El siguiente es un trabajo colectivo -tercera de tres partes- realizado por un grupo de medios independientes: Ríodoce, de Sinaloa; proyecto Puente, de Sonora; La Verdad, de Chihuahua; Partidero de Diez, de Jalisco; Poblap, de Guanajuato; Amapola, de Guerrero, y Voz Alternativa, de Veracruz que, junto con Michoacán y Tamaulipas, son las entidades más violentas del país en lo que va de 2019.
Veracruz
Norma Trujillo Baez / Voz Alterna
En dos años…, prometió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en su campaña como candidato de Morena; lo sostiene aún —un año después— para que se den resultados visibles de seguridad en un estado permeado profundamente por el crimen organizado, en donde según las cifras oficiales los delitos van a la baja en 2019, pero los homicidios ahí están en los dos eventos registrados en la zona sur de Veracruz que han dado la continuidad al miedo: la masacre que dejó 13 muertos en una fiesta en Minatitlán y el ataque al Bar Caballo Blanco con 30 víctimas, entre ellos un bebé, dieron la bienvenida a dos de las giras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Veracruz sigue siendo foco rojo en el país, a pesar de la alternancia política en la administración estatal, no solo porque se registran cinco homicidios diariamente y un feminicidio cada dos días, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sino porque los policías repiten el delito de desaparición forzada por parte de corporaciones municipales.
La entidad tiene una geografía compleja con 700 kilómetros de litoral en el Golfo de México, con 8 millones 112 mil 505 habitantes en un sistema de ocho conurbaciones: Poza Rica-Tuxpan; Martínez de la Torre-Misantla; Veracruz-Boca del Río; Xalapa-Emiliano Zapata; Orizaba-Ixtaczoquitlán-Ciudad Mendoza; Córdoba-Fortín; San Andrés-Santiago Tuxtla; Acayucan-Minatitlán- Coatzacoalcos-Cosoleacaque. Existe, además, una gran dispersión de la población rural en más 17 mil comunidades con menos de 500 habitantes.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública hay 21 mil 385 elementos de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal, Fiscalía General del Estado, empresas de seguridad privada y custodios de la administración penitenciaria del Estado, de las cuales se tienen licencias de la SEDENA para 25 mil 315 armas (23 mil 632 de la Secretaría de Seguridad Pública y mil 683 de la Fiscalía General del Estado. Además se encuentran purgando condenas 24 mil 619 reos y se cuentan con 15 millones 569 mil 45 vehículos.
Desaparición forzada
El 30 de octubre, 7 tianguistas originarios de Ciudad Mendoza fueron privados de su libertad al salir de los separos de la policía municipal de Ixtaczoquitlán, en la zona de las Altas Montañas, desconociéndose su paradero hasta la fecha, familiares de las víctimas señalaron como responsable al director de Gobernación y Comandante de la Policía de ese municipio, Octavio Alejandro Pérez, quien permanece prófugo.
De acuerdo a la información que circula por parte de familiares de las víctimas, cuatro de los desaparecidos fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal de Ixtaczoquitlán, se desconocen los motivos, varios de ellos tenían lazos familiares.
Pero antes, el 8 de octubre tres jóvenes oriundos de Ixhuatlán del Café desaparecieron luego de ser detenidos por la Policía de Ixtaczoquitlán, la misma que es acusada de desaparecer a personas que detienen en ese municipio de la zona centro del estado.
Pero todo esto sucede en un estado en donde operan al menos seis grupos criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación “Zetas vieja escuela”, Cártel del Noreste Z, Cártel de Sinaloa unido con Los Ántrax y Mando Sur Gente Nueva y Jarochos Unidos. Hecho reconocido incluso por el propio gobernador García Jiménez.
Aunque en la glosa del primer informe de gobierno, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, aseguró que se desarticularon 85 bandas criminales que operaban en Veracruz, de ellas, 18 eran del narcotráfico, 40 dedicadas al secuestro y 10 a la extorsión.
