Ancira en prisión; podría beneficiarse resarciendo el daño: Segob

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Ciudad de México.- Artemio Zúñiga, juez de control federal, dictó prisión preventiva justificada en contra de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, por lo que permanecerá en el Reclusorio Norte, donde esperará a resolver su situación jurídica, en audiencia la próxima semana.

A decir del juzgador, Ancira representa un riesgo de fuga, por lo que deberá permanecer preso, al menos hasta el próximo 9 de febrero, cuando se lleve a cabo su audiencia de vinculación a proceso, planeada hacia las 10:00 horas.

Tras reanudarse la audiencia inicial ─que se suspendió en primer lugar por que Alonso Ancira presentó malestar─, la Fiscalía General de la República acusó al empresario de lavado de dinero por la venta a sobre precio de la planta Agro Nitrogenados concretada en el sexenio pasado y que ha significado pérdidas millonarias para Petróleos Mexicanos.

La defensa de Ancira solicitó que se permita al empresario continuar en libertad debido al estado de salud que presenta, pues padece diabetes e hipertensión y para ello ofreció una garantía económica de 2 millones de dólares.

También ofrecieron la entrega de sus dos pasaportes, el mexicano y el estadounidense; su presentación periódica en el Centro de Justicia y someterse a la utilización de un brazalete electrónico, en caso de que se le permita permanecer en prisión domiciliaria.

No obstante, el juez federal determinó que Ancira permanezca en prisión.

 

Criterio de oportunidad

Pese a esto, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó este viernes que Ancira podría acogerse al criterio de oportunidad de la FGR; es decir, convertirse en testigo colaborador, y resarcir el daño por 200 millones de dólares.

“Si se acoge a un criterio de oportunidad y dice cuánto costó, lo que se pagó, por la planta es más chatarra, se le daría la oportunidad de acogerse”, manifestó Sánchez Cordero.

Ya el año pasado, durante una entrevista con Carlos Loret de Mola, el empresario dejó entreabierta la oportunidad de resarcir el daño causado a las finanzas de la paraestatal, con el fin de obtener su libertad.

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