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Víctimas de desaparición forzada y detención ilegal rompen el silencio

Víctimas de desaparición forzada y detención ilegal rompen el silencio

Guadalajara, Jalisco.-En la tarde del viernes 10 de julio, varios de los jóvenes detenidos ilegalmente y desaparecidos por elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) publicaron un pronunciamiento dirigido al secretario general del estado de Jalisco, Enrique Ibarra Pedroza.

 Durante las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio en torno al asesinato de Giovanni López Ramírez a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos alrededor de medio centenar de jóvenes fueron detenidos ilegalmente y, en algunos casos, desaparecidos por personal de la FGE. Durante estas jornadas se recuperaron abundantes evidencias sobre el trato de la policía hacia estos jóvenes, incluyendo tortura y amenazas de muerte.

 Los jóvenes se comunicaron con distintos medios informativos durante las siguientes semanas, pero no se vieron más manifestaciones masivas ni pronunciamientos después del 10 de junio. En este nuevo comunicado, rompen el silencio y hacen distintas precisiones respecto a las versiones oficiales de los hechos, denuncian vejaciones y emiten una serie de demandas en respuesta al abuso de autoridad en su contra.

 “Nos duele lo que aconteció en Jalisco el 4, 5 y 6 de junio de 2020; nos indigna y desconcierta que en un país democrático se recurra a estrategias que creímos erradicadas para infundir temor a la población”, se lee.

El 5 de junio, elementos de la Fiscalía vestidos de civiles detuvieron a cualquier persona jóven que se acercara a la calle 14, donde se sitúa la sede de la FGE. Se había convocado una manifestación en este sitio para exigir la liberación de los detenidos ilegalmente el día anterior, pero los jóvenes que arribaron fueron “levantados” en presencia de medios informativos por estos policías sin identificación. Los testimonios de lo que pasó después abundan: los detenidos fueron incomunicados y trasladados a distintos puntos, incluyendo la carretera a Chapala y el cerro del 4. Durante su transporte, el personal de la FGE los amenazó de muerte, los insultó y, en varios casos, los torturó.

La versión oficial de los hechos, comunicada en un vídeo por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, es que la represión del 5 de junio fue un acto de desobediencia por parte de estos elementos, posiblemente por orden del crimen organizado y, según el funcionario, sin el conocimiento del fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez. La cantidad de desapariciones, el nivel de coordinación y los testimonios de los detenidos de aquél día han puesto en tela de juicio esta versión oficial.

Este medio también obtuvo el testimonio de policías que fueron instalados en Casa Jalisco el mismo día con indicaciones del fiscal general y del gobernador de “tomar palos y tubos” para desarticular a la manifestación también convocada en ese punto.

“Tampoco apoyamos que se utilicen ‘chivos expiatorios’, en la búsqueda de justicia. Nos preocupa la suerte del policía investigador Raúl Gómez Mireles y del comandante Salvador Perea Rodríguez, detenidos por presuntamente haber desobedecido órdenes y orquestado por su cuenta la represión y los abusos policiales sufridos el 5 de junio. Señalarlos solo a ellos como culpables de una violencia que es estructural y cotidiana, vulnera nuevamente los derechos humanos, ahora de estos policías y de sus familias. Los familiares ya han expresado en diversos medios que estos elementos estaban siguiendo órdenes superiores y que se les está haciendo pagar como los principales responsables. Solicitamos que se respete su derecho al debido proceso, como en su momento buscamos que se respetaran nuestras garantías como ciudadanas y ciudadanos”.

Tras esta problematización, los jóvenes emiten una demanda clara dirigida al gobierno del estado de Jalisco:

“Queremos pedir, a usted y a todas las autoridades de Jalisco, una revisión exhaustiva de las privaciones ilegales de la libertad que nos afectaron esta vez a nosotras y nosotros, pero que no constituyen un caso único, sino lamentablemente un actuar cotidiano de las corporaciones policiacas. Le solicitamos no solamente un pronunciamiento claro hacia la ciudadanía jalisciense en general y hacia todas las víctimas de los atropellos, sino también una investigación exhaustiva y transparente, para que podamos acceder a una reparación integral del daño sufrido, que más allá de la indemnización por los bienes materiales requisados y por el daño moral, debiera cubrir puntos como: la garantía de que hechos así no volverán a ocurrir en nuestro estado, ya sea en el marco de protestas o manifestaciones, o durante aprehensiones regulares; y, una disculpa pública por parte del Estado de Jalisco a todas y todos los afectados”. 

De manera más general, el texto llama a una reestructura legal y de los protocolos de actuación de la policía, la capacitación de esta en disciplinas distintas al uso de fuerza como en derechos humanos , la dignificación del empleo y condiciones de vida de las corporaciones de seguridad y los exámenes de confianza auditados por organismos autónomos.

“Nos gustaría dejar muy claro que no estamos en contra del gobierno actual, ni tampoco militamos en un partido determinado, como se ha presumido en diversos momentos. Somos más de cien rostros y cien nombres que nos pronunciamos inconformes con la corrupción, la impunidad y con el actuar reiterado de las corporaciones policiacas en general… No aceptamos ninguna de las acusaciones ni insinuaciones de que nos mueven oscuros intereses políticos. Nadie está detrás de nosotras y de nosotros, somos ciudadanas y ciudadanos comunes que expresamos nuestro anhelo de justicia”.

Otra de las versiones oficiales dadas por el gobernador fue que las marchas estaban infiltradas, organizadas y fomentadas por MORENA y, leyendo entre letras, por Yeidckol Polevnsky. Es por esto que los jóvenes dejan en claro que no militan en ningún partido y que sus demandas exceden las pugnas políticas de plazo más corto y visión más estrecha.

 El documento explica quiénes son las personas que lo escriben y por qué demandan la reparación, la garantía de no repetición, la investigación transparente y la justicia:

“Guadalajara es nuestra tierra, nuestras raíces. Por ello nos resulta inaceptable que sus policías nos vean como enemigas y enemigos, o que nos traten como fuimos tratadas y tratados… No creemos que se trate de elegir un bando, sino de exigir un alto a las injusticias y a la violencia, de cualquier parte que provenga”.

Después de los “levantones”, la FGE utilizó los celulares de estos jóvenes obtenidos ilegalmente y en la supuesta desobediencia para intentar contactar o encontrarlos a ellos, sus familiares y sus amigos por varias semanas. Esto también lo corroboran en el pronunciamiento, donde hacen una reflexión sobre el estado de la seguridad en Jalisco:

“Hemos ejercido nuestro derecho al voto, trabajamos, estudiamos, estamos comprometidas y comprometidos con nuestra realidad, acudíamos cada noche con normalidad a cenar con nuestras familias, así que ahora queremos preguntarle, ¿se puede dormir tranquilamente en una ciudad donde la Fiscalía requisa objetos personales, durante privaciones ilegales de la libertad, y luego usa nuestros datos, obtenidos también ilegalmente, para contactarnos y contactar a nuestras familias para amedrentarnos? ¿Quién va a garantizar nuestra seguridad? Si las instituciones encargadas de hacerlo son las primeras que la violentan”.

El comunicado completo se puede consultar aquí

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