Ciudad de México.- Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró al presidente Andrés Manuel López Obrador por el informe de gobierno que presentó el pasado 30 de marzo, en la víspera del inicio de campañas electorales, pero advirtió que deberá apegarse a las normas establecidas para la propaganda oficial.

Mediante un exhorto, a través de la Consejuría Jurídica, el órgano jurisdiccional  aprobó que López Obrador “se ajuste a las excepciones constitucionales de propaganda gubernamental como titular de dicho poder, tiene especial deber de cuidado en ejercicio de sus funciones”.

El recurso resuelto en favor del mandatario federal fue interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, al cual perteneció el mandatario federal.

En el proyecto, elaborado por el magistrado Luis Espíndola y aprobado en su mayor parte por sus colegas, se mencionó que en el desempeño del presidente, “es imperioso garantizar los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y neutralidad”.

De igual forma, se aprobó remitir el expediente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral a fin de que inicie las acciones para un procedimiento sancionador en contra de del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales del gobierno federal, así como de varias estaciones de radio y televisión concesionarias que difundieron dicho informe en las 5 entidades en las que, para la fecha del informe ya se habían iniciado las campañas electorales y, por tanto, no se podía difundir en ellas el informe mencionado.

En el proyecto se desecharon las objeciones del PRD respecto al mencionado informe al desechar que este tuviera como objeto la promoción personalizada de López Obrador ni tampoco la pretensión de favorecer a una determinada a una fuerza política.

Además, se planteó que el Movimiento de Regeneración Nacional tampoco tuvo responsabilidad de haberse beneficiado de pronunciamientos presidenciales.

La Sala Especializada también desechó un recurso del Acción Nacional en contra de López Obrador relacionado con la conferencia matutina celebrada el 25 de marzo en Campeche.

Aunque el proyecto de la magistrada Villafuerte consideró que el pronunciamiento presidencial de que la oposición pretende que “nuestro movimiento no obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados”, era propaganda gubernamental y se debería sancionar, la mayoría de los magistrados consideraron que no implicaba violación alguna a las restricciones legales a los funcionarios públicos.

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