Felipe Cobián R.
En la lucha electoral Enrique Alfaro, al frente en las preferencias, y Carlos Lomelí, segundo en las encuestas, han ido más allá de los dimes y diretes en sus apariciones públicas y debates y se han enfrascado en mutuas denuncias judiciales.
Lo común y corriente en esta clase de contiendas son las acusaciones mutuas pero sin llegar a judicializar los errores o abusos en el ejercicio de algún cargo público o en la actividad particular.
Ahora las pugnas políticas han ido mucho más allá.
En adelante veremos de cuál cuero salen más correas.
Primero en el debate conjunto de candidatos en anunciar, y cumplir, la promoción de querellas fue el puntero de Movimiento Ciudadano por aquello de los 500 millones de pesos de medicamentos vendidos, de manera supuestamente irregular, al Ipejal (Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco), por parte del candidato de Morena.
Alfaro, envalentonado con su alianza con Raúl Padilla López, el mandamás sempiterno de la Universidad de Guadalajara, de quien había dicho que nunca se dejaría manipular, acusó también a Lomelí de hacer grandes negocios lavando dinero a través de edificaciones en terrenos que fueron de un narcotraficante sobre la avenida Acueducto, en donde las ganancias calculadas superan los dos mil 300 millones de pesos, según el acusador.
Hace varios años, el gobierno norteamericano había señalado al candidato moreno de ser lavador de dinero pero no aportó mayores pruebas.
Ahora, Lomelí Bolaños, a través de su coordinador, Juan Soltero Maza, ha enderezado una denuncia en la Fiscalía General en contra de Alfaro Ramírez por presunta extorsión cuando aún ejercía como presidente municipal de Guadalajara a fines del año pasado.
La denuncia se basa, aseguran, en un escrito que presentó el 31 de octubre pasado un señor de nombre Guillermo Alonso en el que denuncia que funcionarios de la Dirección de Inspección y Vigilancia reciben mensualmente 750 mil pesos por permitir la instalación de videojuegos y máquinas tragamonedas.
Soltero Maza afirma que en ese tiempo estaba a cargo de Inspección Sanitaria y Resguardo del Rastro en Inspección y Vigilancia, Francisco Cárdenas García, pero que por “no poder acusar a una persona fallecida, le corresponderá a la Fiscalía si existe alguna relación”.
Cárdenas García, suegro de un hermano de Alfaro, fue asesinado en un restaurante cercano al Rastro Municipal el día primero de este mes.
Por otra parte, la denuncia en cuestión se deriva también de un video en el que Rubén Lujan, exempleado del Ayuntamiento de Tlajomulco, señala extorsiones por la misma cantidad cometidas en aquel lugar.
Asegura el exencargado de soporte técnico del área jurídica de Tlajomulco en el video difundido por las redes sociales, que en la capital tapatía creció el número de videojuegos y máquinas tragamonedas en un 300%. El municipio desmiente esa información.
El dilema ahora, mientras son peras o manzanas es: ¿por quién votar?
Difícil saber cuál de los dos es más o menos honesto, y si las cosas son como se acusan, el ciudadano deberá razonar muy bien el sufragio. En último caso tendrá que decantarse por alguna de las opciones siguientes, que apenas si aparecen en las encuestas, y elegir a quien le parezca el menos malo y que lo haya demostrado en el ejercicio de sus funciones.