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¿Medirán con la misma vara los casos de Abisalud y A Toda Máquina?

¿Medirán con la misma vara los casos de Abisalud y A Toda Máquina?

Puntos y Contrapuntos

Criterios

 

Advierte una sentencia de nuestros mayores: “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

No podría haber un caso más ilustrativo de este adagio que el que vincula al exsuperdelegado del gobierno federal en Jalisco, el morenista Carlos Lomelí Bolaños, y a su principal rival político en la entidad, el gobernador emecista Enrique Alfaro Ramírez.

La simple renuncia, voluntaria o forzada, de Carlos Lomelí Bolaños, a su cargo de superdelegado del gobierno federal en Jalisco -el reciente viernes 12 de julio del 2019-, no debe ser la conclusión de una trama de presumible tráfico de influencias, de conflicto de intereses, de enriquecimiento al amparo de los negocios con dinero público, asuntos que investiga la Secretaría de la Función Pública de la administración federal.

Con el mismo rigor con el que algunos políticos juzgan a Lomelí Bolaños tendrían que ser juzgadas algunas de sus acciones.

El pasado domingo 14 de julio del 2019 el gobernador de Jalisco Alfaro Ramírez dijo, con respecto a la renuncia de quien fue su rival en la contienda por la gubernatura del domingo 1 de julio del 2018: “Espero que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, que una simple renuncia no genere perdón y olvido en los temas que se puedan acreditar y si hay algún acto indebido, sea quien sea la persona involucrada, ojalá pague las consecuencias de sus actos”.

Siete líneas de investigación diferentes, que podrían derivar en la inhabilitación de Lomelí Bolaños para el servicio público, quien no podría realizar negocio alguno con dependencias de gobierno en un periodo que podría ser de hasta de 20 años, son las que ha abierto la Secretaría de la Función Pública que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Ella participó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, este lunes 15 de julio del 2019. La funcionaria dijo que, en un inédito ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, y sin menoscabo del principio de presunción de inocencia del ciudadano sujeto a investigación, hasta el momento la Función Pública ha abierto de oficio siete expedientes sobre los negocios de Carlos Lomelí Bolaños.

Cuatro de ellos se centran en empresas relacionadas con el exfuncionario aludido y tres indagan presuntas conductas contrarias a la legalidad.

Aclaró la funcionaria que los expedientes se basan en las acciones implementadas, diligencias e investigaciones realizadas por distintas unidades de la Función Pública, además de información recabada por la Oficialía Mayor y por la Unidad de Inteligencia Financiera, ambas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como en la Secretaria de Salud y en Contralorías Estatales de al menos cinco Entidades Federativas.

Las andanzas de Lomelí Bolaños, en el terreno de los negocios vinculados al gobierno, están de sobra documentadas en medios de comunicación. Tan solo una compañía que se presume vinculada a Lomelí Bolaños, Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos en contratos adjudicados por el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Además, Abisalud firmó a finales de diciembre de 2018 un contrato más con otro gobierno surgido de Morena. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, le asignó directamente un contrato por 36 millones, publicó el lunes 20 de mayo del 2019 en su plataforma digital, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Documentos públicos obtenidos por MCCI revelan que, además de Abisalud, existen otras ocho empresas en las que han participado 11 familiares y colaboradores cercanos al exsuperdelegado, mismas en las que han intercambiado puestos en los últimos años.

Estas son: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío.

De las nueve compañías, las cuatro farmacéuticas que han sido reconocidas por el exsuperdelegado Lomelí en su declaración 3de3, en el apartado de conflicto de interés, presentada en febrero pasado, son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra. Sin embargo, en todas ellas colaboran las mismas personas que aparecen en las cinco empresas restantes, en donde el exsuperdelegado no reconoce tener participación.

Esas personas son su exesposa, Lourdes del Socorro Abundis Valdepeña, y sus hijos Carlos, Karla Millaray y Lourdes Saraí Lomelí Abundis; su actual esposa Karina Lucía Navarro Pérez, y los tíos de ésta, Jorge y Francisco Ramón Pérez Estrada, explica la información difundida por MCCI.

Agrega MCCI que en la misma condición están operadores cercanos de Lomelí como José Hiram Torres Salcedo, quien fuera su secretario particular y candidato a la alcaldía de Zapopan por Morena en las elecciones de 2018, y Juan José Soltero Meza, excoordinador de la campaña de Carlos Lomelí a la gubernatura en Jalisco en el 2018 (quien desde el pasado viernes 12 de julio quedó temporalmente como suplente del exsuperdelegado federal en Jalisco, según versión publicada ese día por el periódico El Informador).

