En este periodo electoral que culminará en las urnas el 6 de junio próximo, muchos temas han preocupado a la sociedad civil y política del país: la baja calidad de los candidatos y sus propuestas, el raquítico nivel en el debate de las ideas en la forma y el fondo, las coaliciones partidistas sin brújula ideológica alguna más que la finalidad de obtener el triunfo, los confusos llamados al voto útil que bien a bien no queda claro a quién beneficia y a quien perjudica, la avalancha de encuestas que cada vez gozan de menor credibilidad, la guerra de mensajes publicitarios que dicen poco y confunden mucho, la guerra sucia entre todos los convidados al proceso electoral, y la intervención de actores desde espacios gubernamentales utilizando recursos públicos para movilizar la maquinaria electoral de sus colores partidistas. violencia política
Sin duda, esta realidad afecta de manera directa la calidad del proceso electoral y el fortalecimiento de nuestra democracia. No obstante, estas circunstancias en mayor o menor medida las hemos sufrido en los anteriores procesos electorales. Sin embargo, hoy asistimos a un escenario de violencia política contra todos los partidos y actores contendientes, que si bien, tampoco es nuevo, si muestra mayor intensidad con respecto a elecciones pasadas.
En lo que va de este periodo electoral han sido asesinados 88 políticas y políticos, de los cuales 34 eran candidatos. Además, un gran número de contendientes electorales han recibido amenazas, ataques y acciones de violencia e intimidación. De los 88 asesinatos, 44% de las víctimas pertenecían a los partidos de la alianza Va Por México, integrada por PAN, PRI, PRD.
En tanto, 28% militaba en los partidos de la alianza Morena, PVEM y PT.
De los 34 aspirantes y candidatos asesinados, 29 buscaban un ayuntamiento, regidurías o sindicatura y 89% pertenecían a fuerzas políticas de oposición en los municipios que buscaban gobernar o representar. Los actos de violencia se presentan a lo largo y ancho de la República.
En comparación con el proceso electoral de 2015, el de este año ha registrado 29.5% más asesinatos. En cuanto al conteo de las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos) registradas hasta el 30 de abril de 2021, estas fueron 64% mayores que las que se generaron hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018.
Es claro, que grupos de intereses políticos y criminales inconfesables, están tratando de influir directamente en el resultado del proceso electoral, para instalar en la sociedad su particular agenda política-criminal. Frente a esa realidad urge que las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como la electoral, hagan lo necesario, no solo para garantizar la seguridad de los candidatos, sino para blindar de manera correcta el proceso electoral y así, cerrarles la puerta a los grupos criminales.
De cara a este violento escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza una lectura y hace un llamado a los medios de comunicación, que lejos de ayudar a disminuir el ambiente de violencia, genera mayor confusión. El inquilino de Palacio Nacional considera que los medios de comunicación “magnifican” los hechos relacionados con la violencia política y exige un ejercicio periodístico “ético y menos amarillista”. Sin duda, se equivoca con su apreciación y coloca el problema de la violencia política donde no se encuentra.
Más allá de los naturales encontronazos ideológicos y programáticos entre los partidos políticos en el contexto de una campaña electoral, todos debemos estar ciertos de la necesidad de trabajar para evitar que la violencia se apodere de las elecciones y de la República.