Mirada Violeta
Criterios
En los últimos 40 años ha existido un importante avance internacional y regional en el ámbito normativo del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, en lo que toca la igualdad de género, la superación de discriminaciones y violencia de género, así como su relación con el derecho a la educación.
Sin embargo, a pesar de los avances, no solo ningún país ha logrado eliminar la desigualdad de género en todos los aspectos de la vida social ─lo que incluye el ámbito del derecho a la educación─ sino que la violencia de género se ha incrementado.
La desigualdad y la violencia de género siguen entre las principales formas de injusticia y violación a todos los derechos humanos que presentan nuestras sociedades. La brecha entre lo jurídico y su efectiva implementación, el alto grado de impunidad y falta de acceso a la justicia, son factores que vienen de la mano con el poco conocimiento de las políticas y herramientas disponibles y la falta de presupuestos adecuados para acciones efectivas en pro de la igualdad entre los géneros.
Lo anterior solo contribuye a mantener los patrones socioculturales patriarcales, que establecen relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres y configuran obstáculos al avance hacia un horizonte más igualitario.
La desigualdad y la violencia de género tienen múltiples expresiones en los sistemas educativos, que van desde la exclusión y discriminación de niñas, adolescentes y población LGBTI en las escuelas hasta métodos pedagógicos, planes de estudio e infraestructura que refuerzan los estereotipos y roles de género, manteniendo el status quo. En el actual escenario, se asiste al crecimiento de agendas regresivas de derechos humanos en América Latina y el Caribe, que van en contra de la igualdad de género, la diversidad sexual, el derecho a la identidad de género, la educación con enfoque de género, la educación laica y la educación sexual integral; todos derechos humanos reconocidos por los Estados de nuestra región.
Esos retrocesos se están concretando desde disputas en los ámbitos legislativos, de políticas educativas y materiales pedagógicos, así como en el ámbito jurídico, poniendo en riesgo la construcción de protección de los derechos humanos consagrada en las últimas décadas.
Estas han sido reflexiones que desde la Campaña por el Derecho a la Educación y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y otras redes regionales y nacionales, han posicionado en diversos comités de las Naciones Unidas para evitar las regresiones a los derechos humanos en la región.
Sin duda, en estas fechas que las instituciones del Estado se vuelcan en discursos sobre el respeto a los derechos humanos, debe hacerse una revisión puntual de los adeudos en la materia y pagarse las cuentas pendientes.
En Jalisco le toca al Congreso del Estado no dejarse intimidar por grupos regresivos y aprobar la Ley de Identidad de Género, como una deuda pendiente a la diversidad de personas que conformamos esta entidad.
@lupitaramosp