Felipe Cobian Rosales
22 de diciembre.- Desde que hace más de una década Emilio González Márquez dócilmente y hasta servilmente se sujetó a
los caprichos del prepotente Mario Vázquez Raña, de no dar su aval para que se construyera a Villa Panamericana en el centro de a ciudad (en torno del Parque Morelos), signó la maldición de El Bajío, junto al Bosque de La Primavera, la zona más importante de recarga de agua del Valle de Atemajac.
Desde aquel momento, las voces de protesta fueron in crecendo de parte de la sociedad por el grave atentado que se haría a la naturaleza, al medio ambiente en general. Y el acabóse fue cuando tras la justa panamericana, las fosas sépticas malhechas a la carrera y a cielo abierto quedaron se desboraron
hacia los mantos freáticos.
Entonces, la condena a convertir el lugar en colonia residencial, cual era el propósito del panista González Márquez, aún sin la autorización del gobierno municipal priista de Zapopan, arreciaron y se multiplicaron los amparos para defender todo El Bajío de los depredadores desarrolladores inmobiliarios. Desde entonces vienen las protestas y la férrea oposición.
Ahora, precisamente en vísperas de Navidad, cuando todo mundo anda distraído en compras, fiestas y vacaciones, el presidente de a Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, Laurentino López Villaseñor, cercano al partido de Enrique Alfaro, Movimiento Ciudadano, y seguramente le está muy agradecido por haberle prolongado su cargo por diez años, falló en favor de la empresa comercializadora, Green Life Capital, y que desde hace rato anunciaba ventas de departamentos, y expidió el certificado de habitabilidad que se dio a conocer este lunes 20 de diciembre.
En el lapso de los últimos nueve o diez meses hubo una serie de movimientos políticos en el
Ayuntamiento de Zapopan que, ahora más que nunca dan lugar a la sospecha. Pablo Lemus, quien muchas veces afirmó tajante que no permitiría habitabilidad en El Bajío y concretamente en laVilla Panamericana y su alrededor, de repente pidió licencia en febrero para ser candidato a una diputación que
luego cambió para aspirar al gobierno municipal de Guadalajara no sin planchar al candidato Ismael del Toro quien renunció “por motivos familiares”, lo que yo, al menos, nunca creí.
En ese lapso y en el que más parece se fraguó una conjura contra a sociedad, Lemus dejó -del 26 de febrero al 6 de septiembre de 2021, cuando regresó para terminar en 24 días su mandato y saltar a la capital del estado- a Graciela Obandía Escalante, hecha a su medida, habría de cumplirle su plan, y en el
aparente o real vacio de poder, mientras Lemus Navarro echaba sus maromas políticas, Green Life aprovechó para reactivar su lucha en contra del municipio zapopano y ganar en el campo minado por las mismas autoridades que nunca reclamaron para bien de esa reserva natural que debería seguir protegida.
Tardíamente hoy, el gobierno de Zapopan -entiéndase Juan José Frangie-, se golpea el pecho y rechaza en un desplegado la sentencia “atropellada” del Tribunal y dice que “no dejó de interponer recursos” y que agotaron toda a lucha jurídica, “sin dejar de interponer un solo recurso”. ¿Y el del reclamo cuando estaba en tiempo, qué? Acaso, ¿no hay aún un recurso federal?
Me parece que todo es un juego con valores sobreentendidos entre empresarios, autoridades y jueces.
Pero todo nos viene desde aquella abyecta actitud de Emilio González Márquez y ese atropello a las leyes
y reglamentos que le valieron nada para echar mano tanto de los recursos económicos del
Ipejal (Instituto para la Promoción de la Vivienda) como del dinero de los pensionados, para financiar las
obras donde los ganones son y serán los desarrolladores de inmuebles, sin duda.
