Trump y la separación de familias

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Eduardo González Velázquez

Antes del arribo de Donald Trump a la Casa Blanca casi todos dábamos por sentado que más temprano que tarde echaría andar su política antimigratoria contra los millones de “indocumentado” avecindados en la Unión Americana. Solo era cuestión de tiempo. La certeza del cierre de pinzas contra los migrantes era un asunto temporal no de facto.

​Al paso de los meses la criminalización migratoria se agudizó y las puertas de salida para encontrar un mejor mundo donde vivir se fueron cerrando. No solo era un asunto de continuar la construcción del muro, sino de la persecución en Estados Unidos de los migrantes, y la militarización fronteriza.

Al paso del tiempo se han ido agudizando las redadas en los centros de trabajo, acompañadas posteriormente de las deportaciones. En semanas recientes doscientos agentes federales incursionaron en una empresa de jardinería en Ohio y arrestaron a 114 trabajadores migrantes. Asimismo, en una procesadora de carne en Tenesi se realizó otra redada para arrestar a un centenar de “sin papeles”. Por otro lado, en mayo los arrestos en la frontera superaron los 50 mil para sumar 150 mil en los últimos cien días. En lo que respecta a las deportaciones de las personas detenidas en su intento por cruzar la frontera o ya instaladas en el vecino de norte, se llevan a cabo de forma muy acelerada.

Todo ello forma parte de la política “tolerancia cero” de Donald Trump, esa disposición que se materializa en redadas, deportaciones, (en el último medio año han sido deportados 67 mil paisanos), detenciones fronterizas, pero sobre todo en la separación de familias.

​Sin duda, la política más mezquina contra los migrantes consiste en la separación de familias al momento de intentan cruzar la frontera. Esta no es una práctica nueva, ya en los años noventa del siglo pasado era una de las prácticas más comunes de la patrulla fronteriza. La separación de las familias consiste en enviar a las madres y padres detenidos a un punto de reclusión diferente del que utilizan para los menores de a edad. Los pequeños son guardados en jaulas similares a perreras.

El argumento de la Casa Blanca es que con esta práctica se disuade a las familias de migrar en busca de un lugar donde vivir. Bajo esa argumentación se olvida el verdadero motor que mueve a millones de personas a migrar en el mundo: el no contar con el derecho a no migrar. Cuando los menores son separados de sus padres son puestos a disposición del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) y luego son enviados a la casa de un familiar, a hogares de acogida o a refugios. Pero en primera instancia no está la posibilidad de ser entregados a sus progenitores.

Según el gobierno estadunidense, entre abril y mayo fueron separados de sus padres y madres dos mil menores. Asimismo, se informó que las autoridades tenían bajo custodia a 10 mil 773 menores de edad no acompañados. Todo ello, a pesar de que el juez federal, Dana Sabraw en California falló que la constitucionalidad de la separación de niños de sus familias deber ser evaluada para determinar si continúa o no.

Mientras eso sucede en Estados Unidos, aquí en nuestro país el “gobierno” de Enrique Peña Nieto sigue haciéndole el trabajo sucio a la Casa Blanca, y deportó de enero a abril de este año, a 34 mil 946 centroamericanos. Con esta política de criminalizar la migración queda de manifiesto que el trato humano que México exige que se brinde a nuestros paisanos allende el río Bravo, no está dispuesto a otorgarlo a las personas migrantes de Centroamérica que intentan cruzar nuestro país.

Así las cosas, frente al fenómeno migratorio, tanto Estados Unidos como México llevan a cabo la simulación política.

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