Es una pregunta que deberíamos hacernos con mucha más frecuencia y, sobre todo, con mucha más indignación. De acuerdo con el monitoreo del Observatorio de Violencia Social y de Género de Cattrachas, en lo que va de 2026 se registran 212 muertes violentas de mujeres y femicidios. Doscientas doce vidas, doscientas doce historias interrumpidas en un país que parece haberse acostumbrado peligrosamente a contar mujeres asesinadas. Cada nuevo caso aparece en las noticias, circula durante algunas horas, provoca indignación y después termina siendo sustituido por otro. Una mujer asesinada deja de ocupar los titulares porque aparece otra, y después otra, y después otra. Así vamos construyendo una cotidianidad en la que aquello que debería estremecernos comienza a parecernos habitual. Pero no puede ser habitual. No puede ser normal. No podemos aceptar que llegar a 212 casos cuando todavía falta para terminar el año sea simplemente una actualización estadística. ¿En qué momento comenzamos a considerar inevitable que las mujeres continúen muriendo violentamente en Honduras? ¿Cuántas tienen que morir para que esta realidad sea tratada con la dimensión de emergencia que merece?
Hablar de 212 casos no debería reducirse a colocar una cifra en una gráfica, publicar una alerta o esperar diciembre para conocer cuál será el total anual. Detrás de cada registro existe una mujer con nombre, historia, familia, amistades, proyectos y una vida que tenía derecho a continuar. Por eso, mientras las cifras aumentan, también deberían aumentar las preguntas dirigidas hacia las instituciones responsables de prevenir, proteger, investigar y garantizar justicia. ¿Dónde está la prevención? ¿Qué ocurre cuando una mujer denuncia que está en peligro? ¿Funcionan realmente los mecanismos de protección cuando una vida está amenazada? ¿Cuántas denuncias fueron desatendidas antes de que una agresión terminara en muerte? ¿Cuántas investigaciones permanecen abiertas sin avances significativos? ¿Cuántas familias continúan esperando una respuesta que nunca llega? ¿Cuántos responsables siguen viviendo con la tranquilidad que produce un sistema donde la posibilidad de enfrentar consecuencias puede sentirse demasiado lejana? No basta con reaccionar cuando el cuerpo ya fue encontrado, porque cuando la principal respuesta del Estado comienza después de la muerte, el Estado ya llegó tarde.
La obligación del estado empieza mucho antes. Empieza previniendo la violencia, identificando factores de riesgo, respondiendo oportunamente a las denuncias y protegiendo a quienes están amenazadas; y cuando una muerte ocurre, comienza otra obligación que tampoco puede negociarse: investigar correctamente. Preservar evidencias, realizar las diligencias necesarias, analizar el contexto de cada muerte, determinar si existieron razones de género, identificar responsables y llevar los casos hasta una respuesta judicial efectiva. Porque abrir un expediente no significa necesariamente investigar y comenzar una investigación tampoco significa que una familia vaya a encontrar justicia. La impunidad también puede construirse desde una evidencia que se pierde, una diligencia que nunca se realiza, un contexto que no se analiza, una hipótesis que se descarta demasiado pronto o un expediente que permanece durante años sin respuestas. Y mientras eso ocurre, el mensaje social es devastador: la violencia continúa y las consecuencias no siempre llegan.
Lo más preocupante es que Honduras no acaba de descubrir esta realidad. Llevamos años hablando de violencia contra las mujeres, femicidios, impunidad y debilidades institucionales. Las organizaciones de sociedad civil han documentado casos, construido bases de datos, publicado informes, presentado recomendaciones, denunciado públicamente y colocado una y otra vez las cifras frente a quienes tienen la responsabilidad de actuar. Por eso resulta cada vez más difícil aceptar que la respuesta sea simplemente reconocer que existe un problema. Eso ya lo sabemos. La pregunta es qué se está haciendo para detenerlo y, sobre todo, qué resultados concretos están produciendo esas acciones. Cuando una problemática es conocida, documentada y advertida durante años, ya no podemos refugiarnos permanentemente en la explicación de que falta información. La información existe, las víctimas existen, los patrones pueden estudiarse y las advertencias llevan años sobre la mesa. Entonces la pregunta se vuelve mucho más incómoda: si sabemos lo que está ocurriendo, ¿por qué seguimos llegando tarde?
