Felipe Cobián Rosales
Hasta el gobierno de Luis Echeverría, quien lo borró de la faz de la Ley Federal del Trabajo, el sistema de aprendices en talleres y empresas fue legal y positivo porque preparó a muchos en los más variados campos.
El argumento del régimen echeverrista fue que se explotaba el trabajo de hombres y mujeres menores o mayores de edad porque por mutuo acuerdo les pagaban poco y a veces nada. Ellos lo hacían con tal de aprender algún oficio y no estar de flojos.
El resultado posterior, la falta de mano de obra calificada.
En seguida empezaron a aparecer por todos lados los ninis. Las calles de las ciudades del país se fueron llenando de jóvenes que ni trabajaban ni estudiaban. Cientos, que luego fueron miles, no aportaban pero consumían, no estorbaban pero tampoco se formaban en algo útil.
Después, como no había mucho qué hacer, esos primeros ninis se fueron haciendo muy notorios. Se fueron juntando cual cofradías y se activó la vagancia simple que luego derivó en pandillerismo y consumo de estupefacientes.
Hubo propuestas de cámaras de comercio e industriales para que se reglamentara el aprendizaje y que hubiera un marco legal para dar empleo a esa gente pagando determinadas cantidades y hasta de brindarles cierta seguridad social.
Las autoridades no respondieron y los problemas juveniles, y sociales en general, de violencia e inseguridad se hicieron grandes hasta lo que sufrimos en nuestros días: un fenómeno tan negativo que nunca se imaginó.
Casualmente ahora, con el próximo arribo al poder de quien en la campaña política daba la impresión de que volvería al populismo de los 70, se propone que haya aprendices pero con reglas claras para aprovechar tan desperdiciada mano de obra y encauzar a la juventud.
Limadas las asperezas de las batallas electorales, el 4 de julio se reunieron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con Andrés Manuel López Obrador y llegaron al acuerdo de impulsar el aprendizaje. El sector privado aportará su infraestructura para que los muchachos se preparen en sus establecimientos o plantas industriales.
Al mismo tiempo, los empresarios manejarán el presupuesto que transferirá el gobierno para el sostenimiento del programa y los inscritos puedan incluso estar becados en instituciones educativas públicas o privadas. Cada uno de los 2 millones 600 mil aprendices tendrán un pago mensual o beca de 3 mil 600 pesos mensuales.
En primera instancia, esa cooperación entre sector privado y gobierno federal parece una buena solución. Sin embargo, está por verse de qué rubro del presupuesto nacional saldrá esa suma de dinero y cómo se va a instrumentar para que no quede a medio camino.
Salvo afinaciones posteriores, todo indica que la mayor carga la llevará el gobierno. ¿No sería mejor que también los empresarios, chicos, medianos o grandes, hicieran su aportación económica y fueran a partes iguales en todos los gastos para que los paganos no seamos todos al final de cuentas?
Mi temor es que, por otro camino lleguemos a lo que ya no queremos: los subsidios de papá gobierno, y no precisamente a los más necesitados, sino a los que tienen. Y a veces tienen mucho.