Guadalajara, Jalisco.-Luego de que en septiembre de 2018 se diera a conocer que un tráiler  refrigerado a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Fiscalía del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación y presentó un informe especial en el que menciona las irregularidades cometidas por parte de las autoridades.

Dicho proceso fue identificado como una “contingencia”, en la cual la CEDHJ y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estuvieron presentes en su proceso.

La Fiscalía General del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) señalaron que fueron 444 las personas fallecidas no identificadas ni reclamadas, las cuales fueron acumuladas y resguardadas en tres cajas frigoríficas móviles y en las fijas del mismo instituto.

Personal de la CEDHJ señaló que fueron 605 cuerpos acumulados, por lo que iniciaron sus respectivas quejas, con el fin de saber si sus derechos post mortem fueron respetados, si se les dio un trato digno, y si se cumplió con los protocolos correspondientes para el acceso a la verdad y justicia de sus familiares así como de las víctimas indirectas.

Durante la contingencia enterraron a 541 personas, logrando la identificación de 64, que fueron identificadas y entregadas a sus familiares.

En las investigaciones llevadas a cabo por la CEDHJ se dijo que de las personas sin identificar que fueron enterradas, por lo menos 116 contaban con algún nombre de pila o completo que les permitiera abrir investigaciones para su identificación, seis tenían entre sus pertenencias algún documento de identifiación como licencia de conducir o credencial para votar. Pero, las autoridades no realizaron acciones para identificarlos ni buscar a sus familiares.

Sobre las 64 personas identificadas por sus familiares, la CEDHJ solo tuvo acceso a 39 indagatorias. De ellas, 13 fueron por medio del Sistema Automático de identificación Dactilar (AFIS en inglés), 11 por señas particulares como cicatrices, vestimenta o tatuajes, ocho por confronta de ADN solicitada por la Fiscalía Especializada en Persona Desaparecidas, debido a denuncias por desaparición; dos tenían en sus pertenencias documentos de identificación desde que fueron encontradas, y  de las cinco restantes no obtuvieron datos sobre su método de identificación.

Debido a que las personas antes mencionadas fueron identificadas debido a la contingencia y no antes, la CEDHJ acreditó la falta de coordinación institucional entre la entonces Fiscalía local y el IJCF para llevar a cabo los dictámenes periciales que permitieron la identificación de las personas.  Además, los cuerpos permanecieron en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) entre 1 y 34 meses.

Gracias a las indagatorias, investigaciones y revisiones llevadas a cabo por la CEDHJ, dicha institución enlistó las omisiones e irregularidades cometidas por el IJCF:

1. En prácticamente todos los casos no hubo un claro esclarecimiento de los hechos.
2. Existen carpetas de investigación, averiguaciones previas y actas ministeriales que no están firmadas por agentes ministeriales.
3. Hubo retrasos en la generación de la carpeta de investigación o averiguación previa.
4. Los expedientes básicos de identificación carecían de los dictámenes periciales contemplados por el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.
5. En ciertos casos, gracias al sistema AFIS se obtuvieron datos de otros estados del país, pero los agentes del MP no solicitaron a las Fiscalías o Procuradurías de dichos estados su colaboración para localizar a los familiares.
6. Hubo cambios constantes en agentes del MP investigador o personal de la policía que investiga los asuntos.
7. Debido a la tardanza en la práctica de algunos dictámenes de huellas dactilares, no se les pudo tomar huellas a algunas personas debido al estado de descomposición de sus cuerpos.
8. Las personas fallecidas estaban en malas condiciones de conservación.
9. Una gran cantidad de los dictámenes de ADN se llevaron a cabo lentamente y se documentaron hasta que la contingencia se dio a conocer públicamente.

Tras el análisis de la ocurrido, la CEDHJ hace las siguientes recomendaciones a las autoridades involucradas en el tema:

• Que de manera conjunta y coordinada contacten a todas las familias de las personas fallecidas que hayan sido identificadas para darles la atención y reparación integral del daño causado por los hechos, misma que deberá ser entregada a los familiares que identifiquen y reconozcan a sus seres queridos después de que esta recomendación sea emitida.
• Que colaboren con instituciones nacionales y de otros estados para que los apoyen en búsqueda y localización de personas desaparecidas.
• Mantener una comunicación adecuada con los organismos correspondientes para los casos en los que haya una denuncia por desaparición, para lo cual debe de haber un protocolo.
• Ejecutar los procesos de responsabilidad administrativa contra el personal identificado que no cumplió con sus respectivas actividades y obligaciones.
• Instruir al personal a cargo del Sistema Informático para el Archivo Básico de Personas Fallecidas (SIABA-PF) para que continuamente ingrese a dicho sistema toda la información relacionada con las Personas Fallecidas sin Identificar que fueron enterradas para que los familiares tengan la oportunidad de identificarlas y que les sean entregadas.
• Que en el laboratorio de Genética, al mismo tiempo que se les toman muestras a los familiares de los desaparecidos se haga la confronta de ADN a las muestras tomadas a las personas fallecidas que fueron enterradas.
• Hacer una investigación administrativa sobre la cremación de Personas Fallecidas sin Indentificar que llevó a cabo el IJCF entre el 2011 y el 2015 y cuyas cenizas están en las instalaciones del antiguo SEMEFO, con el fin de corroborar si cumplieron con los procedimientos correspondientes.