Guadalajara, Jalisco.-La organización Civilidad para Transformar A.C., presentó este viernes una solicitud formal a Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, para implementar una capacitación integral dirigida a jueces y personal de los juzgados. La petición se centra en temas clave como la perspectiva de género, la violencia vicaria, el trato a víctimas y los derechos de las infancias.
La solicitud se originó a raíz del manejo deficiente de casos relacionados con violencia vicaria, evidenciado en el caso de M.G.F.G., una madre que, junto a sus hijos menores, sufrió violencia vicaria y familiar. El 4 de julio de 2024, Civilidad para Transformar A.C. solicitó medidas de protección integral para M.G.F.G. y sus hijos ante el juzgado 17 en materia familiar, dirigido por la jueza María Elizabeth Herrera Tovar.
A pesar de que la solicitud de medidas de protección debía ser resuelta en un plazo de 4 horas debido a su carácter urgente, la jueza tardó hasta el 12 de julio para emitir una resolución, rechazando las medidas solicitadas. Entre los argumentos esgrimidos, se destacó que la jueza consideró no tener competencia para dictar medidas penales, aunque no se habían solicitado por esa vía, y alegó falta de pruebas de violencia, a pesar de la documentación presentada que incluía un escrito detallado y una orden de restricción concedida por el Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía.
El rechazo de la solicitud llevó a un nuevo intento de presentar las medidas el 17 de julio en el juzgado decimocuarto en materia familiar, durante el periodo vacacional. Este intento también enfrentó dificultades, ya que el personal de guardia no estaba presente y la secretaria encargada, Kenia Cristina Loreto Díaz, desestimó la solicitud alegando falta de urgencia.
Finalmente, un recurso de amparo urgente presentado ante un juzgado federal resultó en una suspensión de plano que obligó al juzgado 14 a atender la solicitud. A pesar de ello, el juzgado 14 negó las medidas para la restitución de los menores, argumentando la falta de un régimen de guardia previamente determinado.
En este sentido, Civilidad para Transformar solicitó la creación de un protocolo integral para casos de sustracción y retención de infancias, y propuso el establecimiento de un observatorio vicario para garantizar el seguimiento adecuado de estos casos. La organización instó a una reforma en el sistema judicial para asegurar una actuación conforme a la ley y con sensibilidad hacia las víctimas de violencia.
Adicionalmente, la organización expuso una serie de casos en las cuales los juzgadores han actuado de forma errónea.
