La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Emilio Lozoya como supuesto responsable de ocultar presuntos sobornos que recibió por parte de la constructora Odebrecht utilizando empresas y cuentas en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo que pidió que sea vinculado a proceso.

Los sobornos suben a más de 10 millones de dólares. Durante la audiencia, la FGR dijo tener documentos y testimonios que prueban la transferencia por cuatro millones de dólares a Lozoya durante la campaña de Peña Nieto, y seis millones más para cuando ya estaba a cargo de Pemex, todo ello usando presta-nombres y empresas fachada.

Lozoya se declaro inocente y se defendió argumentando que fue “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”. Aseguró estar dispuesto a colaborar con las autoridades.

Sus abogados expresaron que no debatirán la vinculación a proceso solicitada por la FGR ya que buscan obtener un criterio de oportunidad a cambio de colaborar en las investigaciones.

Además señalaron que su cliente fue usado por un “aparato organizado de poder” conformado por “altas autoridades del Estado mexicano”, quienes perpetraron hechos que la fiscalía señal como delictivos.

En el caso también están señaladas Gilda Susana Lozoya Austin; hermana del exdirector de Pemex, su madre Gilda Margarita Austin Solís, su esposa Marielle Helene Eckes y Nelly Maritza Aguilera Concha; corredora bienes raíces.

El exdirector de Pemex ha sido señalado por ex directivos de la empresa brasileña por presuntamente también inyectar en 2010 recursos a las campañas de dos candidatos priistas a gobernador: Javier Duarte y Rodolfo Torre Cantú, situación  que a la postre le permitió obtener contratos en Veracruz y Tamaulipas.

Juan Carlos Ramirez Benítez, Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, lleva la audiencia de hoy. Igual que la de ayer, se hace por video conferencia; no hubo acceso al público y el seguimiento para la prensa es por medio de notificaciones de Whats App.

Lozya aceptó ser extraditado a México bajo la promesa de colaborar con las autoridades del país para evidenciar una supuesta red de corrupción a nivel federal en el sexenio pasado.

Así, podría obtener beneficios como un juicio corto y pena reducida, o hasta una libertad anticipada.

Con información de Animal Político 

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