La Guardia Nacional entre tres masacres
En Minatitlán, municipio petrolero ubicado al sur de la entidad, el 19 de abril —dos días antes de la visita que hiciera Andrés López Obrador al Puerto de Veracruz— decenas de personas celebraban el cumpleaños 52 de Fluvia en la palapa Los Potros, propiedad de su cuñado, en la colonia Obrera, cuando seis sujetos armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra los asistentes. Iban por Julio César González Reyna, La Becky, una “mujer trans” que se encontraba en la fiesta, y una de las 13 víctimas de ese multihomicidio, entre ellas un bebé de un año.
El 3 de mayo fue capturado Adrián ‘N’, el Pelón, único vinculado a proceso por la ejecución, quien era trabajador del complejo petroquímico de Pemex y ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese mismo día, la Fiscalía General de la República anunció el bloqueo de cuentas de personas físicas y morales presuntamente vinculadas con estos hechos.
Esta masacre marcó la pauta de que la inseguridad en Veracruz no cambiaría en comparación a los años anteriores y que aún Veracruz continuaría siendo un foco rojo en el país, lo que obligó al gobierno federal apresurar la puesta en funciones de la Guardia Nacional en Minatitlán y Coatzacoalcos el 26 de abril, a pesar que faltaban las leyes secundarias que regirían a esta corporación.
El despliegue de efectivos se llevó a cabo por el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien detalló que en Veracruz se implementarían ocho coordinaciones regionales, la primera de las cuales abarcaría a Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos. Sin embargo, la violencia en ese municipio, clave para los planes gubernamentales del corredor transístmico no ha mermado.
Con todo y Guardia Nacional patrullando la ciudad de Coatzacoalcos y con los mil 500 elementos que llegaron a distintos municipios de la entidad, se registró otra masacre más, el 16 de mayo —cinco días previos a la visita que hizo el presidente de la república al municipio de Tierra Blanca; cinco personas que vendían limones de la comunidad de Tuzamapan, municipio de Coatepec, ubicado en la zona centro de la entidad y a 22 kilómetros de la capital veracruzana, fueron atacados a balazos mientras comercializaban el producto en la carretera Las Trancas-Coatepec. Dos de ellos murieron en el lugar del ataque, uno más, mientras era trasladado al hospital; en el transcurso de las siguientes horas murieron el resto cuando eran atendidos en el nosocomio.
El 28 de agosto, tres días antes que el presidente López Obrador hiciera una visita a hospitales en la región norte del estado, se registró un ataque armado que dejó al menos 28 personas muertas y varios heridos en el bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos. Hombres armados lanzaron bombas molotov tras presuntamente disparar contra las personas que se encontraban en el interior del establecimiento ubicado sobre la avenida Román Marín, en la colonia Benito Juárez Norte.
A esta crisis de sangre, se sumó la política: el Fiscal General del Estado Jorge Winckler Ortiz, fue propuesto por Miguel Ángel Yunes, y ratificado por el Congreso con mayoría panista, quien llegó al cargo tras la renuncia del anterior servidor público Luis Ángel Bravo Contreras, designado por el priista Javier Duarte y quien estaría en la dependencia por 9 años; pero con el cambio de administración quiso mantenerse contra viento y marea, a pesar que el propio gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez, lo había señalado por sus supuestas ligas con el crimen organizado y por su parcialidad a la hora de juzgar delincuentes, lo que ha abonado en la escalada de violencia en la entidad.
El 22 de febrero, la fracción legislativa de Morena intentó desaforarlo para que enfrentara las acusaciones del presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Jorge Reyes, quien acusa al Fiscal de haber cometido delitos de tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad, falsas denuncias y simulación de pruebas, pero no logró el número de votos requerido, pero a pesar que los problemas de inseguridad continuaron se exacerbó la crisis tras la matanza de 30 personas en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, y el 3 de septiembre el Congreso de Veracruz separó temporalmente de su cargo y designó a Verónica Hernández Giadans como la nueva encargada de despacho.
El desorden estadístico
Las cifras oficiales de homicidios en Veracruz son contradictorias entre las instituciones gubernamentales de las Mesas de Seguridad en la entidad y las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con las reportadas por la organización social “Semáforo Delictivo Nacional” que lejos de ser errores “mecanográficos” las diferencias son sustanciales.
