En cuestión de días, podría ser vinculado a proceso el exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Octavio Cotero Bernal por presuntos delitos en el manejo de los tráileres de la muerte que, hace tres años, pasearon por el área metropolitana tapatía con alrededor de 400 cadáveres no identificados, en especial, de personas reportadas como desaparecidas porque no había, ni hay, cupo en Semefo por tanta violencia.  chivo expiatorio

Precisamente, el 18 de septiembre de 2018, escribí aquí algo sobre esa situación que continúa igual, si no es que peor:

“¿Habrase visto autoridad alguna que ni siquiera se inmutó y ni se preocupó por resolver el problema de tan inaudito y macabro cargamento, antes de que se hiciera el gran escándalo?
¿Habrase visto gobierno alguno que dejó hacer y pasar su sexenio sin responder a exigencias de dotar del presupuesto indispensable al IJCF para tener suficientes cámaras de refrigeración y más y mejores peritos ante la ola creciente de crímenes –por culpa del mismo gobierno-, y sí, en cambio, gasta millonadas… para hacerse propaganda por televisión?

“¿Habrase visto alguien como Jorge Aristóteles Sandoval; el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara y el fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez que, para evadir su responsabilidad le cargaron todo el peso… a Luis Octavio Cotero Bernal y lo hicieron chivo expiatorio al destituirlo?

Si acaso tuviera Cotero alguna responsabilidad, sería menor frente a los citados, empezando por Aristóteles y López Lara. Nunca hicieron caso a sus reclamos. Y, cual Poncio Pilatos, se lavan las manos de un escándalo que trascendió fronteras.

Cotero dijo que ya no había espacio para más cuerpos y, por tanto, no le correspondía al IJCF resguardar cadáveres que le deriva la Fiscalía, pues su función esencial es hacer peritajes.
Así, las virulentas palabras de López Lara se revierten en su contra y de su jefe: “Hay indignación y molestia por la situación que exhibe una grandísima indolencia, omisión y negligencia de distintas autoridades en el protocolo de actuación de personas fallecidas que no han sido reclamadas”.

“…el ahora exdirector del IJCF previno sobre la falta de cámaras frías, peritos y espacios suficientes para cumplir con el cometido. Nadie le hizo caso. Del gobernador para abajo, hubo sólo negligencia. O como el mismo López Lara dijo: “insensibilidad de parte de algunos funcionarios”. Incluido hoyel propio exsecretario.

Así, mientras que decenas de padres de familia aquí y en todo el país buscan angustiados a sus hijos desaparecidos hace días o una, dos, tres semanas, meses o años, un tráiler deambula por la
¿Hasta cuándo tanta dejadez, negligencia y descaro de las autoridades, frívolas, deshonestas e indiferentes ante tantos reclamos y necesidades de una sociedad enardecida?
Lo bueno es que ya se van. Pero, ¿renacerá la esperanza?”

El 21 del mismo mes hace tres años, volví sobre el tema en esta columna:

Cuando alguien en el gobierno del estado dio la orden de movilizar los cientos de cadáveres en descomposición que se encontraban a bordo de uno de los dos tráileres para que los comisionados de derechos humanos nacionales no se dieran cuenta del desastre, no imaginó que el tamaño del escándalo sería inconmensurable con tan desafortunada determinación.

Entonces, a ese alguien se le ocurrió cortar por lo verdaderamente sano para que ahí terminara todo: el cese fulminante de cotero Bernal.

Se equivocaron rotundamente Aristóteles Sandoval y su secretario Roberto López Lara, al defenestrar al legal y moralmente menos vulnerable, porque él, Cotero, con dos años de anticipación, le solicitó a sus jefes Aristóteles y López Lara, un aumento de presupuesto para mejorar las condiciones del IJCF. Nunca le hicieron caso.

“Con Cotero se lavaron ambos las manos. En descargo, el gobernador dijo que a él nunca le llegó tal petición. Y eso que el mismo Jorge Aristóteles sabía de la situación precaria de la institución y, además, había previsto, desde marzo pasado, una creciente ola de asesinatos ante la incidencia de un nuevo cártel.

“Se supone, además, que el jefe del Ejecutivo debió tomar previsiones y, primero evitar que crecieran los enfrentamientos entre cárteles para que no hubiera más muertos; segundo, resolver lo del presupuesto al instituto para que tuviera instalaciones y peritos forenses suficientes.

“Tanto el gobernador como su segundo, sabían que en los últimos tres años creció aquí el número de homicidios intencionales en cerca del 55% y que en los nueve meses de 2018, suman al menos mil 533 asesinatos, casi tantos ya como los registrados en 2017 que fueron mil 552, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

“Aunque hay que tomar en cuenta que el SNSP) tiene un registro de 12.65 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en Jalisco, en tanto el INEGI posee el dato de 20 homicidios intencionales por el mismo número de habitantes. En 2008, la proporción era de 6 asesinatos por cada 100 mil personas”.

La verdad del despido Cotero pudiera radicar en que nunca le perdonó el gobierno que pusiera en duda que los tres estudiantes de cine desaparecidos el 19 de marzo pasado (Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz), hayan sido disueltos en ácido. El IJCF no encontró pruebas.

Me preguntaba entonces:

“Si destituyeron al fiscal Raúl Sánchez Jiménez, ¿no debe ser López Lara el siguiente?
Por otra parte, si Jorge Aristóteles quiere de verdad llegar al fondo de esta crisis suscitada por esos 444 cuerpos insepultos de desaparecidos que no han sido reclamados porque los familiares no tienen facilidades para reconocerlos (sólo 60 están parcialmente identificados), tendrá que investigar, además, a otras cabezas: a Dante Haro, fiscal de derechos humanos dentro de la Fiscalía General, quien habría dado la orden del traslado de cadáveres; al agente ministerial Lino Morales por supuestamente haber elegido la bodega en Tlaquepaque, donde primero se depositó el tráiler, presumiblemente a petición de Eduardo Mota Fonseca, del IJCF y, sobre todo, al fiscal de desaparecidos, José Raúl Rivera.

“De acuerdo con Familias Unidos por Nuestros Desaparecidos (Faund), José Raúl, nunca les ha querido dar la cara y no lo conocen”.

Como se ve, antes como ahora, si Cotero Bernal tiene alguna culpabilidad ─le atribuyen la de abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones─, antes estuvieron las dos primeras cabezas del gobierno estatal, el propio Jorge Aristóteles, desgraciadamente asesinado en Puerto Vallarta en diciembre pasado y el secretario general de Gobierno, López Lara en donde se estrellaron las peticiones del en ese tiempo director de Ciencias Forenses.

Si las cosas siguieran igual y no se investigara más allá y se hiciera justicia, quedaría marcada la procuración de justicia como presunta generadora de, al menos, un chivo expiatorio y generadora de impunidad.

Urge, por tanto, una investigación a fondo y castigar a quien verdaderamente sea culpable.

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