Puntos y Contrapuntos
Criterios
Hasta donde alcanza la memoria, por lo menos los últimos 40 años, en mayor o menor grado, todos los gobernadores han manoseado al Poder Judicial de Jalisco, desde los tiempos del priista Flavio Romero de Velasco, quien estuvo al frente del Poder Ejecutivo entre el 1 de marzo de 1977 y el 28 de febrero de 1983, hasta la recién concluida administración tricolor de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien fue primer mandatario del estado desde el 1 de marzo del 2013 hasta el 5 de diciembre del 2018.
También lo han hecho los diputados de las últimas cuatro décadas, trece legislaturas diferentes, desde la Legislatura 49, que estuvo en funciones del 1 de febrero de 1980 al 31 de enero de 1983, hasta la actual Legislatura 62 cuyo periodo comprende del 1 de noviembre del 2018 al 31 de octubre del 2021.
Por supuesto, también han manoseado al Poder Judicial de Jalisco los partidos políticos, los grupúsculos de poder insertos en todos ellos, y los poderes fácticos, que siempre han procurado tener presencia en juzgados y en salas del Supremo Tribunal, para dirigir a terrenos amigables y perversamente cómplices los negocios legales que les interesan, para obtener ventajas o privilegios, o para perjudicar a quienes se les enfrentan en los espacios de la judicatura.
En un comunicado oficial del gobierno de Jalisco del pasado miércoles 1 de mayo del 2019, el actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez expresó, textualmente: “Plantee el tema ayer en la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores). El presidente destacó que Jalisco es un estado particularmente con problemas de corrupción en el Poder Judicial. Ahí surgió la propuesta de que yo encabezara la comisión para revisar estos temas de corrupción al interior de los estados. No vamos a reconstruir la paz en este país mientras siga imperando la corrupción, la ineptitud y la negligencia que hoy tiene secuestrado al Poder Judicial”
Agregó el mandatario jalisciense: “No se puede generalizar, no son todos los jueces, ni magistrados, pero sí hay muchos que no han entendido que requerimos su responsabilidad. Particularmente, lo que se puso sobre la mesa ayer es que a quienes piensan que la impunidad, bajo el amparo de la autonomía del Poder Judicial, va a seguir siendo la constante, se equivocó. No estamos jugando y vamos a poner en su lugar a quienes han torcido la ley”.
Anunció: “Ustedes conocen que este poder ha tenido dueños y manipulación permanente. Esa historia llegó a su fin, con la investigación que se va a hacer y con la reforma que se va a presentar la próxima semana para que nunca más el nombramiento de magistrados y jueces esté sujeto al manoseo de partidos y de grupos de interés. En esta reforma se presentan las bases para el mecanismo de selección de jueces con candados. La decisión permanecerá en el Poder Legislativo, pero tendrá candados para que no esté sujeta a la manipulación política. Los detalles se presentarán la próxima semana, se involucrará a universidades y al Sistema Estatal Anticorrupción”.
Alfaro Ramírez afirmó que esta decisión no es una declaratoria de guerra al Poder Judicial, sino a los jueces y magistrados corruptos. “Queremos que el Poder Judicial asuma su responsabilidad. No tengo interés en interferir en el Poder Judicial, lo que me interesa es que el Estado cuente con un Poder Judicial que aplique las leyes y nos ayude a combatir la violencia”.
FUERA MANOS
El gobernador de Jalisco tiene razón, debe terminar el manoseo impúdico del Poder Judicial de Jalisco, y como muestra de su buena fe debería ser el primero en sacar las manos de las decisiones que marcan los nombramientos de nuevos magistrados y promover que el examen de los perfiles y la definición de las ternas de aspirantes a magistraturas queden en manos de un comité de ciudadanos independientes, cuyo diseño podría delegar en el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción, que integran Freddy Mariñez Navarro (quien preside este cuerpo colegiado), Lucía Almaraz Cázarez, Annel A. Vázquez Anderson, Nancy García Vázquez y Jesús Ibarra Cárdenas.
En el proyecto de iniciativa de reformas a los artículos 59, 60, 61, 63 y 66 de la Constitución Política de Jalisco, y por lo menos dos adiciones, referidas al procedimiento de nombramiento de jueces y magistrados para el Poder Judicial de Jalisco, que trascendió a medios de comunicación el pasado lunes 6 de mayo del 2019, Alfaro Ramírez propone que unos y otros deberían someterse a exámenes de control de confianza.
Por otra parte, el artículo 60 de la constitución local, con la propuesta de reforma del mandatario, quedaría de la siguiente manera: “Para la elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Congreso del Estado emitirá convocatoria pública abierta a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos; una vez recibidas las solicitudes y los expedientes de los aspirantes, cada uno de los candidatos será sometido a una evaluación técnica de conocimientos jurídicos, que el Congreso del Estado deberá solicitar a una institución de educación superior, de investigación o evaluación, para la elaboración de los reactivos, así como la aplicación y evaluación de los exámenes”.
Agrega en su segundo párrafo: “Obtenidos los resultados de la evaluación de los candidatos, el Congreso del Estado remitirá al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción copia de los expedientes de quienes obtengan la calificación aprobatoria que se establezca en la convocatoria, para que practique las evaluaciones curriculares y de aptitudes, y elabore un informe con sus opiniones técnicas respecto de cada uno de los perfiles”.
Y en el tercer párrafo, el artículo propuesto vuelve al mismo punto de partida de siempre: “El titular del Ejecutivo (el gobernador), a partir del informe elaborado por el Comité de Participación Social, conformará una terna de candidatos por cada uno de los magistrados a elegir, que someterá a consideración del Congreso del Estado”.