Y en medio de esta realidad existe otra violencia que tampoco podemos permitirnos ignorar. Cuando ampliamos la mirada hacia poblaciones históricamente expuestas a la discriminación, el prejuicio y la exclusión, aparece otra cifra que también debería preocupar profundamente al país. Durante este mismo año, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Cattrachas registra 43 muertes violentas de personas LGBTI en Honduras. No se trata de sumar automáticamente 212 y 43 para construir una cifra más impactante, ni de afirmar que todas estas muertes tienen las mismas causas o responden a las mismas dinámicas. Son realidades que requieren análisis diferenciados y respuestas específicas. Sin embargo, ocurren dentro del mismo país, bajo instituciones que tienen la obligación de garantizar derechos a todas las personas, y eso inevitablemente nos lleva hacia una pregunta común: ¿qué está pasando en Honduras para que mujeres y personas LGBTI continúen perdiendo la vida violentamente mientras seguimos discutiendo cómo garantizar algo tan elemental como el derecho a vivir?
Ser lesbiana, gay, bisexual o trans no debería significar desarrollar estrategias para sobrevivir a la discriminación. Nadie debería tener que calcular en qué lugar puede mostrarse afecto, modificar su manera de vestir por miedo, ocultar quién es para evitar una agresión o asumir que determinados espacios representan un peligro por su orientación sexual o identidad de género. Mucho menos deberíamos aceptar que, después de una muerte violenta, estas características sean tratadas automáticamente como irrelevantes cuando podrían aportar elementos importantes para comprender el contexto del crimen. Frente a 43 muertes violentas, también corresponde preguntar: ¿se está investigando el prejuicio como posible móvil cuando existen elementos que lo indiquen?, ¿se están identificando patrones?, ¿qué está ocurriendo con las investigaciones?, ¿cuántos casos avanzan hacia una respuesta judicial?, ¿cuántos terminan acumulándose en los registros año tras año? Porque tampoco podemos aceptar que la única respuesta frente a estas muertes sea documentarlas después de ocurridas. El objetivo debe ser que las personas LGBTI puedan vivir en Honduras sin que expresar quiénes son represente un riesgo para su seguridad o su vida.
Quizá uno de los mayores peligros que enfrentamos como sociedad sea precisamente acostumbrarnos. Nos acostumbramos al titular, a la fotografía, al municipio, a la edad, al número que aumenta. Nos indignamos durante unas horas y después continuamos hasta que aparece otra noticia. Pero detrás del 212 hay mujeres y detrás del 43 hay personas LGBTI. No son números esperando la siguiente actualización de una base de datos. Son personas que tuvieron cumpleaños, fotografías, conversaciones pendientes, familias, amistades y planes para el día siguiente. Documentarlas es necesario precisamente para impedir que desaparezcan también de nuestra memoria, pero documentar nunca debe confundirse con normalizar. Cada registro debería representar una alarma; cada aumento debería provocar preguntas; cada muerte debería obligar a revisar qué ocurrió, qué pudo hacerse diferente y qué debe cambiar para impedir que vuelva a suceder.
