Román Munguía Huato urbano
El proceso de urbanización capitalista de Guadalajara, especialmente de su expansión metropolitana, debe incorporar en su análisis histórico la cuestión de la apropiación privada de territorios periféricos con base a la violencia o triquiñuelas jurídicas. Terrenos comunales o ejidales han sido objeto de rapiña judicial o apropiación ilegal por grupos de poder y por desarrolladores inmobiliarios.
La política gubernamental bajo la cual se teje toda una red de intereses económicos particulares aviesos se puede definir como la corrupción urbanística. Por supuesto, en todo ello están involucrados políticos y autoridades gubernamentales que son cómplices o agentes directos de un saqueo de suelo rural o urbano para fines de enriquecimiento particular, como ha sido y es el proyecto inmobiliario habitacional Iconia, al norte de la ciudad, en el cruce de la calzada Independencia y Periférico, terreno donde estaba asentado el Planetario de Guadalajara Severo Díaz Galindo, inaugurado en 1982. Los vecinos de Huentitán sostienen firmemente que Iconia es un despojo al patrimonio público. En efecto, a todas luces se trata de un despojo artero contra la ciudadanía tapatía.
Desde una perspectiva más amplia y retrospectiva profunda, el proceso de urbanización metropolitano desde hace décadas es un verdadero caos en movimiento determinado por una férrea lógica económica, absolutamente irracional, de un desarrollo del capital en general –un capitalismo salvaje–, en particular del capital inmobiliario. La corrupción “urbanística” o “inmobiliaria” es necesaria dentro de esta lógica económica neoliberal. Precisamente uno de los principios políticos del neoliberalismo es la apropiación privada de la cosa pública.
Durante la administración (1977–1983) del gobernador de Jalisco Flavio Romero de Velasco, el Congreso del Estado aprobó en 1982 la “Ley que aprueba el plan de ordenamiento de la zona conurbada de Guadalajara y la declaratoria de reservas, usos y destinos de sus áreas y predios”, con el objetivo de proteger la zona de la Barranca de Huentitán. Como muchas iniciativas jurídicas de naturaleza urbana, esta Ley tenía intenciones muy loables para contribuir a una necesaria planificación metropolitana. Pero una cosa son los programas, planes y demás entelequias urbanísticas oficialistas y otra cosa muy distinta es la realidad de una subordinación de los intereses públicos a los privados donde la corrupción urbanística implica la complicidad entre los poderes fácticos y formales. En esta ciudad, como en casi todas las del mundo, el capital inmobiliario y su especulación subordina el desarrollo metropolitano a sus intereses.
En el año 1997 el presidente de México Ernesto Zedillo expropia la propiedad del núcleo ejidal “Huentitán el Bajo” bajo el argumento de que “serán destinados para su preservación, regeneración y conservación como parque ecológico, obras complementarias para la recreación de la población y las consecuentes medidas para evitar la destrucción de los elementos naturaleza de la zona”. Nuevamente, tal iniciativa es loable, pero todo quedaría en una buena intención neoliberal. La mayoría de esta leyes son letra muerta.
Todo comenzó con la entrega de un terreno de 13 hectáreas por parte del ayuntamiento al Grupo Mecano en 2007 para el fallido proyecto Puerta Guadalajara. En la mayor reserva natural con la que cuenta el municipio tapatío, el presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah (2006-2009), anunció el proyecto inmobiliario denominado Puerta Guadalajara, que sería desarrollado por la constructora española Grupo Mecano Levante. Dicho proyecto consiste en la edificación de la Torre Corporativa Puerta Guadalajara, un proyecto de rascacielos. De construirse, sería el rascacielos más alto de Guadalajara. Asimismo, ocuparía el tercer lugar en altura en México. La torre formaría parte del complejo arquitectónico cultural, recreativo y corporativo Puerta Guadalajara, planeado para terminarse entre 2014 y 2015.
