Para los que damos seguimiento a las diferencias, que convierte en escándalos la administración de nuestra máxima casa de estudios, nos resulta obvio que siempre se encuentren ligados a la esfera de los manejos del dinero. Por algo aparecen tales desacuerdos a la hora de los presupuestos y la entrega de recursos. Y la verdad que pareciera que no hay ni a cuál irle. udeg
Este año manejan un diferendo de alrededor de 150 millones de pesos. Los de la UdeG dicen que se los están regateando, o cancelando, o retirando, o lo que sea. Y la autoridad estatal se sostiene terca en su visión de que tales recursos se ocupan más en otros renglones prioritarios y allá hay que dirigirlos. Los de la UdeG dicen que tal dinero será invertido entre otras parcelas en el área de la salud, en inversión a un hospital civil en oriente, lo que esto quiera decir. Y así más complicaciones, donde aparece la construcción de un nuevo museo.
Harían bien en arreglar con pulcritud las dificultades internas que se les presentan con sus trabajadores, para poder salir a la palestra con la cara limpia y exigir a los administradores estatales una pulcra entrega de recursos, sin arrugar la cara. Pero ¿cómo pueden salir tan airados a la lisa, si en su propia casa no lavan la ropa sucia, como lo exigen los cánones? Para muestra nos sirve el caso de Imelda Hernández Pérez (IHP), enfermera del Hospital Civil, que detallamos a continuación.
La enfermera IHP, atenta al funcionamiento de sus tareas, en su momento acusó a la administración del Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez de diversas irregularidades en perjuicio de los trabajadores de los Hospitales Civiles de Guadalajara, el viejo y el nuevo. No paró en ello. También retó a debate al actual líder sindical de ambos nosocomios, Juan José Hernández Rodríguez en el año 2019. Sostenía la bandera de que había actos de acoso, violencia y persecución política en perjuicio de los trabajadores de los nosocomios pues. No se le fue por baranda tampoco, y lo denunció, un fraude de la empresa INNTEC, referente a las medidas de fin de año en contra de la base trabajadora.
Por ventilar tales carpetas fue requerida por la contralora general del Estado, María Teresa Brito Serrano. Ante ella denunció una serie de irregulares realizadas por la Comisión Mixta de Escalafón de la dependencia, además de descuentos de nómina superiores al 33% que establece la Ley Federal del Trabajo, por créditos otorgados por empresas con el visto bueno de la administración y el sindicato de dichos nosocomios. Hay que agregar que hasta la fecha la Contraloría General del Estado no ha notificado a la enfermera de los hallazgos referente a dichas denuncias, ni las sanciones impuestas a la administración.
Ante dichas denuncias, el órgano interno de control decidió suspender de sus funciones a la enfermera IHP, alegando que había incompatibilidad de plazas. La suspensión de la enfermera se originó en base a su propia denuncia de las irregularidades antes mencionadas. El órgano interno de control antes mencionado, en lugar de investigar y en su momento sancionar a los funcionarios públicos denunciados por la enfermera, la sancionó a ella por faltas inexistentes. Le aplicó a la denunciante la sanción más grave prevista en la ley general de Responsabilidades Administrativas, como es la suspensión de los servicios prestados.
Lo lógico y obvio fue que la enfermera IHP se defendiera y llevara su asunto a tribunales. Al final de dicho proceso, un tribunal colegiado determinó que su separación era ilegal y violatoria de derechos humanos. Le dio la razón a la trabajadora y ordenó en su sentencia lo conducente, lo que deshizo el entuerto cometido en contra de la enfermera. La justicia federal determinó que la enfermera debía ser reinstalada en su servicio.
El día lunes 17 de mayo del año 2021, se reinstaló en su servicio dentro de las instalaciones de la Unidad Hospitalaria Juan I. Menchaca del Hospital Civil de Guadalajara a la enfermera Imelda Hernández Pérez, después de un largo camino Jurídico que incluyó la resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco. Se determinó que el órgano interno de control de ese hospital, dirigido por la Lic. Gloria Idalia Partida Hernández, vulneró los derechos humanos de la enfermera al decretar una suspensión en su trabajo, sin que hubiera elementos que pudieran sustentar esa sanción administrativa.
Ante lo resuelto por las autoridades federales, resulta evidente que la sanción en contra de la enfermera tuvo un claro sentido de persecución política y emanó de las entrañas del grupo universidad, que regentea desde hace años los hospitales civiles de Guadalajara. Seguramente vio en las denuncias realizadas por la enfermera una amenaza cordial al control unilateral e impune que ejercen en tales nosocomios. Hicieron correr el rumor de que pretendía fundar un sindicato, el cual no estaría bajo sus controles. Luego, bajo la mesa, como saben hicieron correr también amenazas anónimas en contra de ella y de las demás compañeras del hospital Juan I. Menchada. Ante tal perspectiva la enfermera y sus compañeras decidieron posponer esta iniciativa.
La enfermera ya está reinstalada en su plaza de trabajo. Es decir, la orden del tribunal fue acatada por la administración de dichos nosocomios. Eso abre una puerta de esperanza para todos los trabajadores de los hospitales civiles, quienes llevan años sin tener una representación sindical y siguen sufriendo abusos y arbitrariedades por parte de la administración de dichos nosocomios. Así que ¿a nombre de una inversión para los renglones de salud que cuida la UdeG, este grupo político tan desaseado le exige al gobierno estatal una pulcra entrega de dineros en disputa? Ni la burla perdona.
