Una buena solución para pensiones

Juan M. Negrete

Hemos dedicado nuestra atención, en varios momentos, en torno a nuestra pobreza extendida así como ante el negro panorama que enfrenta el futuro pensionario para nuestra gente mayor. Vimos que los responsables de estos desaguisados del área administrativa nacional están conectados con los ganones de siempre, a la vez que los perjuicios inciden sobre el segmento de los menos favorecidos. Podemos darle más cuerda a este asunto, porque es largo. Pero habrá que hacer un alto ya con los muchos elementos que le hemos venido señalando. Esperamos haber arrojado alguna luz sobre el tema. Para concluir, de manera arbitraria desde luego pues no sostuvimos un análisis exhaustivo del tema, suscribiremos algunas propuestas que giran en su torno.

El día primero de marzo, en la sección del correo ilustrado del periódico La Jornada, aparece una petición de audiencia presidencial al señor AMLO, para ventilar con él, de manera oficial y sensata, este asunto peliagudo de las pensiones. Fundamentando la petición, la solicitud expone lo que transcribimos enseguida:

“Los Consejeros Nacionales de Adultos AC (Cona) desean informarle a todos los jubilados, pensionados y trabajadores en activo que –como resultado de la mesa de análisis llevada a cabo el 22 de febrero en la facultad de Economía de la UNAM– ya contamos con los argumentos legales, morales, éticos y financieros para demostrar que las Afore son un fracaso, y por ende los fondos deben ser administrados por el Estado con una visión social; que las pensiones deben incrementarse con base al salario mínimo, y que los empresarios deben cotizar al IMSS de acuerdo con el salario real de sus trabajadores.

Cada uno de los tres puntos centrales señalados tiene sustancia. Tras montar el tinglado de los foros realizados y también tras haber revisado las posturas de los conocedores más conspicuos sobre el tema, toca al poder ejecutivo coger este leño ardiendo y no darle más largas. Son demasiados los problemas álgidos por enfrentar en el país, pero éste puede señalarse como uno de los más urgentes. Tal vez sea ésta la razón por habernos ocupado aquí tantas semanas sobre ello.

La propuesta de Cona de que el estado se haga cargo de retomar la administración de los fondos para el retiro tiene sentido pleno cuando conocemos los números concretos de estos montos. Según aparece en otra nota del mismo periódico (La Jornada, 2/III/20), los mexicanos hemos atesorado más de cuatro billones de pesos en las cuentas individuales, depositadas en las Afore. Son datos emitidos por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La ganancia generada por los montos en este año marcó una utilidad neta de 13 mil 750 millones de pesos. De tal ganancia, 7 mil 755 millones se quedaron en la cartera de los ingresos de cinco entidades bancarias. Estamos hablando de una cifra que ronda el 60%. No podrán quejarse entonces estos ‘generosos’ administradores, de no haber recibido una veta de oro, que nada ni nadie les discute. El problema es que tan jugosas ganancias, de continuar el esquema distributivo actual, no se reflejarán en la cartera de los jubilados. Y esto es una injusticia lacerante, que debe ser corregida de inmediato.

Señalamos en las entregas anteriores, con toda precisión, que la costumbre rutinaria de inscribir o registrar a los trabajadores en los institutos de seguridad social, con cuentas más reducidas que la del salario real con que son remunerados, estuvo generando una cota muy reducida para jubilarlos a la hora de sus retiros. Tal mala costumbre debe ser combatida en serio, pues el perjuicio generado es lesivo y no tienen por qué sufrirlo los operarios, tal como se ve que son afectados. Pero dicho problema se ha agudizado ya no como mera costumbre de evasión, de elusión de costos o de falsedad de declaraciones. Ahora se profundiza por el hecho de que las variables del rendimiento real de nuestra economía han descendido o se han degradado, como se quiera ver.

La actividad productiva de nuestra industria se ha hundido y los mismos efectos nocivos se han extendido ya al renglón de los servicios. Si a eso le agregamos que el renglón primario nomás no levanta y que la informalidad abarca un manto superior al 50 por ciento de nuestra clase productiva, los números son simplemente terroríficos. No podemos pues darle más largas al asunto, lo veamos por el ángulo que se quiera.

Las cifras que revelan tanto el IMSS como el Inegi muestran la precarización de nuestro mercado laboral. Por las fechas que corren se generan empleos tan sólo en el rango de los dos salarios mínimos. Las fuentes de trabajo que pagan más de tres salarios están desapareciendo o ya desaparecieron definitivamente. Y, para terminar de documentar nuestro optimismo, en la estadística de enero en ninguno de los estados se reportó aumento del número de afiliados con más de cinco salarios mínimos. Más claro no canta un gallo.

Con este panorama tan pesimista, haremos un alto temporal en nuestros análisis a la espera de ver cómo evolucionan estos problemas. De agudizarse para mal, lo retomaremos, con la intención de buscar, desde nuestra humilde trinchera, elementos posibles por aportar para su corrección. Tendremos en perspectiva el refilón que venga siempre en favor de los trabajadores. Ya veremos.