Agrega el párrafo cuarto: “El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados integrantes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante, dentro de un término improrrogable de treinta días. En caso de que el Congreso no resolviere dentro de dicho término, o bien, ninguno de los propuestos alcance la mayoría requerida, conforme a los párrafos que anteceden, el Gobernador enviará una nueva terna con personas distintas, en los términos de los párrafos anteriores, respectivamente”.
El quinto párrafo redondea la propuesta contenida en el proyecto de reforma al artículo 60 de la Constitución de Jalisco: “Si no se lleva a cabo la elección dentro de los treinta días posteriores a la presentación de la segunda terna, o ninguno de los propuestos alcanza la mayoría requerida, ocupará el cargo (de magistrado) la persona que dentro de ambas ternas resulte de un proceso de insaculación ante el Pleno del Congreso”.
Al final, como sucede siempre, las decisiones importantes estarían en la voluntad del gobernador y de los diputados, según los términos del borrador de la iniciativa referida, que en la parte superior tiene el membrete que la identifica como un documento de trabajo de la Dirección de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales, de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco que encabeza Juan Enrique Ibarra Pedroza.
DUDAS-PREGUNTAS
Si realmente el gobernador pretende que el proceso de elección de magistrados no sea manoseado por poderes formales o fácticos que lo contaminen, ¿por qué no propone que sea un comité independiente, de personas notables y reconocidas socialmente, el que reciba los expedientes de los candidatos a magistrados, organice la aplicación del examen de conocimientos, y valore sus méritos académicos y sus aptitudes? ¿Por qué tendría que dejar en manos de los diputados la parte inicial del proceso y permitir que los legisladores tengan la oportunidad de manosear a los candidatos?
¿Por qué no considerar que sea ese comité independiente el que integre las ternas de candidatos a magistrados y las proponga al Congreso de Jalisco?
¿Qué objeto tiene que después de la evaluación del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, los expedientes regresen a manos del Gobernador para que sea él quien proponga la terna de candidatos a magistrados al Congreso de Jalisco?
¿Quién podría garantizar que no suceda lo que siempre a percudido estos procedimientos, que el gobernador y los diputados terminen negociando en lo oscurito la designación de únicamente los candidatos que les convengan o les sean afines?
Es indudable que la facultad constitucional de designar –con sus votos– a los magistrados debe seguir siendo exclusiva del Congreso de Jalisco, por ser el más genuino depositario de la voluntad popular, pero no sería saludable que pasara por sus manos la evaluación de los candidatos a magistrados, pues eso expondría, a los futuros integrantes de otro Poder, a presiones y valoraciones de un Poder Legislativo que no se distingue por su independencia, confiabilidad y sapiencia.
Es verdad, como advierte el gobernador Alfaro Ramírez, que ya es tiempo de que termine el manoseo del Poder Judicial, y sería de celebrarse que en el proceso de la definición de las ternas de finalistas a magistrados sacaran las manos tanto el Poder Ejecutivo (depositado en el mandatario estatal) como el Poder Legislativo (representado por los 38 diputados locales).
Una decisión de esta naturaleza sí sería histórica y encomiable, en beneficio del superior interés de la sociedad, que podría aspirar a un Poder Judicial de mayor calidad, independencia, dignidad, eficiencia y honradez.
OPOSICIÓN DE MÉRITOS
¿Cuál sería el esquema más adecuado para nombrar jueces y magistrados en el Poder Judicial de Jalisco?, se le pregunta al magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos, actual decano del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, quien tiene 32 años desempeñando esta tarea, en entrevista publicada por Mural el lunes 1 de julio del 2013.
Explica: “El sistema que se considera mejor es el de oposición de méritos. Hay gente que dentro del Poder Judicial tiene méritos y experiencia, pero también hay gente que viene de fuera del Poder Judicial que tienen los méritos. Ambos deberían irse a un concurso de oposición en razón de sus méritos y capacidades. La selección de jueces puede hacerse por los Magistrados del Tribunal o por el Consejo de la Judicatura, pero todo debe hacerse en razón de los méritos, los cuales tendrían que quedar muy claros desde la misma convocatoria”.
Agrega una objeción: “Que sea el propio Supremo Tribunal el que escoja a los Magistrados, tendría la crítica de ser endogámica, de elegir a sus pares con sus propias reglas. Las propuestas tienen que provenir de otras áreas por los contrapesos específicos de poder”.
Considera que “el Consejo de la Judicatura debe vigilar que los aspirantes a magistrados cumplan los requisitos; se presume que el Congreso debe revisar y tomar en cuenta los méritos, el problema es que el Congreso no cuenta con el auxilio apropiado para formular los dictámenes”.
Estima que “tienen que opinar quienes pueden valorar los méritos, revisar los expedientes, las hojas de servicio, los cursos que tomaron. Eso podría funcionar si la elección de nuevos Magistrados no se hiciera con base en convocatorias de tres o cuatro días. El proceso de selección (de magistrados) debería durar tres o cuatro meses, pero trabajando para revisar los perfiles. Sin embargo, lo quieren resolver en tres o cuatro días”.
Para la elección de magistrados recomienda concursos de oposición y un escrutinio calificado de los perfiles, que los diputados no estarían capacitados para hacer, pondera desde su amplia experiencia el decano del Supremo Tribunal de Justicia.
Fórmulas simples, sensatas, razonables, para que gobernador y diputados saquen las manos del delicado proceso de elegir a los máximos representantes del Poder Judicial de Jalisco.
Imagen en portada: Enrique Alfro (centro), junto a Ricardo Suro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (izquierda) y Salvador Caro (presidente de la mesa directiva del Congreso local).
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