Alberto Osorio

Miércoles 16 de agosto de 2023.- El caso de los cinco jóvenes desaparecidos y presuntamente asesinados, en Lagos de Moreno, nos obliga a la reflexión sobre la grave situación que enfrenta la sociedad y la indolencia de las autoridades.

Cuadrante por cuadrante, hay policías municipales y estatales casi siempre saben quiénes son los que mueven o controlan barrios y colonias en asuntos de tráfico de drogas, de robos o de actos de violencia.

Es casi imposible que los agentes no tengan detectados quiénes son los de “la plaza” y quiénes son sus colaboradores. Muchos entienden que con ellos no hay que meterse o en el peor de los casos, algunos de los agentes optan por forman parte de esa mafia.

Llegan al extremo de reconocer y no perturbar el trabajo de aquellos que en el lenguaje policíaco llaman “halcones” o “halconcillos”, ellos son el primer eslabón en el tejido social que protege a los maleantes y a los policías corruptos.

Algunos de los uniformados saben que el halconeo es un “trabajo” que se paga –por cierto, a muy bajo precio-  por espiar movimientos de la Policía, la fiscalía, el Ejército o la Guardia Nacional.

Entre los “halcones” lo mismo hay adolescentes, personas mayores o mujeres, vendedores de calle, tripulantes de moto o hasta señoras con carriolas o ancianas que venden chicle o dulces. Muchos de ellos trabajan por menos de dos mil pesos al mes.

Para nadie es un secreto que varios de los propios agentes policíacos son recompensados por hacer trabajos sucios a favor de los criminales y que sus servicios son pagados con decenas de miles de pesos.

El colmo de todo ello es cuando los propios agentes del orden “levantan” personas para entregarlas a los criminales.

El investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso estima que en Jalisco hay al menos 200 agentes de seguridad señalados por sus presuntos nexos con bandas de criminales.

Ante esa situación, urge que, en los tres órdenes de gobierno, se establezca como consigna central el llevar a cabo una verdadera limpieza de todos los cuerpos de seguridad y que se impongan –por sistema- la constante inspección sobre los elementos, ante el fracaso de los exámenes de confianza y la inoperancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial.

No puede ser posible que los principales aliados de la sociedad, lleguen al extremo de convertirse en los peores enemigos del ciudadano, algunas ocasiones obligados o muchas veces por iniciativa propia.

Es necesario emprender una cruzada para la dignificación del trabajo del policía y reconocer que estamos en medio de una verdadera guerra, en donde lo que está en riesgo es la pérdida de paz de la sociedad.

Aquí las preguntas obligadas:

¿Qué tanto saben los integrantes de los cuerpos de seguridad sobre la desaparición de personas en Jalisco y cuántos de los agentes estarían relacionados con ese crimen?

¿Qué pasó después de que, en el 2020, luego del caso Giovanni, Alfaro reconoció la infiltración del crimen organizado en la Fiscalía? ¿Hay avances en esa investigación o el crimen ya corrompió todo el gobierno?

¿Bastará con que Enrique Alfaro le eche la culpa al gobierno federal de López Obrador en el caso de los jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno o en algunos otros, como el de los jóvenes del call center de Zapopan o los de Colotlán –sólo por mencionar algunos-?