Morelia, Michoacán; 31 de julio de 2024.- Estas serán las consecuencias de la 4T y su reforma judicial, con ella dejan sus cargos 150 jueces, 19 magistrados, 18 magistrados de circuito y 19 juces de distrito adscritos a la entidad después de las elecciones del año próximo.
“El Poder Judicial de Michoacán no quedará exceptuado de la elección extraordinaria por voto popular, advirtió Reginaldo Sandoval, coordinador, parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, al periodista Javier Favela en una entrevista; quien en forma preliminar proyectó el relevo electoral de los 19 magistrados estatales y de los 120 jueces de primera instancia del estado para mediados del año 2026.
“La reforma judicial va. La elección popular va. Eso no está a discusión”, ha enfatizado Sandoval, diputado de la 4t, en los foros convocados por la Cámara Baja”.
A su vez, el exgobernador Leonel Godoy Rangel, también diputado federal reelecto, ha remarcado que el voto popular del pasado 2 de junio dijo claramente que debería haber una reforma integral al Poder Judicial en el país.
En tanto, Ernestina Godoy, futura consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sentenciado que la reforma es ineludible.
“A más tardar en 2027 será la elección de todos los juzgadores locales, una vez que sean reformadas las constituciones locales”.
A pregunta expresa, Sandoval Flores confirmó los designios de la 4T para la judicatura michoacana: Se irá toda la cúpula del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, una vez que el Congreso del Estado aterrice la reforma federal que habrá de aprobarse en septiembre.
A la próxima legislatura estatal se le dará un plazo máximo de 180 días naturales, es decir, seis meses, para hacer la armonización. Ello conllevará a que “para abril o para mayo” del año 2025 ya tendríamos reforma judicial local en la constitución de Michoacán.
El articulado transitorio daría plazo de hasta un año para celebrar la elección extraordinaria estatal, con el mandato de concluir el encargo de los actuales magistrados y jueces en la fecha en que tomen protesta los juzgadores surgidos de las urnas en el 2026.
El coordinador desestimó las voces opositoras a la reforma judicial federal (en los términos que propone el presidente López Obrador), descartando colapso institucional, demolición del sistema judicial actual o destrucción total del aparato jurisdiccional en México.
“Quieren asustarnos con el petate del muerto. Lo que pasa es que los actuales jueces tienen miedo al pueblo, a salir a pedir el voto”.
Sandoval Flores puntualizó que a nivel federal habría elección popular en el año 2025 para renovar a todos los juzgadores del Poder Judicial Federal, incluyendo a 18 magistrados de Circuito (XI) y a 19 jueces de Distrito adscritos en Michoacán.
La elección popular de juzgadores se celebraría del mismo modo en que se eligen diputados locales y presidentes municipales. Los preparativos estarían a cargo del Organismo Local Electoral.
Los electores votarían por las listas de candidatos que hayan armado los tres poderes locales: Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial.
Los actuales magistrados michoacanos dejarán el cargo “sin los privilegios equivocados que generaron”, es decir, sin el haber de retiro, como técnicamente se le llama a la jubilación vitalicia.
Al bajar los requisitos federales, los juzgadores estatales removidos tampoco podrán actuar como abogados, patronos o representantes legales en los primeros dos años del retiro laboral, anticipó.
El coordinador adelantó la extinción del Fondo Propio de Administración de Justicia estatal (con 296 millones de pesos, según la página web del STJE), en virtud del inminente mandato constitucional para concentrar todos los recursos remanentes, productos y aprovechamientos, en las Tesorerías Públicas.
“Lo que no han gastado y guardan sin rendir cuentas tiene que regresarse”.
Al parafrasear la iniciativa presidencial, que hace suya la mayoría calificada de la 4t en San Lázaro, Sandoval aclaró que no habría etapa de precampañas de jueces en ningún caso.
Quedaría prohibido el financiamiento (público y privado) a las campañas “para que no haya contiendas injustas e inequitativas”. De igual manera, quedarían prohibidos los actos de proselitismo de los partidos a favor o en contra de los candidatos a cargos judiciales.
El coordinador defendió la propuesta obradorista: No habría campañas territoriales en los distritos judiciales “para no abrir las puertas a los que pueden conseguir más dinero”.
Los candidatos tendrían acceso igualitario a los tiempos oficiales en radio y televisión, pudiendo ir a los foros de debate que organicen la autoridad electoral o los medios de comunicación, “para darle mucha exposición al perfil, para compartir el currículum, para mostrar la experiencia, la trayectoria pública y los resultados que han dado en la administración de justicia”.
A la iniciativa oficial, el PT hará aportación propia para proponer revocación de mandato.
Cabe referir que el Supremo Tribunal de Michoacán tiene 120 jueces de primera instancia: 10, en Morelia; 56, en el resto del estado; 10, en oralidad familiar; 4, en lo laboral; 31, en oralidad penal, y 9, en ejecución de sanciones penales.
La percepción brutal neta (ya descontando los impuestos) oscila entre los 55 mil 606 pesos y los 65 mil 588, dependiendo de la clasificación asignada a cada juez.
En tanto, los magistrados estatales ganan 84 mil pesos al mes, después de impuestos, según la página web del STJEM.
Los juzgadores michoacanos del fuero común cobran oficialmente aguinaldo equivalente a 57 días de sueldo, así como prima vacacional equivalente al 74 por ciento sobre 20 días de sueldo.
