La presencia y el poder de las bandas de criminales se manifiesta en más de 80 por ciento de las corporaciones policiacas en Jalisco, aseguró Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG). policías
80 por ciento de corporaciones intervenidas por la delincuencia fue el dato que arrojó un estudio realizado por la dirección de desarrollo municipal del Senado; ese dato correspondió a la administración pasada, “esa cifra ya aumentó”, dijo el especialista.
En su momento se aseguró que el problema fue la ausencia del estado para realizar acciones articuladas para resolver problemas en los municipios.
Partidero buscó al académico para saber si el porcentaje se mantenía o había tenido alguna variación.
“Desgraciadamente en Jalisco debemos ser claros: hay penetración directa en los cuerpos policiacos, se habla que en cada municipio hay un encargado de la plaza, y me refiero a la plaza del crimen organizado. Estos representantes de los criminales en cada municipio son los que tienen los controles sobre los directores de policía, y quienes se oponen son asesinados o presionados por los propios directores”, señaló.
“En dos años van 40 policías asesinados, de entre ellos un fiscal regional y siete directores de policías que habían dejado sus cargos”, informó el profesor investigador de la UdeG.
Dijo que es un despropósito que en los municipios de la entidad quienes están aplicando justicia son los propios criminales. En el pasado reciente, quienes hacían justicia alternativa eran los ayuntamientos.
Partida Caballero comentó con ironía que “ahora resulta que los malos son los buenos”. Como ejemplo, manifestó que ante la ausencia de las corporaciones para solucionar problemas, el hampa ofrece sus servicios a una de las partes en conflicto, o una de esas partes busca a los criminales para que les den solución”.
“Y así los criminales hacen labores de venganza no de justicia. Y a la luz de los cuerpos policiacos, quienes se han replegado en sus propios ayuntamientos para que las plazas apliquen la seguridad y la justicia, ¡y claro que cobran por ese servicio”.
Varios agroproductores de la zona aguacatera en la parte sur de Jalisco, algunos procedentes del vecino estado de Michoacán, “son miles de hectáreas de árboles de aguacate, son grandes lavadores de dinero, aunque también hay inversionistas honestos”.
Varias de esas personas solicitan “protección” a los criminales, se convierten en lo que se conoce como guardias blancas o autodefensas, “como se hacía en Colombia que posteriormente terminaron siendo más criminales que los propios cárteles”, manifestó.
Alfaro lo reconoció
El propio mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó el 6 de junio pasado que el “crimen organizado” podría haber dado la orden a los policías ministeriales, quienes un día antes “levantaron” a decenas de jóvenes que intentaban manifestarse frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
Las y los muchachos pedían justicia por la muerte del joven Giovanny a manos de policías del municipio de Ixtlahucán de Los Membrillos.
“Mi instrucción fue no usar la violencia, mantener actitud de contención. Esta instrucción fue desacatada por este grupo que atacó a estos jóvenes. ¿Quién dio la instrucción? No fue el fiscal del estado. Tenemos la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia”, aseveró hace cuatro meses el gobernador en sus redes sociales.
Partida Caballero mencionó que de manera recurrente autoridades de la entidad han manifestado que en materia de seguridad, Jalisco va por buen camino, “se nos dice que vamos muy bien, y no, estamos muy mal, ni siquiera tenemos un mapa geocriminal que nos diga a quién hay que perseguir y aprehender en cada municipio. A esa gente hay que perseguirla con la potencia del estado”.
Agregó que Jalisco carece de políticas públicas que hagan frente a los criminales. “En el norte de Jalisco hay más regidores que policías. ¿Qué potencia puede tener esa policía si son fácilmente vulnerables ante el crimen organizado? A esos policías se les paga entre cinco y seis mil pesos mensuales. La labor del policía municipal es loable y representa un ideal, pero en la realidad no funciona”, concluyó.