Por eso también hay que preguntarle directamente al Estado hondureño qué está haciendo con toda la información que durante años ha recibido. ¿Dónde están las políticas públicas sostenidas de prevención y cómo se están evaluando? ¿Dónde están los recursos necesarios para implementarlas? ¿Qué ocurre en aquellos territorios donde las muertes se concentran o se repiten? ¿Qué instituciones están funcionando y cuáles están fallando? ¿Qué pasa con los casos que no avanzan? ¿Quién rinde cuentas cuando una investigación permanece paralizada durante años? Reconocer públicamente que Honduras enfrenta graves problemas de violencia no puede seguir presentándose como suficiente. Reconocer el problema es apenas el primer paso; enfrentarlo, prevenirlo y demostrar resultados es la obligación. Y tampoco podemos medir el éxito únicamente por capturas o sentencias posteriores, por importantes que sean, porque una política verdaderamente preventiva debería aspirar a algo mucho más grande: que esa mujer nunca llegue a convertirse en un expediente por femicidio y que esa persona LGBTI nunca llegue a convertirse en otro registro de muerte violenta.
También tenemos que dejar de permitir que cada primero de enero parezca borrar lo ocurrido el año anterior. Las estadísticas pueden comenzar nuevamente desde cero, pero las familias no comienzan de cero. El calendario reinicia el contador; no reinicia el dolor, no resuelve los expedientes pendientes y tampoco borra la impunidad acumulada. Las instituciones pueden cambiar autoridades, los gobiernos pueden terminar y las cifras pueden cerrar cada diciembre, pero las ausencias permanecen. Por eso, cuando lleguemos al final de 2026, la pregunta no debería limitarse a cuál fue la cifra definitiva de muertes violentas de mujeres y femicidios o cuántas personas LGBTI murieron violentamente. También tendremos que preguntarnos cuántas de esas muertes pudieron prevenirse, qué instituciones actuaron a tiempo, cuáles fallaron, qué investigaciones produjeron resultados y qué aprendió el Estado para evitar repetir exactamente la misma historia durante el próximo año.
Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Cattrachas, documentar estas muertes significa dejar evidencia de que ocurrieron, identificar patrones, construir memoria y exigir respuestas. Los observatorios de sociedad civil cumplen, además, una función fundamental en la producción de evidencia objetiva, verificable y sistematizada, construida a partir del seguimiento permanente de los casos y de distintas fuentes de información. Este nivel de sistematización permite identificar variables, tendencias, territorios, contextos y patrones de violencia que, en muchos casos, no son registrados, desagregados o analizados con el mismo nivel de detalle por las instituciones del Estado. No se trata únicamente de contar muertes, sino de transformar cada registro en información capaz de mostrar la dimensión de la violencia y evidenciar dónde están fallando las respuestas institucionales.
Hoy hablamos de 212 muertes violentas de mujeres y femicidios y también advertimos sobre 43 muertes violentas de personas LGBTI. Son dos realidades que deben ser analizadas desde sus propias características y sin convertir el dolor en una competencia de cifras, pero ambas colocan frente al Estado hondureño una obligación imposible de evadir: proteger la vida, prevenir la violencia, investigar seriamente y garantizar justicia. Cuando es la sociedad civil la que debe sostener durante años estos procesos de documentación para hacer visibles patrones que deberían formar parte de los propios sistemas estatales de información, también corresponde preguntarnos qué está registrando el Estado, cómo lo está registrando y qué decisiones está tomando a partir de esos datos. Por eso quizá ya no sea suficiente preguntarnos qué está pasando en Honduras. La pregunta debe dirigirse hacia quienes tienen la obligación constitucional e institucional de responder: ¿qué están haciendo para detenerlo?
Porque llegará un momento en que decir “no sabíamos” simplemente ya no será posible. Las cifras estaban ahí, las denuncias estaban ahí, las advertencias estaban ahí y, sobre todo, los nombres estaban ahí. Honduras no necesita acostumbrarse a publicar cifras cada vez más alarmantes ni perfeccionar la manera en que cuenta a quienes mueren violentamente. Necesita instituciones capaces de evitar que esas cifras sigan creciendo. Necesita prevención antes de la muerte, protección antes de que sea demasiado tarde, investigación después del crimen y justicia para quienes siguen esperando. Porque el verdadero desafío de Honduras no es aprender a contar mejor a sus víctimas; es dejar de producir las condiciones que permiten que sigan existiendo.
