La seguridad en Jalisco, esas ruinas que vemos

Puntos y Contrapuntos

Criterios

 

En octubre del 2016, los gobiernos municipales de la zona metropolitana de Guadalajara anunciaron la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad, en pleno ejercicio de las facultades que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115: “Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan”, entre ellos la seguridad pública.

La constitución advierte que los gobiernos municipales, por su propio interés y en ejercicio pleno de su autonomía, “podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien, se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio”.
El lunes 17 de octubre del 2016 se firmó el acuerdo para la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), que iniciaría operaciones el primero de enero del 2017.

Signaron el acuerdo el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y nueve presidentes municipales. Seis de Movimiento Ciudadano: Enrique Alfaro Ramírez, de Guadalajara; Pablo Lemus Navarro, de Zapopan; María Elena Limón García, de San Pedro Tlaquepaque; Alberto Uribe Camacho, de Tlajomulco de Zúñiga; Héctor Álvarez Contreras, de Zapotlanejo y José Refugio Velázquez Vallín, de Juanacatlán.

También los priistas Sergio Armando Chávez Dávalos, de Tonalá; Marcos Godínez Montes, de El Salto y Eduardo Cervantes Aguilar, de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Sandoval Díaz aseguró que los ediles se comprometieron a reforzar la Fuerza Única Metropolitana, que apoyaría en la prevención del delito y en la vigilancia. En tanto que la Agencia Metropolitana de Seguridad sería un espacio de análisis, de construcción de políticas públicas, de evaluación del modelo, de seguimiento y del diseño de las estrategias con las cuales se enfrentarían los problemas de seguridad, afirmó el Alcalde tapatío, Alfaro Ramírez.

La AMS sería encabezada por el regidor emecista con licencia Marco Valerio Pérez Gollaz.

Se pretendió en su momento que la iniciativa tuviera el respaldo pleno del entonces gobernador priista (2013-2018) Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y de su fiscal general, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, lo que en la práctica no sucedió.

Había, en ese entonces, suficiente fuerza policiaca para integrar un fuerte muro de contención y combate a la delincuencia.

En diciembre del 2016 se estimaba que el total de elementos que sumaban las diversas policías en la zona metropolitana de Guadalajara eran por lo menos 7 mil 50, incluyendo los 450 elementos de la Fuerza Única Metropolitana, dependiente del gobierno estatal.

La Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara sumaba entonces alrededor de 2 mil 600 policías; Zapopan otros mil 940 preventivos; habría en Tlaquepaque alrededor de 840 gendarmes; Tonalá tendría por lo menos 700, y Tlajomulco otros 520.

Para enero del 2017 los enconos políticos y las actitudes mezquinas de quienes anteponían sus intereses partidistas y en algunos casos muy personales, al bien superior de la sociedad, enrarecían el clima.

 

DISCORDIA

Mientras el fiscal general del estado, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, se peleaba a través de los medios de comunicación y en redes sociales con el comisario de Seguridad Pública de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, de la misma manera el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, hacía públicas sus querellas con Enrique Alfaro Ramírez, presidente municipal de Guadalajara, mientras la violencia crecía y se enraizaba en Jalisco.

El jueves 1 de junio del 2017 ─transcurrido ya un semestre de la supuesta integración y ficticia operación de la Agencia Metropolitana de Seguridad─, Mural publicó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que advertían que entre 2016 y 2017 el robo de vehículos se había incrementado un 20 por ciento en Guadalajara donde, además, el robo a casas habitación tuvo un alza del 76 por ciento y del 192 por ciento el robo a negocios. En Zapopan, en el mismo periodo, el robo de vehículos subió cuatro por ciento; los robos a casas habitación 56 por ciento y los robos a negocios 290 por ciento.

Pasaba el tiempo, se profundizaban los enconos y la simulación era una referencia permanente en los medios de comunicación. El periódico Mural reseñó que el 6 de junio del 2017 sesionó la junta de gobierno de la Agencia Metropolitana de Seguridad. Estuvieron el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y los alcaldes metropolitanos, pero no se informó de algún avance concreto en la coordinación real operativa contra el crimen.

El administrador general de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio Pérez Gollaz, se quejó el martes 27 de junio del 2017, que en el área conurbada con Guadalajara había un déficit de por lo menos 6 mil policías preventivos.

