzar el territorio de la Unión Americana y no avecindarse en México; bajo ninguna circunstancia el gobierno de la República debe accede a las presiones de la Casa Blanca para convertirnos en los porteros del patio trasero estadunidense. Y mucho menos violentar el derecho que tienen las personas migrantes de buscar un lugar donde vivir.

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