Por no permitirle sesionar, denuncia Alberto Alfaro a Limón

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El regidor Alberto Alfaro García presentó ayer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) un Juicio de Protección de Derechos Político Electorales en contra de María Elena Limón, alcaldesa de Tlaquepaque, José Luis Salazar Martínez, síndico municipal y el pleno de regidores del ayuntamiento al “sentirse agraviado por no tener acceso a las últimas sesiones virtuales de Cabildo”.

Ante la máxima autoridad electoral denunció que le han violado sus derechos político electorales y su derecho a la libre asociación, reunión, expresión, libre manifestación de las ideas, así como tomar parte en los asuntos públicos inherentes a su cargo como regidor en Tlaquepaque.

Alfaro señaló que esos actos son discriminatorios y representan una restricción indebida a sus derechos humanos y políticos al ser ilegales e infundados, por lo que solicitó al Trife sean revocadas las sesiones, anulados los acuerdos tomados y se repongan de nueva cuenta y se garantice en lo sucesivo participar de manera virtual y tomar el sentido de su voto en las actas respectivas.

En su querella establece que existe parte médico del Hospital San Javier que establece que se encuentra en condiciones mentales que le permiten tomar decisiones y que no existen contraindicaciones para realizar actividades propias de un regidor, por lo que se considera arbitraria la decisión de la alcaldesa de someter al pleno la votación para permitirle su participación a la más reciente sesión de Cabildo, efectuada el pasado 27 de agosto.

Esto luego de que el pasado 26 de julio Alfaro fuera baleado en un restaurante de Guadalajara.

Además, anotó que tanto en la sesión del 26 de julio y la del 27 de agosto, la presidente y el síndico le han querido aplicar la Ley Federal del Trabajo a la hora de justificar su participación, al tratarlo como un empleado, cuando únicamente se le pueden cancelar sus derechos políticos electorales a través de un juicio político, previsto en la Constitución.

En el documento presentado ante el Trife asentó que la alcaldesa, síndico y el pleno del Cabildos debieron interpretar en su favor la posibilidad de acceder por plataformas digitales el participar en la toma de decisiones de interés público y contabilizar su presencia virtual como asistencia real y efectiva y no haberle impedido acceder a dichas sesiones.

El recurso ya fue admitido por el Tribunal Electoral, por lo que ─aseguró─ en breve será requerida la alcaldesa y el resto de regidores para que rindan su informe justificado y de comprobarse esas violaciones, además de ordenarse medidas de reposición y no repetición, esos funcionarios pueden ser objeto de un juicio político.

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