Felipe Cobián Rosales
Una crisis de gobierno tan grave como la que padece al final de su administración Jorge Aristóteles Sandoval con el escandaloso caso de los 444 cadáveres que no descansan dignamente ni en paz porque los que no están en la morgue han andado itinerantes en cajas de tráileres refrigerados (322), sólo tiene su explicación en la frivolidad, la displicencia y la negligencia, cuya suma es la desfachatez.
Recuérdese que antes de asumir el cargo, el gobernador maniobró con diputados que cambiaron disposiciones legales para que el otrora responsable de la seguridad pública y procurador general de su antecesor -el panista Emilio González Márquez-, pasara en automático a fiscal general.
Así Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, cuestionado desde entonces por su presunta protección a uno de los cárteles, fue fiscal estatal durante la primera parte del gobierno de Aristóteles, habiendo terminado cuestionado asediado por sus enemigos por lo cual tuvo que refugiarse en alguna parte para volver, meses después como secretario del Trabajo. En mayo pasado sufrió un atentado del que milagrosamente salió ileso y lo obligó también a salir del país.
Hay que hacer memoria, además, de que apenas estrenándose como ejecutivo estatal, Jorge Aristóteles sufrió la pérdida del secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, ejecutado por un comando poco después de salir de una reunión de gabinete en la Casa Jalisco. Nunca antes, el gobernador averiguó sus antecedentes.
En el curso de su administración, Sandoval Díaz ha tenido que lidiar incluso contra su propio padre, Leonel Sandoval Figueroa -“Papá Leonel”, le llaman- (claro que él no lo escogió), pero quien evidentemente metió mano en su gobierno en su calidad de exdiputado y exmagistrado del Supremo Tribunal de Justicia del estado.
Ahora, en las postrimerías de su mandato, su principal colaborador, su mano derecha, el hombre de sus confianzas, el que le habla al oído, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, el mismo que lo debe tener al tanto del acontecer, sucedió que, como presidente de la junta que administra el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), no le informó de las necesidades apremiantes de dotarlo de un mayor presupuesto. Al menos, esa fue la explicación del gobernador.
De ser así, ¿López Lara pondría al tanto a su jefe de la situación de violencia que se vive y establecer con él estrategias de combate a la incontenible inseguridad pública, a los ajustes de cuentas, al pulular de los cárteles de la droga y, en general, del crimen organizado o desorganizado?
Mientras tanto, entre dimes y diretes, los funcionarios le siguen echando la culpa al IJCF. El secretario general volvió a sus andadas, cuando debería preocupase más por frenar el baño de sangre que en este gobierno suman, mínimamente, cinco mil homicidios. De esos, tres mil 200 sucedieron entre 2017 y lo que va de 2018. Un incremento como nunca.
La fiscal central, Maricela Gómez de los Cobos, se apresuró a decir en televisión que la responsabilidad de esos muertos es del exdirector del instituto. Eso que ella misma firmó el convenio en 2017 donde se establece que la Fiscalía sería la encargada de los cadáveres.
Dante Haro, de Derechos Humanos de la Fiscalía General, le echa la culpa Luis Octavio Cotero, “por actuar sin el aval de la Fiscalía” y porque no todos los cuerpos están debidamente registrados. Antes, no informó de eso a su superior. ¿Por qué hasta ahora?
Es tiempo de que cada cual se haga responsable de sus actos y tenga el honor de reconocerlos. En tal caso, renunciar o esperarse a ver si el gobernador destituye a quien no le entera lo que sucede.
Por lo pronto, adelantó el castigo con la suspensión del reparto de notarías. López Lara estaba en la lista de premios de fin de sexenio. ¿Eso es suficiente? A la mejor le apuestan al olvido y la consigue pronto. Una notaría es la mejor jubilación.