Leticia Galarza Campos no era delincuente, era revolucionaria y fue desaparecida por el Estado Mexicano.
En sociedades que han sufrido períodos prolongados de violaciones a los derechos humanos, los procesos de rememoración son fundamentales en la búsqueda de verdad y justicia. Recuperar la memoria histórica, rememorar las experiencias violentas, revivir heridas que no cicatrizan jamás, implica reelaborar la historia para permitir darle un sentido a un pasado que puede resultar incomprensible.
En México, las instituciones gubernamentales ─el Estado en toda su dimensión─ procuraron normalizar la violencia que se ejerció contra las y los jóvenes revolucionarios de la llamada Guerra Sucia, entre los años 70 y 80, y apostaron a la denostación de los mismos, acusándoles de guerrilleros, asesinos y delincuentes.
En el gobierno actual se intenta recuperar la memoria histórica de esa época y se está danto paso a la conformación del proyecto Memoria y Verdad, para el pasado reciente.
El filósofo español Reyes Mate ha definido al acto de recordar como reconocer en el pasado las injusticias aún vigentes.
Citando al gran Eduardo Galeano que señala que “en el desigual combate contra el miedo, en ese combate que cada quien libra cada día ¿Qué sería de nosotras, de nosotros sin la memoria de la dignidad? Este no es un fin de camino. Es un inicio. Mucho costó, pero estamos empezando el duro y necesario recorrido de la liberación de la memoria en un país y en un Estado que parece condenado a pena de amnesia perpetua”.
Durante 50 años el Estado mexicano negó la existencia de una estrategia para la desarticulación y eliminación de las disidencias políticas, en especial de las organizaciones populares radicales y grupos guerrilleros. Hoy en día, la administración federal tiene su propio sitio web de recuperación de la memoria histórica, en el cual señala que “el acuerdo autoritario entre las élites política, económica e intelectual sustentó el discurso del Estado, construido como verdad, que arrebató a las disidencias su estatus político, impuso un silencio público sobre los reclamos de justicia social y sobre la propia estrategia de eliminación, y negó a las víctimas y a sus familiares el reconocimiento de los crímenes de Estado cometidos”.
Hoy, el Estado mexicano reconoce la falta cometida por esos gobiernos autoritarios que le antecedieron e intenta resarcir el daño a las víctimas y a sus familias con actos de recuperación de la verdad y de la justicia.
Esta semana se realizan en la Ciudad de México diversos actos simbólicos para recuperar la memoria y recuperar la dignidad de este país dolido y violentado históricamente. Mi compañera y hermana de vida, integrante de Cladem, de la Red Nacional de Defensoras y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Alejandra Maritza Cartagena López, hija de un guerrillero asesinado y de una madre desaparecida, recibirá del Estado Mexicano ─en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración─ la documentación correspondiente a su madre Leticia Galarza Campos, víctima de desaparición forzada, con el objetivo de garantizar que las víctimas, sobrevivientes y sus familias puedan recibir los expedientes que a su nombre o de su familiar fueron generados por diferentes instituciones de seguridad y que se encuentran albergados en el Archivo General de la Nación.
El acto político es de suma relevancia, porque significa el reconocimiento pleno de que el Estado Mexicano es responsable de su desaparición forzada, que emprende un nuevo camino para encontrar la Verdad y la Justicia y lo más importante, que se compromete a implementar garantías de no repetición.
A la distancia abrazamos a Ale Cartagena, a su mamá y la reivindicación de su lucha y de su historia y a la de todas y todos los jóvenes revolucionarios que dieron su vida porque este México nuestro fuera más justo y más igualitario. Ahora se asoma un rayito de luz y de esperanza.
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