De las tres fuentes consultadas en el caso de los homicidios hay diferencias sustanciales, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta de diciembre de 2018 a octubre de 2019, 2 mil 47 muertes y el Semáforo Delictivo Nacional sólo mil 283, es decir 764 crímenes más y de 419 con los datos proporcionados por las instancias estatales en las mesas de seguridad.
En el caso de los feminicidios las cifras son más homogéneas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Semáforo Delictivo Nacional presentan cifras idénticas para el mismo periodo diciembre de 2018 a octubre de 2019, sumando 184 casos, sin embargo hay diferencias con las reportadas en las mesas de seguridad, de 17 muertes.
Las fosas de los desaparecidos, verdaderos panteones sin cruces
A principios de 2017 la Fiscalía General del Estado subió una base de datos que daba cuenta del registro de personas desaparecidas en Veracruz; registraba 5 mil 109, pero de ellas señalaba que solo 2 mil 434 no habían sido localizadas, no se sabía nada de ellas; meses después la información que se leía en fiscalíaveracruz.gob.mx, eran datos que fueron bajados de la red. Uno de los datos graves y es que de esos 2 mil 434 desaparecidos, 709 son mujeres, pero de éstas, 365 son menores de 1 a 18 años.
Los desaparecidos son desdibujados para los gobernantes, desde Fidel Herrera Beltrán pasando por Javier Duarte, y Miguel Ángel Yunes Linares —en esta administración la Fiscalía General del Estado ocultó datos de 2017 y 2918— y los colectivos de Orizaba acusan indiferencia por parte del actual gobernador, aunque en su primer día de gobierno se reunió con los diversos colectivos de Veracruz porque prometió avanzar en la localización de personas.
Del año 2019 no hay datos oficiales de los desaparecidos, no obstante en cuestiones de búsqueda de desparecidos y técnicas para el reconocimiento de cadáveres ha habido cambios positivos en un año, incluso hay nuevas metodologías que se aplicarán en los hallazgos de las fosas del predio La Guapota, pero no ha sido así en las investigaciones de las personas desaparecidas porque no hay avance en ninguna carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado de Veracruz , sostuvo la consejera ciudadana de la Comisión estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, María Elena Gutiérrez.
El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, lanzó cifras que ubican al estado con el que tiene el mayor número de fosas; se refirió a 76. Dijo que a la fecha se han encontrado 337 cuerpos sin identificar en 222 fosas. Tres de cada diez fosas clandestinas halladas se ubican en Veracruz.
De acuerdo con la Fiscalía del estado de Veracruz, entre 2011 y 2018 se han contabilizaron de manera oficial al menos 601 fosas clandestinas en Veracruz, las cuales acumulan 518 cuerpos, 560 cráneos y 53 mil 606 fragmentos de cuerpos de personas. Sin embargo, el número de fosas halladas aumenta constantemente. Tan sólo en 2019, se han encontrado más de 36 fosas clandestinas en la entidad.
El 28 de febrero el Colectivo de Familias de Desaparecidos de la zona Orizaba-Córdoba localizan 3 fosas clandestinas en el municipio de Río Blanco, en donde se hallan 10 cuerpos. El 29 de abril la Fiscalía General del Estado anunció que en el mes de marzo se descubrieron 60 fosas en el predio la Guapota que se localiza en el municipio de Úrsulo Galván.
El 8 de agosto se concluyeron los trabajos en la fosa más grande de Latinoamérica, las fosas de Santa Fe; las integrantes del Colectivo Solecito, una organización compuesta por madres de familia que en 2016 localizaron esta megafosa en el puerto de Veracruz, dieron por concluida la búsqueda, Durante tres años de trabajo de manera conjunta con autoridades federales y estatales, se encontraron 298 cráneos y 22 mil restos óseos.
