El 22 de diciembre de 1997 se cubrió de sangre la comunidad zapatista de Acteal, en el municipio de San Pedro Chenalhó, en Chiapas. El grupo paramilitar Paz y Justicia irrumpió en la capilla del lugar donde los indígenas se encontraban orando por la paz y llevaban tres días en ayuno. El saldo fue de 45 personas asesinadas: 15 niños, 21 mujeres (cuatro de ellas embarazadas) y nueve hombres.
Todas las víctimas pertenecían al grupo Las Abejas, organización civil fundada en 1992 y galardonada por el gobierno francés por la defensa de los derechos humanos y su lucha contra la discriminación. Al momento de la matanza, policías estatales y soldados federales se encontraban apostados a 300 metros del lugar. Todos los detalles debían ser cuidados. Los caminos protegidos para que huyeran los agresores.
Como en 1997, cuando la historia se comenzó a escribir semanas antes, y el desinterés del gobierno, junto a la sordera de una parte de la sociedad se hicieron presentes, hoy, en el norte de Chiapas, asistimos a condiciones similares a las que dieron origen a la matanza de Acteal.
Hoy, como en la década de los noventa, no se atiende el problema de raíz y la violencia sigue su curso. Los desplazamientos de las comunidades ya suman 12 mil (2 mil en las últimas semanas); la desesperanza de los indígenas tzotziles y tzeltales aumenta al paso de los días; la urgencia sanitaria a consecuencia de la pandemia y la dura situación económica en la que subsisten miles de mujeres y menores de edad parece no tener fin.
Los grupos de autodefensas han comenzado a surgir, para la resistencia pueblo por el pueblo. Armas de un lado y de otro configuran los enfrentamientos en varias comunidades del estado. Las acciones violentas se presentan en cascada y ninguna autoridad, sin importar el nivel de gobierno, parece atender de manera adecuada el conflicto presente en las comunidades indígenas. Al contrario, todo indica que el caldo de cultivo para nuevas masacres de indígenas está a punto de ser el adecuado.
Los sucesos: el 5 de julio, el indígena tzotzil, Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, fue asesinado de un balazo en el municipio de Simojovel. El miércoles pasado, sujetos armados irrumpieron en la cabecera de Pantelhó, para colocaron retenes y cortar la energía eléctrica e incomunicarlo vía telefónica. El jueves, pobladores de Pantelhó, informaron que haber recibido amenazas del crimen organizado.
Desde el miércoles se han presentado enfrentamientos en los límites entre Pantelhó y Chenalhó, en los que participan el grupo denominado Los Ciriles, que según han manifestado, se organizó para defender al pueblo del crimen organizado. El fin de semana pasado, seis agentes estatales y tres elementos del Ejército mexicano fueron heridos a tiros por civiles cuando trataban de desbloquear la carretera cerca de la entrada a la cabecera municipal de Pantelhó.
Un grupo denominado Autodefensas del Pueblo, El Machete advirtió que su objetivo es expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes y al crimen organizado de sus comunidades. Todo ello, tiene en máximo riesgo al menos a 19 comunidades de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó.
Esta historia ya la vimos, no solo en Chiapas, sino en Guerrero y Oaxaca. De nueva cuenta las comunidades indígenas son asediadas no sólo por grupos políticos, económicos y paramilitares, sino por células del crimen organizado. A la ausencia de las autoridades, los indígenas han comenzado su propia defensa. En este escenario, el desenlace no puede ser favorable. Espero equivocarme.
Autodefensas de Pantelhó, Chiapas, aseguran que tomaron las armas para defenderse del crimen organizado. Denuncian colusión de autoridades.
Piden “al mal gobierno que no envíe su Guardia Nacional, su ejército y su policía porque ya no es tiempo”. pic.twitter.com/ctVCw2uy39
— Denise Maerker (@DeniseMaerker) July 13, 2021
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