Registros públicos de Jalisco, Nayarit y Guanajuato, consultados por MCCI, revelan que, en esta red, igualmente, participan Juan Carlos Tadeo Ramírez Martínez, quien además es esposo de la diputada local morenista en el Congreso de Jalisco, Erika Pérez García, y Journey García Islas, amigo del exsuperdelegado.

El pasado viernes 12 de julio del 2019, a las 19:37 horas, Lomelí Bolaños tuiteó: “El día de hoy tomé la decisión de separarme del cargo de Delegado de Bienestar en Jalisco, lo hago con un profundo sentido de responsabilidad y con claridad de miras y prioridades. Primero la Patria y su transformación, después estamos las personas. Hoy tomo distancia para que el ruido de la politiquería no afecte el trabajo que debe hacerse en Jalisco, reitero mi compromiso de trabajar por México, mi agradecimiento y lealtad al Presidente López Obrador”.

 

IRONÍAS DEL DESTINO

Este lunes 15 de julio del 2019, diputados locales del Congreso de Jalisco, que militan en Morena, encabezados por Érika Pérez García (esposa de Juan Carlos Tadeo Ramírez Martínez, involucrado en la red de empresas de Carlos Lomelí), acudieron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía Anticorrupción federal, en la Ciudad de México, para presentar denuncias por presuntas anomalías en el programa de arrendamiento de maquinaria del Gobierno de Jalisco, que pretende dotar de maquinaria agrícola a la mayoría de los municipios de la entidad, llamado coloquialmente “A Toda Máquina”.

“Acudimos a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y a la Auditoría Superior de la Federación buscando certeza, claridad, justicia y de ser necesario, castigo por los hechos de posible corrupción que existan en el programa de arrendamiento denominado ‘A Toda Máquina’”, expresó la diputada Pérez García en un comunicado a la opinión pública.

La denuncia involucra, entre otros, al gobernador emecista Enrique Alfaro Ramírez; al empresario Guillermo Romo Romero, Operadora de Servicios Mega, ganador de la licitación para arrendarle maquinaria agrícola al gobierno de Jalisco, y al exdiputado local panista (2007-2010) Jorge Alberto Salinas Osornio (quien hizo amistad con el actual mandatario de Jalisco en esa Legislatura 58), señalado como empleado y cabildero de Romo Romero.

Se les acusa de haber cometido actos de corrupción que causarían severo quebranto en perjuicio del patrimonio del Estado de Jalisco.

El presumible tráfico de influencias y el conflicto de interés en el que se involucraría a estos tres personajes, quedaron ilustrados en la información que publicó el viernes 29 de marzo del 2019 la reportera Sonia Serrano en El Diario NTR, de Guadalajara.

“En la imagen que circuló del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y la diputada Mirza Flores Gómez, observando desde las primeras filas un partido de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles (el miércoles 27 de febrero del 2019), aparece a la derecha de la legisladora el empresario Guillermo Romo Romero, quien resultó beneficiado con el contrato más importante en lo que va de la actual administración estatal: 3 mil 634 millones de pesos para el arrendamiento de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)”, dice la referida nota.

Como una variable sobre el mismo tema, el sábado 30 de marzo del 2019, Mural agregó algunas piezas más al rompecabezas: “Al juego (en Los Ángeles, durante el partido de Los Lakers) también asistió el exdiputado local del PAN, Jorge Alberto Salinas Osornio, excompañero del ahora Gobernador en la 58 Legislatura local y que actualmente trabaja para Romo Romero”.

Y concluía la información con una perla: “El hermano de Jorge Alberto, el también albiazul Carlos Alonso Salinas Osornio, es titular de Inteligencia Comercial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), dependencia que solicitó el arrendamiento de las máquinas”.

La presunta “refundación” de Jalisco, que pretende y promueve el gobernador Alfaro Ramírez no puede desentonar con la “cuarta transformación” que predica López Obrador. También en el ámbito local debe investigarse en el fondo del pantanoso caso conocido como “A toda Máquina”, que salpica de dudas y podría cubrir de inmundicias al propio gobernador Alfaro Ramírez.

La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública federal y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, bien podrían voltear los ojos hacia Jalisco, para investigar, a toda máquina, una transacción que destila un nauseabundo olor a podrido.

 

NOTA: la columna Puntos y Contrapuntos reanuda hoy su publicación en este espacio. Aparecerá dos días a la semana: martes y jueves.

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