El 15 de octubre, familiares del colectivo Madres Luna de Córdoba, confirmaron el hallazgo de fosas clandestinas en Acultzingo, municipio que tiene límites con el estado de Puebla, Marcela Zurita Rosas, relató que entre los hallazgos se identificaron restos óseos, presumiblemente humanos. El lugar fue encontrado después de dos búsquedas y gracias a información que obra en la carpeta de investigación de una integrante de ese colectivo de familiares de desaparecidos.
La existencia de tantas fosas clandestinas se atribuye a la lucha entre distintos grupos criminales que se disputan las plazas en la entidad. En este sentido, Veracruz se ha convertido en un campo de combate para los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cartel Jalisco Nueva Generación, en donde también están siendo afectados maestros, sobre todo los que laboran en la sierra de Zongolica, a quienes han secuestrado para que les den su “pago mensual”.
Y ante este panorama, hace un año el gobernador llegó con el planteamiento de la Declaratoria de Plan Emergente por Crisis de Violaciones a Derechos Humanos en materia de desaparición de personas, pero también la necesidad de fortalecer las políticas orientadas al respeto de los mismos, enfatizando la perspectiva de género. Por tal razón, se ha asumido como parte inherente a las acciones de la Administración Pública Estatal la apropiación y ejercicio de una cultura de paz y Derechos Humanos. Lo anterior se reafirma mediante el Programa Especial Cultura de Paz y Derechos Humanos que busca la protección de los derechos fundamentales, pero la reconstitución de la paz y la seguridad no llegan a Veracruz.
Han pasado tres administraciones priistas: Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte, una del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes y ahora la del morenista Cuitláhuac García y los mismos problemas continúan; la verdadera cruz de Veracruz, sigue siendo la inseguridad, como cuando lo fundara Hernán Cortés, hace ya 500 años.
Guerrero
Marlén Castro, Margena de la O. y Jesús Guerrero /Amapola
Si las cifras fueran verdad absoluta, en Guerrero se tendría tranquilidad. Los homicidios, el dato principal para medir la violencia, disminuyeron este 2019. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arroja que en Guerrero se registraron 2 mil 165 homicidios dolosos durante 2018 y hasta noviembre del 2019, un total de mil 540.
La lectura del dato diría que se transita por la senda del éxito en materia de seguridad. El patrón de la violencia de ahora en Guerrero, con masacres de familias enteras, desaparición de madres con todo y sus hijos, y el fenómeno de la expansión a casi todos los municipios, aleja de una cifra, que aunque fría, se antoja alegre.
Este 2019, el gobierno federal envío 3 mil 400 elementos de la Guardia Nacional, el cuerpo policíaco en el que la Cuarta Transformación cifra todas sus esperanzas para reducir la violencia. Esos elementos están en los 24 municipios de mayor conflicto, alojados en los cuarteles militares regionales.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante 2019 se logró la detención de mil 299 personas con orden y en flagrancia, un incremento de 53 por ciento en comparación con el año anterior.
Pero a pesar del despliegue de elementos de la GN, sobre todo en Acapulco a donde enviaron a 500 elementos, cuatro personas armadas secuestraron a una familia, a la que la FGE buscó hasta que hubo protestas. Encontraron los cadáveres un mes después.
Meses atrás, otras dos familias completas también fueron privadas de su libertad, una en Paraíso de Tepila (Chilapa) y otra en Tixtla, a 20 minutos de la capital guerrerense.
Durante este 2019, tres mujeres fueron privadas de su libertad junto con su hijo o hija, apenas unos bebés. Zoe Valentina Domínguez Acevedo, de tres años, desapareció junto con su madre Sandra Miriam Domínguez Acevedo, de 38 años, en Chilpancingo, el 28 de marzo del 2019. En este caso, se activaron alertas de búsqueda (Amber y protocolo Alba) por ambas. De acuerdo con los registros de la alerta, Zoe apareció el 26 de abril del 2019, sin embargo, la mamá continúa desaparecida.
Magaly Echeverría Sánchez, de 20 años, fue sustraída de su hogar, en Huitzuco por hombres armados, quienes se llevaron a la joven mamá y a su hijo de un año de edad, el 11 de marzo del 2019, y localizada el 23 de marzo.