Este es uno más de los megadesarrollos fallidos de la zona metropolitana. La entrega del terreno público para fines privados de lucro establecía la construcción de “obras sociales como contraprestación”. Tal compromiso contractual empresarial nunca se cumplió y se esfumaría en los hechos. El área cedida son 13.6 hectáreas, cuyo valor de entonces era de 65 millones 534 mil dólares. Pero en febrero de 2012, el Grupo Mecano negociaba la venta ilegal del terreno con la Operadora Hotelera Salamanca, la cual renombró al proyecto como Iconia. A su vez, tal Operadora ya vendió una fracción del terreno a Hoteles Rivera por 500 millones de pesos, con el aval de las autoridades tapatías. Hoy día los vecinos de Huentitán padecen tres semanas sin agua. Pero el proyecto inmobiliario de mil 800 departamentos ya tiene el aval del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
La corrupción urbanística en Guadalajara significa el cinismo de las autoridades municipales y estatal cuando de convierten en verdaderos agentes directos del capital inmobiliario de poderosas desarrolladoras habitacionales y de centros recreativos, hoteleros, comerciales, etcétera. Se metamorfosean en promotores inmobiliarios asociados a las grandes empresas constructoras. Desde hace más de una década, tanto los presidentes municipales de Guadalajara y municipios conurbados metropolitanos al igual que los gobernadores de la entidad han trabajado más como representantes políticos de los intereses inmobiliarios que de los intereses del bien común ciudadano. Han sido panistas, priistas, del Movimiento Ciudadano (MC), etcétera. Por supuesto, esto incluye a muchos regidores que también reciben su tajada monetaria o en especie dentro de este saqueo al aprobar decretos de los usos del suelo urbano que benefician a los empresarios edilicios.
La zona metropolitana convertida en un caos social territorial, desde hace varias décadas, padece de una grave carencia de espacios públicos recreativos, culturales, deportivos. El déficit de áreas verdes es muy alto y las autoridades no han sabido preservarlas ni aumentarlas. Algunos parques públicos han sido concesionados a los intereses privados. Precisamente, en el área nororiente, Huentitán el Alto, donde se ubica al final de la Calzada Independencia, el Parque Mirador Independencia ha sido objeto de despojo de una parte importante de su área por intereses empresariales supuestamente culturales pretendiendo construir el Barranca Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Guadalajara, un proyecto fallido abandonado en obra negra.
Con las políticas públicas urbano-metropolitanas neoliberales se desató un proceso de privatización del espacio público. El déficit de infraestructura, de servicios y equipamiento colectivo, se viene arrastrando desde hace cuatro décadas. El municipio de Guadalajara tiene un alto déficit de equipamiento colectivo educativo, cultural, deportivo, médico-asistencial, áreas verdes y recreativas. No ha habido una correspondiente construcción de obra pública de unidades recreativas, de esparcimiento, ni deportivas, con relación al crecimiento poblacional municipal, por el contrario, se han concesionado al interés privado algunos parques recreativos, como hemos mencionado.
En los últimos años nuestra metrópoli ha sido embestida por empresarios y promotores inmobiliarios que, con la complicidad de nuestras autoridades y “representantes populares”, venden sueños y promesas de un desarrollo económico y urbano instantáneo, quimeras arquitectónicas o de infraestructura tan efímeras y endebles como el sustento legal de muchos de estos grandes proyectos o los beneficios sociales que dicen acarrear.
Las autoridades no han podido ni querido dar respuesta a los graves problemas sociales y urbanos, por ello eluden su responsabilidad de planear y emprender programas verdaderos de mejoramiento urbano, vivienda digna, saneamiento ambiental, inserción laboral, educación y cultura, reducción de pobreza. Con alarmante rutina ceden su responsabilidad social a los promotores privados quienes en su lógica monetarista, de lucro, defienden una política de maquillaje y simulación del desarrollo a través de grandes y costosos proyectos financiados con recursos públicos.
No se trata, como pretende el expresidente municipal de Guadalajara Ismael del Toro (MC), de que la Operadora Hotelera Salamanca pague parte de los daños y afectaciones a casas habitación de los vecinos de Huentitán, sino de revertir todo el proceso absolutamente ilegal de la cesión del terreno a manos privadas. Se trata de que sea nuevamente patrimonio público urbano. “El Ayuntamiento de Guadalajara aceptó que la empresa Operadora Hotelera Salamanca incumplió desde hace dos años con la entrega total de la obra pública comprometida por 688 millones de pesos para la zona de Huentitán a cambio de desarrollar el proyecto inmobiliario Iconia. A la fecha no ha entregado todos los trabajos y no hay un nuevo plazo para que cumpla”.
Ni las autoridades gubernamentales ni los legisladores han pretendido jamás realizar una verdadera Reforma Urbana Democrática para beneficio de la mayoría de la población metropolitana, acorde al Derecho a la Ciudad. Si existe alguna posibilidad de revertir toda esta rapiña del bien público será por la lucha de resistencia vecinal democrática y la solidaridad ciudadana en defensa del patrimonio comunitario.
Avenida impulsará los proyectos de Iconia y Arena Guadalajara
