Guadalajara, Jalisco.-Luego de una audiencia que se extendió durante más de 11 horas, los tres extitulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) en el pasado sexenio, Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo y Daviel Trujillo, fueron vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, los extitulares de la Sedis habrían otorgado durante sus gestiones 14 millones de pesos a organizaciones civiles que en su organigrama tenían a funcionarios públicos.
Tras la presentación de pruebas del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco, el juzgador del caso determinó que existen datos suficientes para que los tres exfuncionarios enfrenten un proceso legal, aunque lo harán en relativa libertad.
Los tres exsecretarios estatales deberán acatar medidas cautelares, aunque en ninguno de los casos se dictó prisión preventiva.
Dichas medidas consisten no salir del país y acudir a los juzgados de Puente Grande una vez al mes para hacer constar que continúan en el estado y apegados al proceso.
Además de esto, los tres enfrentarán un resguardo domiciliario, disposición que alienta a los vinculados a permanecer en sus domicilios, aunque pueden realizar con normalidad sus actividades diarias.
En entrevista con Las Noticias, noticiero del Canal 4 de Guadalajara, Miguel Castro consideró que su vinculación al proceso es un “despropósito” y calificó su situación como “un tema que tiene tinte político”.
“Esto porque nos vuelven a dictar las medidas cautelares, como si fuéramos personas que no tuviéramos arraigo”, declaró.
Además, recriminó a Enrique Alfaro Ramírez, de quien dijo confío en que no politizaría el tema.
“Hace algunos días el titular del Ejecutivo dijo que no se iban a manejar estos temas con tintes políticos”, dijo, y añadió que el “deshago de pruebas de pruebas irresponsable. Me parece que es un despropósito”.
Finalmente, Castro Reynoso se deslindó de cualquier responsabilidad al asegurad que los recursos erogados a las organizaciones civiles se determinaron bajo consenso y “no fue una decisión unipersonal”.
El juez otorgó tres meses para cerrar la investigación en torno a los vinculados. Los otros dos involucrados no han declarado al respecto.
Según el Código Penal, los tres extitulares de la Sedis podrían enfrentar de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el sector público.
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