Sandra Guadalupe Villa Jiménez, de 18 años, desapareció en Coyuca de Benítez, el 16 de enero del 2019, con su bebé que aún no cumplía el año de edad. Siguen sin localizarlos.
Amapola. Periodismo transgresor, recuperó las historias de las tres familias desaparecidas en este año en que la cifra se antoja alegre.
Una carta sin respuesta
Casi se cumple un año de aquella carta que habitantes de Paraíso de Tepila, un pueblo de Chilapa, le entregaron al presidente Andrés Manuel López en su primera visita oficial a Guerrero, informándole que unos hombres armados se llevaron del lugar a 12 de sus paisanos. Es el mismo tiempo que nueve niños y adolescentes llevan desaparecidos, porque las estrategias de seguridad nacional siguen sin cambiar el contexto de una zona pobre de inexplicable violencia.
El pequeño pueblo de origen nahua, ubicado en la parte baja de la región Montaña, con altos índices de marginación, ahora es un lugar deshabitado, porque cuando los habitantes le advirtieron al presidente que interviniera para frenar la violencia no exageraban.
Una parte de habitantes de Paraíso de Tepila eran parte del grupo de policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), asentados en Rincón de Chautla, otra comunidad de Chilapa, quienes denunciaron que vivían un acoso sistemático de Los Ardillos, un grupo criminal regional.
Cuando los comunitarios hablaban de Los Ardillos se referían a los miembros de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, un grupo armado que se fundó después de una irrupción armada a la cabecera municipal de Chilapa, ocurrida en mayo de 2015, con el argumento de detener a Los Rojos, otro grupo criminal de la zona que autoridades dejaron sin líder, al detener a Zenén Nava Sánchez.
López Obrador debió informarse de lo que vivía la gente de Paraíso de Tepila el 11 de enero pasado, el día que visitó Tlapa, el principal municipio de la región Montaña. Llevaba poco más de un mes como presidente.
En la carta narran que el 19 de diciembre del 2018 unas personas armadas entraron a Paraíso de Tepila con la intención de instalarse y ampliar sus tentáculos, pero no pudieron esa vez.
Antes de retirarse se llevaron a los 12 habitantes de quienes aún no se tienen referencias. Los policías comunitarios señalaron a Los Ardillos. Desde entonces el pueblo comenzó a deshabitarse.
A militares y policías estatales los acusaron de apoyar a Los Ardillos. El 26 de diciembre de 2018, de acuerdo con el texto de los comunitarios, un grupo de elementos oficiales llegaron a Paraíso de Tepila en aparente intervención, quienes en lugar de bloquear el paso de Los Ardillos permitieron que se expandieran. Se quejaron de que nunca instalaron un retén de vigilancia.
En realidad se carece de certeza de que el presidente leyera el documento de habitantes de este pueblo de Guerrero, o si lo hizo, no cambió nada.
A los 16 días de la carta, el 27 de enero pasado, los policías comunitarios de Rincón de Chautla se liaban a balazos con los de la Paz y la Justicia. En ese episodio murieron 12 personas, que habitantes de la zona, según consignaron medios de comunicación locales, ubicaron como bajas de Los Ardillos.
La versión oficial informó del hecho como un enfrentamiento a balazos que redujo a un pleito entre policías comunitarios.
La violencia en la zona continuó hasta extenderse a Rincón de Chautla, donde sus habitantes sostienen que llevan 13 años en medio de violencia sin saber por qué los delincuentes pretenden vaciar la zona.
Como resultado de la última etapa de violencia, de diciembre del 2018 a inicios de julio de este año, contaron 20 personas asesinadas y 12 desaparecidas.
Hasta julio el gobierno federal echó a andar su estrategia de seguridad. La Guardia Nacional se desplegó por los 24 municipios de Guerrero, incluido Chilapa, donde ya se han aplicado operaciones policiacas que incluyeron más elementos de los guardias que envió la administración de López Obrador para todo el estado, sin modificar sus circunstancias.
