Señalan “manejo irresponsable de información” tras manifestaciones

Guadalajara, Jalisco.- Diversas organizaciones y activistas rechazaron el “manejo irresponsable de información”, realizado por el diario El Financiero, mismo que a través del periodista Juan Carlos Huerta señaló a al menos 11 grupos que habrían estado detrás de las manifestaciones ocurridas entre jueves y sábado de la semana pasada, lo que “propicia la confusión, y puede alentar ataques en contra de organizaciones que han trabajado muy activamente a favor de la justicia y el respeto a la dignidad humana”.

Mediante un posicionamiento, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) señaló que dicha información, replicada de manera íntegra en otros medios de comunicación ─bajo los titulares Ubican 11 grupos políticos detrás de protestas en Jalisco o En Jalisco, al menos 11 grupos políticos, detrás de los disturbios─, no ofrece “la fuente de información”. Tampoco dispone pruebas.

“Sin especificar la fuente de su información, y sin ofrecer pruebas, el periodista Juan Carlos Huerta hace un listado de personas, grupos vecinales y organizaciones de la sociedad civil que, según su versión, llamaron no sólo las manifestaciones, sino a las expresiones violentas, “los disturbios”, en ellas”, apuntó.

Entre las organizaciones afectadas por los señalamientos, abundó el citado Centro, están las agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión, como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, vinculado al ITESO. El primero, fundado en 1963, apoya temas de educación y comunicación popular, mientras que el segundo documenta violaciones a los derechos humanos.

La información difundido en El Financiero también impugnó a la Red feminista YoVoy8deMarzo.

Esto, condenó, “propicia la confusión, y puede alentar ataques en contra de organizaciones que han trabajado muy activamente a favor de la justicia y el respeto a la dignidad humana” por lo que negó “absolutamente la acusación publicada en El Financiero y otros medios de que el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario AC, el ITESO y la Red feminista YoVoy8deMarzo estén relacionados con la instigación a la violencia”.

“Por el contrario, esas organizaciones han documentado y acompañado la denuncia por las detenciones arbitrarias de jóvenes, las desapariciones de personas y los maltratos que han recibido quienes estaban bajo custodia policial. En momentos de polarización, violencia y crisis como los que vivimos en Jalisco, consideramos que señalamientos como los de la nota citada, además de desinformar ponen en riesgo la labor de defensa de derechos humanos de estas organizaciones y sus integrantes. Máxime, cuando el titular del Poder Ejecutivo del Estado ha reconocido el actuar descontrolado de funcionarios policiales y la infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones”, abundó.

En este sentido, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO realizó un pliego petitorio, dirigido a las autoridades de Jalisco y a los medios de comunicación.

1. PriRechazamos cualquier acción que denueste la libertad de expresión y la labor de defensa de derechos humanos.
2. Reiteramos nuestro llamado a que los gobiernos estatal y municipales garanticen la libertad de manifestación pacífica, la libertad de expresión y los derechos humanos en general, y se abstengan de hacer declaraciones y hacer circular información que criminalice a las víctimas y ponga en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos.
3. Pedimos que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informe los tiempos y formas en las que cumplirá todas las recomendaciones realizadas por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
4. Solicitamos que los medios de comunicación sean responsables con sus publicaciones, y que estas se produzcan bajo los principios de la independencia, el rigor en la investigación, la veracidad, la imparcialidad y, en general, la ética.
5. Hacemos un llamado urgente al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que emita un pronunciamiento sobre la legitimidad de la labor de defensa de derechos humanos y la obligación de las autoridades estatales de garantizar ese derecho.
6. Solicitamos la urgente intervención de la Relatoría Especial sobre libertad de reunión pacífica y de asociación, y de las Relatorías sobre personas defensoras de derechos humanos y libertad de expresión, tanto de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que hagan una solicitud urgente de información al Estado mexicano y, en su caso, se pronuncien sobre la obligación reforzada de protección en contextos de crisis.
7. Llamamos a las autoridades a ser sumamente responsables en la información que difunden sobre la muerte de Giovanni López, quien estaba en custodia de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, así como sobre las protestas que ha desencadenado el hecho.
8. Hacemos hincapié en que se investiguen todos los hechos en torno a la detención de Giovanni López, que terminaron en su muerte, estando bajo la custodia de quienes deberían velar por su seguridad.
9. Nos sumamos a la exigencia de que las autoridades respectivas rindan cuentas sobre las razones por las que el caso de Giovanni López duró un mes sin avances perceptibles, motivo por el que se suscitaron las recientes protestas, y que, además, hagan públicas las medidas que tomarán para que no se vuelva a repetir un hecho como ese.
10. Pedimos que se realice una investigación independiente, por especialistas internacionales, que junto con las víctimas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales reconstruyan los hechos suscitados en los últimos días en Jalisco, e investiguen a fondo los delitos y las violaciones a derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada.

La noche del jueves, tras llevarse a cabo la primera manifestación por el asesinato de Giovanni López, un hombre de 30 años victimado a golpes por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez culpó a los “sótanos del poder” en la Ciudad de México ─personas presuntamente cercanos al presidente López Obrador─, de haber orquestado la inconformidad. Un día después matizó sus declaraciones, pero echó la bolita al crimen organizado.

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