Corrupción y conflicto de intereses en la 4T

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El Rincón de Clío

Criterios

 

Sin duda, la principal bandera político-electoral de Andrés Manuel López Obrador es el combate a la corrupción. La lucha contra ese flagelo es origen y destino para el gobierno de la 4T. No existe otra explicación a todos nuestros males que la corrupción; no hay otra receta para aliviarnos que acabar con ella. La premisa fundacional del nuevo gobierno es: si la cabeza no practica la corrupción, el resto del cuerpo tampoco. Todos se conducirán bajo el referente incorruptible del jefe del Ejecutivo.

En términos discursivos no suena nada mal la perorata, aunque en cuanto a las prácticas la realidad de la corrupción, el uso patrimonial de los recursos, y los negocios particulares al cobijo del poder terminan por imponerse.  Desde luego, no estamos condenados a que esto siga sucediendo como en el pasado, pero también es cierto que para evitarlo debemos tomar al toro por los cuernos, aun cuando el astado sea de nuestras amistades.

A menos de un año del inicio del gobierno lopezobradorista se presenta lo que puede ser la prueba de ácido para su narrativa anticorrupción. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dan cuenta de un presunto conflicto de interés entre nueve empresas controladas por once familias que tienen como punto de encuentro a la figura de Carlos Lomelí, empresario farmacéutico, excandidato al gobierno de Jalisco bajo las siglas de Morena y actual superdelegado del gobierno federal en nuestra entidad; además de  hombre cercanísimo al presidente López Obrador.

La investigación relaciona a Carlos Lomelí Bolaños con Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), una empresa que desde diciembre pasado ha celebrado contratos con el gobierno morenista en Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, así como con el gobierno federal.

“Solo en lo que va de 2019, Abisalud ha recibido 164 millones de pesos por ocho acuerdos de venta de medicamentos como paracetamol y material de curación. Seis de los contratos que han beneficiado a esta compañía han sido otorgados mediante una adjudicación directa. Desde 2013, Abisalud ha obtenido 150 contratos que le han generado ingresos por 2 mil 188 millones de pesos, para surtir hospitales y clínicas en los Estados de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas y Michoacán. Entre sus clientes se encuentran el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y Petróleos mexicanos (Pemex). La red de empresas farmacéuticas de Lomelí está conformada por miembros cercanos de su familia como su exesposa, sus tres hijos, su actual esposa, y otros parientes políticos como los tíos de su mujer y sus sobrinos. Algunos de ellos han intercambiado puestos en las diferentes empresas: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío” (El País, 20 de mayo de 2019).

Como era de esperarse, Carlos Lomelí ha negado, sin aportar pruebas, tener participación en las empresas farmacéuticas en cuestión. Seguramente se sabe protegido por el jefe del Ejecutivo federal, y apuesta a que López Obrador aplique la máxima juarista: “A los amigos justicia y gracia, a los enemigos todo el peso de la ley”.

Cuando se trata de acabar con la corrupción y los conflictos de intereses, el presidente debe dejar de lado sus descalificaciones y permitir que se realicen las investigaciones y actuar en consecuencia. No se trata de “grilla o pura politiquería”, como afirma López Obrador, se trata de recomponer la nación sobreponiendo esa labor a los intereses personales o de grupo.

De lo contrario, el gobierno de la 4T seguirá mirando la paja en el ojo ajeno y negando la corrupción en el propio.

 

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