Por Claudia García Hernández
Diputada Federal, Distrito 7 de Tonalá
El anuncio que realizó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este miércoles 21 de octubre, donde afirma que el Gobierno Federal aportará los recursos para la construcción del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara —y que sustituirá al viejo acueducto a cielo abierto que está funcionando desde la década de los cincuenta—, es una tabla de salvación para el gobernador Pablo Lemus por varias razones: la primera, porque evita que el Gobierno de Jalisco entregue el proyecto de construcción a una empresa privada; la segunda, porque evita que el gobierno del estado contraiga una nueva deuda por casi cincuenta mil millones de pesos, pagaderos en los próximos veinticinco años. Este esquema de «solución» de la crisis de agua estuvo presente en las dos grandes manifestaciones sociales que se realizaron el 11 y el 18 de octubre en Guadalajara. De forma evidente, hubo un fuerte rechazo social a esta propuesta del Gobierno de Jalisco.
La crisis de agua por la que atraviesan los principales municipios del AMG tiene su origen en la falta de inversión y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua que viene desde el Lago de Chapala y llega a la planta potabilizadora de Miravalle. Los habitantes que viven en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, y que están integrados en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), están padeciendo escasez de agua y pésima calidad para su uso doméstico. Este problema no es de ahora; tiene muchos años gestándose y es ahora cuando la inacción del pasado provocó una crisis en el presente.
El proyecto que envió el gobernador al Congreso de Jalisco para su aprobación, donde proponía que una empresa privada construyera, operara, rehabilitara y le diera mantenimiento a un acueducto adicional al ya existente, ha sido desechado ante el ofrecimiento de la presidenta Sheinbaum.
Sin embargo, la propuesta que he venido manejando en diversos medios de comunicación es que el viejo acueducto no debe ser abandonado; al contrario, debe ser rehabilitado y custodiado en su continua operación por parte de las dependencias estatales y federales involucradas en el proceso de traslado de agua. Esto con el fin de evitar la extracción de volúmenes indebidos, la entrega de aguas negras, la proliferación de maleza, los desazolves inadecuados y la pérdida de volúmenes de líquido, sin pasar por alto la rehabilitación de los muros de contención y tratar adecuadamente el agua en la presa de Las Pintas. Sin duda, es también un proceso sumamente útil para enfrentar la crisis actual de agua que viven miles de familias en el AMG. Afortunadamente, esta propuesta ha sido retomada por el gobierno de Pablo Lemus.
Independientemente de que se construya ese nuevo acueducto o se construya un canal que traslade agua desde El Zapotillo, ambas son grandes obras de infraestructura que, además de costosas, llevarían años para su conclusión. Por supuesto, resolverían la crisis hídrica a mediano y largo plazo, pero no a corto plazo; la población no puede esperar meses sin agua suficiente en calidad y cantidad. El viejo canal a cielo abierto tiene alrededor de 70 años de antigüedad y sigue en uso como complemento del acueducto entubado, que inició operaciones en los años 90. Sin embargo, el canal viejo ha acumulado grandes problemas y colapsos por factores diversos: agua superficial expuesta a la contaminación del medio ambiente, recepción ilegal de descargas de aguas residuales urbanas e industriales, escurrimientos agrícolas, falta de mantenimiento y robo clandestino de sus volúmenes. Justo estos factores provocaron la crisis y la contaminación del agua entregada a los domicilios de todos los ciudadanos. Hoy es muy costoso y difícil potabilizar esta agua en Miravalle; por estas razones, la población estuvo recibiendo agua sucia en los últimos meses. Por lo tanto, si estos factores provocaron la crisis hídrica, es tiempo de revertir lo que la ocasionó.
El acueducto a cielo abierto tiene una importancia estratégica, ya que aporta alrededor del 20% del caudal total que recibe Guadalajara desde Chapala. Tiene una función histórica porque fue la base del abastecimiento metropolitano durante la expansión urbana de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Su función es complementaria al acueducto entubado que aporta más volumen (44%); por tanto, el sistema antiguo sigue siendo estratégico para la seguridad hídrica.