Según sus cuentas, los nueve municipios metropolitanos, Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, sumaban 6 mil 939 policías, que no eran suficientes para resolver las necesidades de vigilancia y patrullaje.

Era tal la inoperancia de la AMS que el jueves 3 de agosto del 2017 el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, se fue por la libre y organizó, con sus policías preventivos, operativos de revisión aleatoria, para tratar de detectar y detener carros robados. Se negó a llamarles retenes, aunque tuvieran esa característica.

Esos operativos eran violatorios de la Constitución General de la República pues transgredían los artículos 11 y 16 de la Carta Magna, que garantizan, el primero la libertad de tránsito, y el segundo advierte que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

 

LAS RUINAS

Las viejas promesas con respecto a la seguridad pública sólo se reciclaban. En febrero del 2018 fue nuevamente en tema de controversia la promesa que se le hizo a los policías de la zona metropolitana de Guadalajara, de que durante las administraciones 2015-2018, en los que operaría la Agencia Metropolitana de Seguridad, les serían homologados sus salarios en 17 mil 100 pesos.

Esa buena intención quedó entrampada entre la diatriba política, los reproches pendencieros y la vulgaridad de excusas insustanciales entre el gobierno del estado, encabezado entonces por el mandatario priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y la principal oposición de Movimiento Ciudadano, liderada por el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez.

Apenas el pasado martes 13 de agosto del 2019, ya en su carácter de gobernador del estado, Enrique Alfaro anunció un incremento de sueldo para agentes estatales, viales e investigadores, a partir de la primera quincena de septiembre.

El mandatario dijo a través de sus redes sociales que ningún policía ganará menos de 23 mil pesos brutos. El beneficio será para 8 mil 879 elementos, de los cuales 7 mil 241 pertenecen a la Secretaría de Seguridad del Estado y mil 638 a la Policía Investigadora de la Fiscalía.

Los signos del derrumbe de la Agencia Metropolitana de Seguridad fueron muy claros, marcados por la desidia y la irresponsabilidad. En noviembre del 2018, Mural dio cuenta de que la AMS se había desdibujado desde agosto de ese año, y que quien fuera su titular, Marco Valerio Pérez Gollaz, había dejado su cargo a finales de octubre del 2018. Valerio y Pérez Gollaz se desempeña actualmente como secretario del Trabajo en el gabinete estatal de Enrique Alfaro Ramírez.

Desde diciembre del 2018 la Agencia Metropolitanas de Seguridad (AMS) quedó en el completo abandono, refiere una nota de Mural publicada el lunes 4 de enero del 2019.

Según testimonios de personal de la Dirección General de la Comisaría de Zapopan, en cuyo interior se ubicaban las oficinas de la AMS, nadie había trabajado ahí desde principios de diciembre del 2018.

El pasado martes 20 de agosto del 2019 todos los medios de comunicación locales reseñaron que  luego de múltiples debates y ajustes, se anunció la creación de la Policía Metropolitana (PM) de Jalisco, sobre la infraestructura de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS).

El anuncio lo hicieron en Casa Jalisco el gobernador Enrique Alfaro y los alcaldes metropolitanos, quienes decidieron rechazar la creación de un Organismo Público Descentralizado y utilizar lo que queda de la llamada Agencia Metropolitana de Seguridad.

En el mismo evento se anunció que será comisario de la nueva corporación de seguridad el general en retiro Arturo González García, quien tendrá 30 días para elaborar su plan de trabajo y definir el esquema operativo de la nueva entidad policiaca.

El desgaste de las policías de la zona metropolitana está reflejado en una información publicada por el periódico El Informador el pasado domingo 18 de agosto del 2019, que advierte que el total de elementos policiacos en los cinco principales municipios conurbados suma 6 mil 349 elementos. Prácticamente la misma cantidad de efectivos que en 2017.

Guadalajara tiene 2 mil 591 efectivos; Zapopan suma mil 491; Tlaquepaque 894; Tonalá 613 y Tlajomulco 760, según datos proporcionados por las respectivas comisarías municipales.

Nuevamente van a construir sobre cimientos falsos, sobre las ruinas que quedaron de un proyecto fallido, mientras que la delincuencia, mucho mejor organizada, avanza en su perversa tarea de arrebatarle espacios al gobierno.

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