La nueva ocurrencia de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, fue echar a andar la creación de una mesa “ciudadana”, que coordinará el periodista Enrique Toussaint, para discutir la permanencia de Jalisco en el Pacto Fiscal. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera que los gobernadores que integran la Alianza Federalista preguntaran a la ciudadanía sobre sus deseos de abandonar el acuerdo.
El Pacto Fiscal realmente se refiere al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) que se deriva de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). La adhesión de Jalisco al SNCF se dio durante el gobierno de Flavio Romero de Velasco, en diciembre de 1979. En dicho convenio se establecen las bases con las cuales Jalisco recibirá los impuestos federales, obvio que cada una de las cláusulas se basan en la LCF.
Es claro que esta nueva ocurrencia de Enrique Alfaro se enmarca en el activismo que ha mostrado el gobernador de Jalisco desde el inicio de su administración, en la cual, de forma continua, se ha confrontado con el gobierno federal; uno de los temas más recurrentes durante este año ha sido la distribución del presupuesto público que asigna la Secretaría de Hacienda a cada uno de los estados del país.
Sobre la formación de la mesa, llama la atención en primer lugar que Alfaro haya ignorado a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, entre cuyas atribuciones se encuentra la de “diseñar y ejecutar las políticas públicas que incentiven la participación ciudadana y gobernanza del Estado, así como determinar el diseño y aplicación de las metodologías y criterios de evaluación, medición y cumplimiento de la política de participación”.
La instalación de la mesa que propuso Alfaro, justamente aspira a impulsar la participación ciudadana, por tanto, dejar fuera a esta Secretaría muestra que, para fines prácticos no tiene incidencia real en construir ciudadanía ya que la dejan fuera de los temas más importantes donde podría incidir en la participación ciudadana.
En segundo lugar, el mensaje más reciente del gobernador Alfaro, en el que acusa a los diputados de Morena de quitarle 9 mil 200 millones de pesos a Jalisco quedó desmentida por la periodista Sonia Serrano, del Diario NTR, al demostrarse que en la propuesta de ingresos que el Ejecutivo estatal envío al Congreso Local no existe evidencia de ese recorte.
Dos días después, el encargado de las finanzas de Jalisco, Juan Partida mostró ─contradiciendo a su jefe Alfaro─ que los 9 mil 200 millones se refieren a la disminución del gasto federal que se realiza en Jalisco y no a las partidas presupuestales que entrega Hacienda.
La estridente declaración de Alfaro es un poco tramposa, porque en su discurso ampliamente difundido en redes alegaba que la Federación estaba quitando recursos a Jalisco de las partidas presupuestales, y por ello amenazaba de salirse del pacto fiscal.
En tercer lugar, si Alfaro está inconforme con el Pacto Fiscal, ¿por qué no menciona qué artículos de la Ley de Coordinación Fiscal o qué cláusula del Convenio que firmó Jalisco con Hacienda se están violando o no se están cumpliendo? Un debate serio debería mencionar cuántos recursos no está entregando a Jalisco la Federación derivados de la LCF. En esas circunstancias la Secretaría de Hacienda estaría obligada a responder al gobierno de Jalisco por qué está incumpliendo la LCF; sin embargo, eso no ha ocurrido.
En cuarto lugar, Enrique Toussaint publica este domingo 15 en El Informador un artículo que denomina Me explico; ahí expone los objetivos, características y pasos a seguir en la mesa que propuso Alfaro. Toussaint asegura que el proyecto “sólo tendrá éxito si cuenta con una copiosa participación de la sociedad. Ningún proceso de cambio social puede ver la luz sin una mayoría social que lo respalde”.
Ese es justamente el principal problema de esta nueva ocurrencia de Alfaro: no existe una base social en Jalisco que esté demandando la salida de Jalisco del Pacto Fiscal ni del Pacto Federal; por la misma razón, no habrá una copiosa participación de la sociedad discutiendo este tema en Jalisco, y será otra vez un puñado de académicos, periodistas, empresarios y algunas voces de “la sociedad civil” que se sentarán a discutir un tema que no está en las preocupaciones cotidianas de la gente.
Todos los que ahí participen, incluyendo a su coordinador, sólo serán una pieza más en el rompecabezas que ha armado Alfaro en su carrera política rumbo al 2024. Toussaint sabe que esta propuesta de mesa ciudadana es un acuerdo entre élites de Jalisco: gobierno y cúpula empresarial que se oponen al gobierno de López Obrador, y lastimosamente, él será usado en este proyecto.
En quinto lugar, Alfaro y sus socios que forman la Alianza Federalista, parecen ignorar que derivado de la terrible pandemia que vive el mundo, México está sufriendo una de las crisis económicas más profundas de su historia; el PIB este año se desplomará alrededor de 9%, en esa misma proporción se caerán los ingresos del gobierno federal. Los ingresos disponibles para 2021 serán menores para todos; por tanto es al menos egoísta o mezquino que Alfaro le atribuya al Ejecutivo la disminución de las partidas federales; la discusión de la Ley de Coordinación Fiscal es necesaria, pero hacerlo en esta coyuntura de crisis económica es ocioso, además la discusión no es con el Ejecutivo, es con el Congreso de la Unión.
Por tanto, la instalación de la mesa que propone Alfaro y todos los demás episodios de confrontación que vengan en el futuro son parte de una sola estrategia: posicionar al gobernador de Jalisco en el plano nacional, pura mercadotecnia política. Ya sabemos que el discurso de participación ciudadana de Alfaro es sólo eso, discurso. La instalación de la mesa es sólo para simular que se toma en cuenta a la ciudadanía y por tanto, es previsible que los resultados de la misma sean ignorados.
Insiste Alfaro en abandonar el Pacto Fiscal; nombra a coordinador