La propuesta inicial del Ejecutivo del Estado consistía en dejar de utilizar ese viejo acueducto y construir uno nuevo, dado que el agua que provee contiene aguas negras y es de difícil tratamiento. Pero esa no era una buena idea, ya que, al dejar de usar ese canal, disminuiría el caudal de agua en 2.5 metros cúbicos por segundo, lo que obligaría a realizar tandeos con la consecuente escasez para la población. Por tanto, la mejor decisión es rehabilitar el viejo acueducto, porque sería mucho más económico, además de atender la crisis de calidad de agua de forma mucho más rápida. Insisto en que, si los factores que deprimieron la operatividad del canal se revierten, se atendería de forma técnica, financiera y saludable la crisis hídrica que el día de hoy lesiona a la ciudadanía.
La propuesta de construir un nuevo acueducto es una decisión que está en la cancha del Gobierno de Jalisco, ahora con el decidido apoyo del Gobierno Federal. Esa obra, repito, es de mediano plazo (al menos dos años). Mientras tanto, el viejo acueducto se puede rehabilitar, para lo cual deberán incluirse, al menos, las siguientes acciones:
Impulsar una fuerte coordinación interinstitucional con la SEMADET, PROEPA, CEA, y las policías municipales y estatal para evitar que el viejo acueducto se siga contaminando.
Impulsar una intensa campaña de limpieza, acciones que se pueden realizar en el corto plazo y que permitirían volver a tener agua de mejor calidad para la planta potabilizadora de Miravalle.
Evitar que los ejidos que se encuentran aledaños al viejo canal sigan extrayendo más agua de la que tienen autorizada.
Identificar de forma inmediata los puntos de descargas clandestinas de aguas negras hacia el sistema antiguo; para ello, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) deberá involucrarse en la implementación de un programa de custodia, inspección y vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Requerir la intervención inmediata de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Jalisco (CEA) en coordinación, por supuesto, con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para iniciar la rehabilitación de los muros de contención del canal en los puntos donde se requiera su intervención inmediata, así como un programa de mantenimiento permanente.
Ejecutar un programa de desazolve del canal con acciones preventivas de forma permanente para mejorar y aprovechar de mejor manera los volúmenes extraídos de la laguna, evitando con estas limpiezas la sedimentación y la contaminación por microorganismos provenientes de la maleza.
En la presa de Las Pintas, el SIAPA deberá implementar intervenciones de pretratamiento químico de forma permanente para mejorar la entrega de agua a la potabilizadora de Miravalle y bajar la contaminación a niveles mínimos, de modo que la planta potabilizadora reciba, responda y entregue el agua con mayor calidad.
A corto plazo y de forma inmediata, lo que se requiere es una coordinación oportuna entre las autoridades (SEMADET, CONAGUA, PROEPA, Dirección de Seguridad Pública, SIAPA y CEA) con acciones de limpieza y rehabilitación permanentes, ejerciendo sus atribuciones legales para devolverle al sistema antiguo su operatividad al 100% y solventar la crisis del abasto de agua sucia con la que se están abasteciendo muchas de las colonias de la ciudad. Por tanto, la propuesta es COMPLEMENTARIA al proyecto de construcción de un nuevo acueducto.
Rehabilitar el viejo acueducto Chapala-Miravalle requeriría una intervención integral que combine ingeniería hidráulica, saneamiento ambiental y gobernanza del agua. No basta con reparar el canal: hay que modernizarlo, sanearlo y blindarlo contra nuevas fuentes de contaminación. Con estas acciones de rehabilitación, ese canal tendría una vida útil para los próximos 30 años.
Esta propuesta significa, además, un acto de justicia social y ambiental, porque no es justo desechar ese viejo acueducto y dejarlo tal como está ahora, expuesto a que siga siendo la letrina donde empresas, fraccionamientos y hasta gobiernos municipales continúen derramando todo tipo de desechos. Por justicia social y ambiental, se puede y se debe restaurar