El hijo pelea y se llevan a toda la familia en Tixtla
Hombres armados a bordo de tres camionetas cerraron el acceso a la calle Montaño, en el barrio de Santiago, en Tixtla, el sábado 25 de mayo del 2019. Bloquearon el tránsito del transporte público, de vehículos particulares y de personas a pie. Durante unos 40 minutos nadie pudo pasar por esta parte del noroeste de esta cabecera pegada a la capital guerrerense. Los vecinos se encerraron para no comprometerse. Escucharon gritos y pedidos de auxilio. Pero nadie intervino.
Al día siguiente, el domingo a mediodía, los cadáveres de ocho personas aparecieron en una camioneta tipo Estaquitas, sobre una vialidad de Chilpancingo. Siete eran de la misma familia: los Sánchez Mora, la octava víctima era Xóchitl, de 26 años, enfermera, novia de Pablo Sánchez, el hermano mayor. Xóchilt era de Chilpancingo. Todos comían cuando los hombres armados irrumpieron en la vivienda de ladrillo, sin revocar, de una sola planta.
Los hombres armados, integrantes del grupo criminal conocido como Los Ardillos, cuyo jefe es hermano de Bernardo Ortega Jiménez, tres veces diputado local por el PRD —una de ellas fue el presidente de la Junta Política del Congreso guerrerense— y también tres veces alcalde de Quechultenango, se querían llevar al hijo menor de los Sánchez Mora, a Pedro Ignacio, de 16 años.
La familia no lo permitió. Se opuso a que se lo llevaran y, los hombres armados, creen que eran unos 18 en total, optaron por llevarse a toda la familia, al papá Sergio Sánchez, quien era sastre, a la madre Julia Mora, a Pablo Sánchez, de 27 años, quien era ayudante de cocina en la Normal Rural de Ayotzinapa, a Fernando Jaír, a Carlos Augusto, a Pedro Ignacio y a Xóchilt, la novia de Pablo que había ido de visita.
Tixtla es disputado por dos grupos del crimen: Los Rojos y Los Ardillos. Esta pelea por el control territorial ha cobrado muchas víctimas, sobre todo jóvenes.
Testimonios indican que Pedro Ignacio se había agarrado a golpes la madrugada de ese sábado con un hijo de un integrante de uno de los tres grupos de la Policía Comunitaria que hay en Tixtla, dos de esos grupos son aliados de Los Ardillos.
De septiembre del 2018 en adelante, cuando llegó a la presidencia municipal de Tixtla la perredista Erika Alcaraz, quien proviene de la misma corriente que Ortega Jiménez y fue impulsada por él en la política, varios jóvenes han sido sustraídos de sus hogares, algunos reaparecen muy golpeados, otros asesinados. Se especula que estos jóvenes tendrían alguna relación con Los Rojos, el grupo que controlaba Tixtla antes de que llegara Erika Alcaraz.
Aún cuando los asesinatos son cotidianos en esta cabecera pequeña, el homicidio de una familia completa, conocida además por ser gente de trabajo, afectó a la población, quienes lo hablaban de puertas para dentro de las casas. Nadie confía en nadie.
La abuela se niega a vender cervezas y se la llevan con hija y nietos
En Acapulco, la madrugada del 14 de octubre del 2019, en la colonia Simón Bolívar, unos hombres armados tiraron la puerta de la casa de Honorina, de 70 años, y se la llevaron junto con su hija Adriana Gutiérrez, de 38, y sus tres nietos Hiram Josué Almazán, de 19, Pedro, de 16, y René de 11.
Pedro y René eran estudiantes de la secundaria de la misma colonia, Hiram Josué estudiaba en la Facultad de Contaduría en la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y la mamá de los tres, Adriana, en la Licenciatura en Psicología, también de la Uagro.
La noche anterior, alrededor de las once, los hombres llegaron a casa de Honorina a comprar cervezas, pero ella se negó a venderles, menos a abrir.
Vecinos y familiares informaron que en la madrugada escucharon golpes en la puerta, hasta que la derribaron, al parecer con las armas largas que llevaban.
La familia de cinco integrantes estuvo desaparecida un mes. El 15 de noviembre hallaron los cadáveres enterrados en el punto conocido como La Milpa, ubicado a unas cuadras de donde vivían.
