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Criterios

Desde hace decenios, la corrupción constante y sonante en el Poder Judicial de Jalisco –entiéndase Supremo Tribunal de Justicia (STJ), que incluye desde actuarios hasta magistrados, pasando por jueces civiles y penales– ha sido una constante in crescendo  a la que, por desgracia, quienes son parte de la misma, incluidos abogados, nos han acostumbrado.

A nadie le extraña, pues, que el mismo presidente del STJ y quienes lo llevaron al poder sugieran, pidan y hasta fijen cuotas a pagar por tal o cual litigio, como fue el caso que denunciamos en la columna anterior titulada “Con los Suro se topó la Iglesia”, que tuvo que pagar a esa familia dos millones de pesos por un arreglo extrajudicial al que fue orillada la institución religiosa.

El asunto se refiere a Cáritas de Guadalajara. Su director, el sacerdote Francisco de Asís de la Rosa Patrón fue apresado por supuesto fraude calificado, después de haber recibido en donación, para ayuda del citado organismo, cuatro predios urbanos notariados que estaban embargados para garantizar el pago de una deuda por  honorarios al abogado Ricardo Suro Campos, padre del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro Esteves, cosa que ignoraba el eclesiástico.

La deuda, motivo del embargo, era por la suma de 3.8 millones de dólares. Al enterarse de la situación irregular de los valiosos terrenos urbanos, Cáritas interpuso una demanda de nulidad de las donaciones y actos colaterales.

“La familia Suro ha dicho que Cáritas incumplió con el contrato de donación por así convenir a interés mezquino”, denunció el 28 diciembre pasado el Arzobispado y adelantó que no se prestaría a un arreglo extrajudicial, como lo quería “la poderosa familia Suro”.

No obstante, los demandantes exigieron, y hasta presionaron –según se supo en fuentes muy cercanas a la Mitra– que a cambio de la libertad del padre De Asís tendrían que desembolsar dos millones de pesos, porque además había otras tres órdenes de aprehensión en contra de personas de la institución de beneficencia social y desarrollo humano.

El caso es que, ante las presiones para que saliera de la prisión el sacerdote y no detuvieran a las tres personas restantes, alguien de la propia Iglesia católica convenció al Arzobispado a dar el soborno, a pesar de que antes había demandado legalidad y que “resplandeciera la verdad, la justicia y la caridad, no el abuso de quien se aprovecha de su poder  y realiza abominaciones”…

Así las cosas, cuando se sujeta a alguien de la jerarquía eclesiástica a hacer un pago fuera de la ley, ¿qué puede esperarse de la gente común y corriente y qué no de los desarrapados?

Flaco favor le hizo la Iglesia católica a la lucha en contra de la abominable corrupción que, decíamos arriba, ya tiene muchos años que se ha empoderado y apoderado del mismo Poder Judicial, y llega a límites insospechados y a la falta absoluta de un mínimo de honestidad y vergüenza.

Para concluir, baste hacer un rápido recuento de los que han sido los últimos presidentes del STJ:

Jorge Saracho Álvarez, quien tuvo que abandonar el puesto poco antes de cumplir su encargo a principios de la década de los 80, cuando denunciamos el desvío de recursos públicos a la remodelación de su casa particular.

Jorge Chavira Martínez (89-91), quien desempeñó un papel muy favorable hacia quienes hacían negocios ilícitos con terrenos de alta plusvalía en zonas circundantes de la ciudad, entre otros.

Hace mucho menos tiempo, el magistrado presidente Celso Rodríguez Conzález (2006-2012), se autoeligió, mediante marrullerías, durante varios períodos hasta completar siete años en el cargo, y aún así se amparó para no dejar la magistratura en favor de la elegida para sustituirlo, la juez Rosa María del Carmen. Por si fuera poco, a este legista le fue retirado su fiat como notario público por ejercer dobles funciones como funcionario y como particular. Eso ocurrió el 12 de marzo pasado por disposición del gobernador Enrique Alfaro. En su haber, el todavía magistrado tiene al menos una denuncia penal en su contra por presunto homicidio. Independientemente de eso, según testigos, se ha enriquecido sin explicación lógica.

Carlos Vega Pámanes (2013-2016), quien fue muy cuestionado por su administración y terminó defenestrado e inhabilitado por 9 años para ejercer un cargo público por haber ocultado sus antecedentes penales y por mentir para llegar a magistrado.

Finalmente, el actual, Ricardo Suro Esteves, reelegido en diciembre ce 2018 mediante presiones de diversa índole, según denunciaron un colegio de abogados y otras personas. Sus padrinos para llegar al máximo cargo, con apenas año y medio como magistrado, fueron el exgobenador Jorge Aristóteles y su padre Leonel Sandoval Figueroa, compadre de Ricardo Suro Campos. En adelante, deberá responder a los cargos que ya se le hacen por presunto abuso de poder.

Imagen en portada: Ricardo Suro Esteves (izquierda), presidente del STJ.

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