Guadalajara, Jalisco.- La incapacidad del Gobierno de Jalisco para garantizar el acceso al agua potable y su insistencia en priorizar licitaciones privadas por encima del interés público detonaron la histórica movilización ciudadana por el agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Así lo advirtió a Partidero el economista y académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ignacio Román Morales, quien señaló que convertir un recurso vital en un negocio para el sector privado representa la “negación absoluta de un Estado de derecho”.
El académico explicó en entrevista que la indignación social que impulsa las manifestaciones y marchas colectivas, responden a que las autoridades han renunciado a su obligación constitucional de proveer un servicio digno.
La mercantilización de un derecho humano
Para el especialista, el problema de fondo radica en la incapacidad de las autoridades para comprender la diferencia entre las funciones esenciales del sector público y los intereses comerciales.
“El agua es un derecho, pero si no podemos tener un agua que cumpla con los criterios de ese derecho, entonces no podemos estar hablando de un Estado que esté haciendo la contraparte del derecho, que es la obligación de que el derecho pueda realmente otorgarse”, aseveró Román.
Criticó que la actuación gubernamental se haya reducido a la intermediación comercial, “lo más grave es cuando estamos entendiendo que el sector público tiene como actividad básicamente el hacer licitaciones privadas para que otros hagan negocio de lo que es un derecho. Es no entender la diferencia entre lo que es el interés público y el privado”.
La privatización
Respecto al discurso oficial de respeto a los ciudadanos y a la gestión del recurso, Román Morales subrayó que existe una contradicción estructural cuando el acceso a un servicio básico queda condicionado a criterios económicos o políticos.
“El respeto y la dignidad es valorar a alguien por sí mismo, no en función de otra cosa. En el momento en el que se está pensando básicamente que te puedo otorgar un derecho si votas por mí o siempre y cuando sea un negocio, eso implica una violación al respeto y a la dignidad”, sostuvo.
El analista manifestó que la postura del Ejecutivo estatal vulnera el pacto social al eludir sus responsabilidades presupuestales y delegar la atención de la crisis en entes privados; “no existe ninguna alternativa que tenga el gobierno del Estado que no sea la de licitar y decir ‘yo no tengo dinero’, echarle la culpa a la gente de la Ciudad de México y entonces decir ‘se lo entrego a mis amigos del sector privado y que se convierta en un negocio para que sea rentable’”.
