Los otros implicados en el caso de los tráileres con cadáveres

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Guadalajara, Jalisco.- Aunque sólo Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y Eduardo Mota Fonseca, quien fuera titular del Servicio Médico Forense, han sido vinculados a proceso por el caso de los tráileres con cadáveres que resguardaron decenas de cadáveres en la zona metropolitana de Guadalajara, la defensa del primero exhibió a otros responsables: responsables de la Fiscalía estatal durante la administración de Aristóteles Sandoval (2012-2018) y hasta el exsecretario de Gobierno.

Durante la audiencia en que Cotero Bernal fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, su defensa presentó ante el juez declaraciones de Marisela Gómez Cobos, quien tras el escándalo mediático que supusieron las morgues itinerantes, reconoció haber recibido la orden de Roberto López Lara, en ese momento secretario de Gobierno, para trasladar la caja refrigerada de uno de los tráileres de un terreno en Tlajomulco de Zúñiga a las instalaciones del IJCF.

“Ordenando el secretario general de Gobierno, licenciado Roberto López Lara, que la caja refrigerante fuera regresada al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, traslados que fueron autorizados previo acuerdo con el entonces fiscal general maestro Raúl Sánchez Jiménez”, leyó la defensa de Cotero Bernal, dando voz a declaraciones vertidas por Gómez Cobos.

“Su señoría, tenemos el nombre de otra persona que también autorizaba traslados de la caja refrigerante: el verbo rector de la imputación de la Fiscalía (Anticorrupción); ahora, el exsecretario Roberto López Lara”, abundó el abogado del exdirector de ICJF.

No obstante, aunque durante la audiencia se mostraron las declaraciones de la exfuncionaria estatal, contenidas en carpetas de investigación, sólo Cotero Bernal y Mota Fonseca han sido imputados y vinculados por el caso.

La argumentación de los excabecillas de Ciencias Forenses reduce su participación en el traslado y almacenamiento de los cadáveres, y coloca la principal responsabilidad en la Fiscalía del Estado de Jalisco y en la Secretaría de Gobierno.

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