La Fiscalía General del Estado (FGE) se negó a decir si la familia fue asesinada inmediatamente al secuestro o cuántos días estuvieron vivos. Informó que los cinco cadáveres tenían huellas de tortura y balazos en la cabeza.
“La Fiscalía nunca hizo nada para hallarlos vivos”, acusó Alma, familiar de Honorina.
El mismo 14 de octubre que privaron de la libertad a la familia hicieron la denuncia en la Agencia del Ministerio Público de Acapulco.
La FGE ignoraba a los familiares, hasta que el 24 de octubre marcharon por el Bulevar de las Naciones para exigir la búsqueda. Al término de la marcha protestaron frente a las oficinas de la Promotora Turística de Acapulco (Protur), donde despacha el gobernador Héctor Astudillo Flores cuando está en el puerto. Hasta ese día, la autoridad atendió el reclamo.
En la protesta participaron estudiantes de la Uagro, de las unidades de Contaduría y Psicología, en la que estudiaban Hiram Josué y Adriana.
El viernes 25, el gobernador, el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos y el secretario de Seguridad Pública, David Portillo, recibieron a una comisión de familiares y amigos. Hasta entonces los buscaron.
La FGE detuvo a cuatro de los presuntos responsables, uno de ellos confesó qué hicieron con las víctimas y dónde estaban enterrados, indicó la dependencia mediante un comunicado de prensa.
Alma, familiar de las víctimas, informó que la FGE no tiene más avances de la investigación sobre el homicidio quíntuple.
Según las autoridades locales de Acapulco, dos organizaciones criminales han generado la violencia en las calles de este destino turístico.
Se trata del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y Los Virus, ésta segunda surgió de una división que hubo en el CIDA.
Sin embargo, existen otras 16 células que controlan la zona urbana y suburbana de Acapulco. Los empresarios y transportistas sostienen que esto ha acentuado el cobro de piso, los secuestros y homicidios.
Las cifras oficiales indican que en lo que va de este año, en Acapulco hay un registro de 997 homicidios dolosos.
Las autoridades sostienen que el CIDA, a pesar de la escisión, es el más fuerte. Controla la Costera Miguel Alemán, el centro de la ciudad, las colonias ubicadas al poniente, la zona suburbana que es el polígono 4, además del penal de Las Cruces, y Los Virus, la zona diamante y Puerto Marqués.
Alejandro Martínez Sidney, dirigente en Acapulco de la Federación de las Cámaras de Comercio (Fedecanaco) señaló que la violencia en este puerto ha llegado a niveles extremos.
Recordó que desde hace más de una década en Acapulco se han puesto en marcha al menos seis mega operaciones con policía federales, estatales, Ejército Mexicano y la Marina.
Pero nunca han funcionado, dijo.
En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, supo, enviaron a unos 500 elementos de la Guardia Nacional. Pero, “para los empresarios hay plata o plomo, es lo que nos dicen los delincuentes”.
Sonora
Priscila Cárdenas / Proyecto Puente
Referirse a Sonora como “el estado más seguro de la frontera” ya no funciona para mantener una percepción de tranquilidad, pues en la entidad —como en otras de la República Mexicana— el tema de seguridad pública quedó rebasado.
La masacre de la familia LeBarón en el municipio de Bavispe, ocurrida el 4 de noviembre, desnudó a nivel internacional la inseguridad que acontecía en el estado.
Sin embargo, tanto las cifras oficiales como otros hechos ocurridos desde principios de año en el estado venían revelando que los crímenes de alto impacto ocurrían y estaban fuera de control.
La aparición de grupos de mujeres —como las Guerreras Buscadoras de Sonora, Rastreadoras de Sonora y Madres Buscadoras de Sonora— que se organizaron para escarbar y localizar ellas mismas las osamentas de sus esposos, hijos y seres queridos, visibilizó que el estado no estaba exento de fosas clandestinas.
En una sola jornada uno de los colectivos llegó a encontrar más de veinte cadáveres, hecho que puso al descubierto la necesidad de que el estado se activara en cuestión de personas desaparecidas.
