La violencia contra las mujeres ha encontrado nuevos territorios para reproducirse. Ya no necesita solamente las calles, los hogares, las instituciones o los espacios laborales. También habita las pantallas, circula por las redes sociales, se multiplica mediante algoritmos y encuentra en la inteligencia artificial nuevas posibilidades para ejercer el control, la intimidación y el silenciamiento.
Pero no nos confundamos. No estamos frente a una violencia nueva en sus raíces. Estamos frente a viejas estructuras patriarcales que utilizan herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas.
En Buenos Aires, Argentina, nos reunimos organizaciones de derechos humanos de América Latina y el Caribe convocadas por el Consorcio AlSur para dialogar sobre vulnerabilidad y tecnología. A la par, el Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE), de la Universidad de Palermo, desarrolla un encuentro sobre los desafíos contemporáneos de internet, la democracia y las violencias digitales.
Estos espacios nos convocan a una reflexión impostergable: ¿qué significa hablar de libertad de expresión cuando las mujeres enfrentan amenazas, hostigamiento y campañas de desprestigio por ejercer su derecho a participar en la vida pública?
Las mujeres hemos conquistado espacios que durante siglos nos fueron negados. Hemos luchado por el derecho al voto, la representación política, la paridad, la libertad de expresión y el reconocimiento de nuestra ciudadanía plena. Sin embargo, cada avance encuentra nuevas resistencias.
Cuando una mujer participa en política, no solamente se cuestionan sus propuestas. Con frecuencia se juzga su apariencia, su edad, su sexualidad, su maternidad o su vida privada. Cuando una periodista denuncia abusos de poder, puede enfrentar amenazas sexualizadas. Cuando una defensora de derechos humanos denuncia injusticias, puede convertirse en blanco de campañas destinadas a destruir su credibilidad.
La violencia digital funciona así como un mecanismo de disciplinamiento social. Busca castigar a las mujeres que hablan, pero también advertir a las demás sobre los costos de ocupar el espacio público.
La inteligencia artificial agrega una dimensión especialmente preocupante. Hoy es posible fabricar imágenes íntimas falsas, suplantar identidades, manipular voces y difundir contenidos engañosos con una rapidez que dificulta su contención. La tecnología avanza aceleradamente, mientras los mecanismos institucionales de protección y reparación muchas veces resultan insuficientes.
Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo. Las plataformas digitales se presentan como espacios de libertad, participación y democratización de la información, pero sus sistemas de funcionamiento pueden amplificar contenidos violentos, discriminatorios y misóginos.
No se trata de rechazar la tecnología. Las feministas también hemos utilizado las redes para organizarnos, denunciar violencias, construir solidaridad y romper silencios históricos. Movimientos como #MeToo y las movilizaciones latinoamericanas contra la violencia machista demostraron la capacidad de los espacios digitales para impulsar transformaciones sociales.
El problema no es la existencia de la tecnología, sino las relaciones de poder que atraviesan su diseño, utilización y regulación.
Desde América Latina y el Caribe, hemos construido respuestas importantes. La llamada Ley Olimpia en México representa una conquista impulsada desde el activismo feminista para reconocer y enfrentar la violencia sexual digital.
En diciembre de 2025, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, MESECVI, adoptó la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género.
Este instrumento constituye una referencia fundamental porque reconoce que la violencia digital forma parte de un continuo de violencias contra las mujeres y plantea responsabilidades para los Estados y los intermediarios tecnológicos.
Sin embargo, ninguna legislación será suficiente si las mujeres continúan encontrando indiferencia institucional, obstáculos para denunciar, revictimización o ausencia de mecanismos eficaces de reparación.
Tampoco podemos permitir que el combate a la violencia digital sea utilizado para justificar la censura, la vigilancia arbitraria o la restricción de la libertad de expresión. El desafío consiste en construir garantías efectivas para todos los derechos, sin colocar la seguridad y la libertad como principios necesariamente contrapuestos.
Desde CLADEM insistimos en que la transformación digital también debe ser una transformación feminista. No basta con que las mujeres puedan acceder a internet, necesitamos participar en las decisiones sobre cómo se diseñan las tecnologías, cómo funcionan los algoritmos, qué responsabilidades asumen las empresas y cómo se garantizan nuestros derechos.
El patriarcado también tiene algoritmos, pero los feminismos tenemos memoria, organización y una larga historia de resistencia.
Nuestra tarea es conseguir que las tecnologías dejen de reproducir las desigualdades y se conviertan en herramientas para la libertad, la justicia y la dignidad humana.
Porque el futuro digital también debe ser nuestro. Y porque ninguna mujer debería tener que elegir entre ejercer su voz y vivir libre de violencia.
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Coordinadora Regional de CLADEM
Profesora Investigadora de la UdeG
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