Las constantes balaceras, homicidios y aparición de cuerpos sin vida abandonados en los municipios costeros de Guaymas y Empalme apresuraron la llegada de la Guardia Nacional al estado y la conformación de una Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora.
Incidentes atípicos, como el que sucedió en septiembre de este año, donde un comando de hombres armados prendió fuego a una vivienda en el municipio de Empalme, Sonora, ocasionando la muerte de un niño siete años de edad, fue uno de ellos.
Entre las medidas implementadas hubo de todo, desde suspensión de clases, hasta alertas emitidas por el Consulado General de Estados Unidos, instancia que llamó a sus connacionales a no visitar esa región del estado.
Además, a lo largo del año también hubo asesinatos de policías de diferentes corporaciones policiacas en municipios como Cajeme, Hermosillo, Guaymas y San Luis Río Colorado.
El endurecimiento de la violencia no sólo abarcó hechos relacionados al crimen organizado, sino también feminicidios.
El crimen de Ámbar Dolores, una joven de 20 años de edad, estudiante de arquitectura, que fue violada, apuñada y calcinada en su domicilio en Hermosillo, trascendió a mitad de año y derivó en protestas y manifestaciones de mujeres.
La exigencia femenil de justicia se debió también a que, por primera vez, cuatro municipios sonorenses entraron en la lista que emite la Federación de las 100 ciudades con más crímenes de este tipo.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nogales, Cajeme, San Luis Río Colorado y Hermosillo registraron más asesinatos con estas características.
En la visita del 1 de septiembre del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sonora se abordó el tema de la violencia.
Tanto el mandatario como la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano coincidieron en que la entidad se encontraba por debajo de la media nacional en incidencia delictiva, sin embargo reconocieron un incremento en el número de asesinatos.
Cuando se abordó el tema durante la “conferencia mañanera” —que se llevó a cabo en Hermosillo— ambos identificaron que había que trabajar de manera coordinada para atender la problemática.
Previeron que el año cerraría con mil 800 elementos de la Guardia Nacional desplegados en toda la entidad y que las acciones emprendidas rendirían frutos positivos.
Independientemente de las medidas efectuadas por los tres niveles de gobierno para contener la violencia armada, las cifras oficiales siguieron sin mejorar en el estado de Sonora.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de homicidios ocurridos el presente año supera a la totalidad de muertes violentas registradas el año anterior.
El documento señala que de enero a diciembre de 2018 se registraron mil 317 crímenes y que durante el presente año —hasta el mes de octubre— la cifra cerró en mil 405 asesinatos.
Los números oficiales también dan un panorama de qué es lo que está ocurriendo con otros delitos que anteriormente tenían una incidencia baja y que hoy están disparados.
Por ejemplo, en cuestión de secuestros durante 2018 hubo únicamente dos y hasta octubre de 2019 el registro nacional indica 29 casos documentados.
Con un total de 617 expedientes por delitos sexuales como violación, abuso y acoso, el estado también cerrará el año a la alza, pues en todo el 2018 este rubro cerró con 558.
Este incremento ha fomentado que colectivos de mujeres alcen la voz para exigir la creación de una Alerta de Género, propuesta ciudadana que ha sido desechada por las autoridades.
En la “lluvia de ideas” sobre qué se puede hacer para resolver la problemática de inseguridad de Sonora también ha habido ofrecimientos que buscan atender las distintas problemáticas de manera diferente.
Se han creado desde aplicaciones para teléfonos celulares por parte del Gobierno del Estado para que sea más fácil reportar al 911 situaciones de violencia intrafamiliar, hasta propuestas de empresarios que sugieren llevar al Congreso del Estado una iniciativa de aumentar el impuesto sobre nómina y que el dinero recaudado sea destinado exclusivamente para atender el tema de seguridad.
El preocupante panorama con el que cierra el 2019 inicia lo que será el último año de gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, quien en caso de irse sin atender el problema de manera eficiente y contundente, abonará votos que favorecerán a los partidos y propuestas de sus adversarios.
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